Este miércoles se llevó a cabo la Cumbre Infonavit 2018. Encabezada por su director general, David Penchyna Grub, la Cumbre contó también con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles y Elkin Velásques, representante de la Organización de las Naciones Unidas. Figuras como el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León y Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), también estuvieron presentes.
Creado en 1972 por la administración de Luis Echeverría, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores (Infonavit) es una institución con participación del sector obrero, empresarial y el gobierno. El "representante obrero" es, actualmente, el charro Carlos Aceves, de la CTM.
En este acto, al que también acudieron asesores inmobiliarios, se hizo entrega del crédito número 10 millones y se realizó la presentación de la Bolsa Inmobiliaria (o movilidad hipotecaria), iniciativa que busca eliminar la práctica de traspasos ilegales de vivienda, actualizando el crédito de derechohabientes que se muden de casa o que busquen una mejor.
Gráfico: El Heraldo de México
El representante de la ONU alabó el trabajo en materia de vivienda llevado adelante en México. Con marco en la iniciativa Agenda 2030 emprendida por la ONU desde 2015 y en vigor desde enero de 2016, llamaron a mantener la continuidad de las políticas implementadas hasta el momento. Llamó a extender las iniciativas del Infonavit por el territorio nacional e instó a otros países de la región a seguir este modelo.
Penchyna Grub, director del Infonavit, destacó que planean entregar 20 millones de créditos más en los próximos 20 o 30 años. En 2018 espera recaudar 220 mil millones de pesos.
Enrique Peña Nieto, por su parte, dedicó su intervención a recordar los créditos otorgados por su administración en relación a sexenios anteriores, así como la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Reconoció la participación de la iniciativa privada en esta nueva etapa de desarrollo urbano que "busca combatir el hacinamiento" con viviendas "sustentables".
Lo que olvidaron mencionar en todo el acto, son las condiciones en las que esa carrera inmobiliaria emprendida por el gobierno en alianza con el Banco Mundial y grandes empresas financieras de Wall-Street, tiene viviendo a millones de familias por todo el país.
No olvidamos los escandalosos ejemplos evidenciados por Los Ángeles Times a finales de 2017, ni los testimonios de familias contando la manera en la que las empresas constructoras se habían desentendido de las graves deficiencias estructurales de sus complejos, mientras que el gobierno hacía lo propio, asegurando que el Estado no podía financiar las reparaciones. Cuando han protestado, el gobierno ha enviado a la Policía para reprimir. El hostigamiento y las amenazas contra líderes de propietarios organizados son también comunes.
Tan sólo en Tijuana y Ensenada, según reportó LATimes, cerca de 300 mil personas viven en 40 complejos inconclusos. En el Estado de México, entre 200 mil y 500 mil personas viven en la misma situación.
Sin servicios básicos como electricidad o drenaje, los desarrollos habitados por trabajadores fabriles, pequeños comerciantes, jubilados y servidores públicos que cuentan con los estándares básicos de calidad, se deterioran rápidamente o carecen aún de algún tipo de servicio prometido, como parques, escuelas o alumbrado. Son, además, viviendas más pequeñas que un garaje "normal" de dos carros, en las que el hacinamiento es cotidiano. Por su fuera poco, muchas han demostrado ser frágiles ante tormentas y sismos.
Casas muestra vs casas entregadas.
Las autoridades no sólo han sido omisas, sino que han jugado a favor de estas empresas que, como Homex, se enriquecieron a costa de los ahorros y la calidad de vida de millones de trabajadores.
Homex, mayor desarrollador de México, fue acusado por la Comisión de Valores de Estados Unidos de un fraude millonario. Las autoridades mexicanas no investigaron y únicamente se limitaron a aplicar una irrisoria multa a la empresa, que ya reinició operaciones en el país.
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Así, los pocos trabajadores que pueden acceder a un crédito, lo hacen con un desalentador panorama por delante. Mientras tanto, políticos y empresarios que jamás han tenido que habitar una "casa" de Homex se enriquecen y celebran cumbres como la de hoy, en lujosos hoteles para hablar de cifras que suenan a burla si se miran al mismo tiempo que las imágenes de los complejos habitacionales en zonas como Zumpango y Huehuetoca.
Para acceder efectivamente a nuestro derecho a una vivienda digna, es necesario nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores para evitar la fuga de divisas y la especulación con nuestros ahorros y prestaciones. Para poder así otorgar créditos a bajos costos a trabajadores y para hacer que el presupuesto dedicado a la vivienda sea destinado a obras públicas e infraestructura. Este presupuesto debe robustecerse con base en impuestos a las grandes fortunas de constructoras y empresas.
En resumen, se trata de un paquete de medidas opuestas a los intereses capitalistas de constructoras e inmobiliarias, movidas sólo por el afán de lucro. Ante la complicidad del régimen y los empresarios, sólo un gobierno obrero y popular, respaldado por la más amplia movilización, podrá garantizar el acceso a una vivienda digna a los millones de trabajadores del país. | 
