Este martes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en contra del gobierno federal para exigir que dejen de emitirse y renovarse permisos de trabajo bajo los beneficios del programa DACA.
El DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es un programa que tenía el objetivo de dar algún tipo de cobertura legal a miles de migrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Son conocidos con el nombre de Dreamers y vienen siendo atacados por la administración Trump que pidió finalizar el programa aunque varios jueces federales fallaron en contra del pedido del presidente. Contra estos fallos es que se presenta la actual demanda.
El fiscal Paxton, en representación de otros seis estados, aseguró que el DACA "es un programa inconstitucional, toda vez que adjudica al poder ejecutivo federal el poder de otorgar unilateralmente permisos de trabajo y de permanencia legal a migrantes indocumentados". Ya desde junio del año pasado, Paxton había amenazado con presentar esta demanda si Trump no conseguía acabar con el programa.
Los otros estados que adhirieron a esta demanda son Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental. Paxton, desde su elección en 2014, ha encabezado una agenda antiinmigrante en Texas, hoy amplificada y respaldada por la administración del xenófobo Trump.
Esta demanda llega apenas unos días después de que un juez federal ordenara la continuación del DACA y que se aceptaran nuevas solicitudes. Sin embargo, esta orden da 90 días a la admnistración de Trump para ofrecer "mejores argumentos" para acabar con el programa.
Mientras tanto, la exigencia de organizaciones de dreamers continúa siendo la de una solución permanente para los migrantes y sus familias. Es claro que las tres resoluciones de cortes federales a favor del DACA no bastan ni para proteger efectivamentre a los 700 mil beneficiarios del programa, ni mucho menos para garantizar plenos derechos a los más de 10 millones de migrantes indocumentados. | 
