Revuelo ha causado el caso Ambar por la forma en que se sucede el crimen y el contenido del mismo. No hace poco, mismo impacto causó la pequeña Sophia en Puerto Montt en manos de otros de sus cuidadores. Ante esto, desde diversos sectores políticos han salido a declarar sus posturas, que si bien coinciden en lo esencial: la denuncia y castigo sobre el acusado; reviven debates latentes aún en la sociedad chilena, la pena de muerte y las diferentes miradas que se tienen al respecto (principalmente desde sectores de derecha como RN y la UDI, quienes más apoyan dicha idea).
Desde el oficialismo, Sebastián Piñera anunció el “proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, pero ¿qué es esto? Básicamente, que delitos como el secuestro con violación, homicidio y violación o la producción, almacenamiento y comercio de pornografía infantil, en menores de 16 años no prescriban nunca. Es decir, que los o las responsables de dichos delitos puedan ser enjuiciados y tener responsabilidad penal independiente del tiempo ocurrido entre el suceso o acto delictivo y el momento de denuncia. Tiempo que hoy en Chile promedia los 5 a 10 años.
Recordemos que durante el 2010, senadores como Jaime Quintana (PPD) propusieron proyectos de ley para estos casos, que estipulaban un aumento en plazo de prescripción de hasta en 30 años en delitos sexuales. Junto a esto, otra polémica, los defensores (reactivos al crimen en sí) que exigen legislar nuevamente mediante pena de muerte frente a los responsables que cometan delitos de esta índole. Así lo expresó la senadora Camila Flores (RN) quien hablaba de una necesidad en el “restablecimiento de la pena de muerte” pues está “aún contemplado en el código militar”.
Tiempo atrás, cuando supimos del asesinato de Sophia, menor de 1 año 11 meses, Teresa Mora, presidenta de la Corte de Apelaciones de dicha localidad, apelaba a esta posible restitución ya que si “había una disposición en el derecho interno que la avalara” podía reevaluarse la medida a pesar de los compromisos a derogar dicha pena en pactos internacionales, disposición que en efecto puede encontrarse hoy en día en el código de justicia militar.
¿Pero es el uso o no de la pena de muerte el dilema del asunto? Más allá de las particularidades del asesino de Ambar, el debate que queremos dejar expuesto en esta nota es ¿qué y desde dónde debe surgir el acto punitivo para delitos como estos? Y al delito individual ¿cuánto de responsabilidad social le compete? Y de ella ¿cómo cambiar este enfoque desde las responsabilidades exclusivamente individuales a las sociales, sin desconocer el grado de lo particular en el conflicto?
Lo “criminal” no se sucede aislado en el tiempo y espacio. No surge desde lo espontáneo. Lo criminal nace como síntesis, es y proponemos, el resultado de un desarrollo social histórico que produce y reproduce estos actos. Desarrollo social multicausal que no quiere restarle responsabilidades a los particulares en sus decisiones, pero que si quiere sumar la responsabilidad de la cual somos ciegos: la violencia, el asesinato, la violación y los delitos sexuales contra menores desplegados en la diversidad de relaciones sociales. Y no solo contra menores, sino contra mujeres y la diversidad sexual. Vienen estos casos a tipificar un grupo susceptible al daño, al crimen. Una susceptibilidad, no de años, sino de siglos desde su instauración, y dónde los estados actuales no han puesto atención.
La crítica a la pena de muerte puede ser vista, si se quiere, como la crítica a la sociedad, en su negativa a responsabilizarse en la producción de los crímenes como el de Ambar o de Sophía. Una producción de crímenes que se nutre de patrones culturales como la violencia patriarcal, el machismo y el abuso físico, psíquico y sexual como sustrato nuclear de dichos actos. Donde los modelos de producción (como el capitalismo) vienen a sostener y solidificar dichos patrones. Ya lo destaca la OMS, cuando relaciona mejores niveles en salud con mejores niveles en educación y expone que mayor y mejor educación de la población, disminuye la tasa de violencia contra las mujeres y con ellas mejora las condiciones de crianza y de desarrollo de los niños y las niñas.
Si analizamos Chile entonces, un país donde hoy sigue viéndose la educación y la salud como bienes mercantiles, privados de responsabilidad social y restringido a lo individual, se vuelve claro el cómo se ha ido restando la obligación y el compromiso del estado y sus instituciones en material de educación sexual (no sexista) y salud mental con la población. Cabe preguntarse ¿Podemos desde los modelos de producción actual –economía capitalista - y su relación cultural – patriarcal - cambiar esta otra producción, la de criminales en la sociedad actual? O desde otro planteamiento ¿Es la inserción en los marcos del modelo actual de relaciones sociales – como reflejo de relaciones de producción – una vía para modificar y eliminar la aparición de este y otros tipos de delitos?
Creemos – y esta es la propuesta de la nota – que no. Pues la ética impresa en el modelo económico actual, la del individuo y el derecho privado, excluye un desarrollo ético como sociedad. De ahí entonces que plantear un cambio para terminar con hechos como los de Ambar o de la violación y agresión a mujeres y la disidencia sexual, necesariamente debe inscribirse en un registro de teorías y prácticas que escapen al desarrollo capitalista individual, pensando hacia un progreso de lo social.
Concluimos la nota, una nota abierta cuyo fin es debatir sin desestimar los compromisos que debe y adeuda Chile con su población. No se trata tampoco de exculpar o no al sujeto entregado al crimen, mas sí integrar en el análisis, lo social como factor motor de las conductas parciales que observamos y evaluamos en la comunidad. En donde las acciones reactivas y viscerales (emocionales) a lo criminal no pude velar un debate racional y reflexivo de todo lo que involucra la muerte. Una que en última instancia implica la vida y dignidad desde lo humano para lo humano. |
