El puesto de guardia de la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen (Chubut) se había convertido en un ícono de la lucha mapuche contra los terratenientes y el poder político y judicial. Decenas de fotos, videos y anécdotas tuvieron como protagonista durante mucho tiempo a ese precario pero firme habitáculo de maderas, chapas, alambres, sogas y telas.
Cuando esa comunidad decidió recuperar, en marzo de 2015, parte de su territorio ancestral usurpado por la Compañía Tierras del Sud (propiedad desde hace más de veinte años del Grupo Benetton) la casilla, instalada a unos doscientos metros a la tranquera que da a la Ruta Nacional 40, se convirtió en un puesto de guardia.
Desde esa casilla los miembros de la comunidad, cuyas casas se instalaron tierra adentro en las márgenes del Río Chubut, observaron pasar durante más de tres años a los móviles de la Policía provincial, de la Gendarmería, de la Policía Federal y a las (famosas en la región) camionetas 4x4 blancas que entran y salen de la estancia Leleque transportando hombres armados al servicio de Ronald Mc Donald, el lugarteniente de los Benetton en la Patagonia.
Desde esa casilla los miembros de la comunidad resistieron, el 11 de enero de 2017, el duro embate de la Infantería y de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut al mando del oficial principal Julio Alberto Solorza. El ataque terminó con varios jóvenes mapuches heridos a balazos y otros tantos detenidos y era parte de una represalia del gobierno de Mario Das Neves por la resistencia del día anterior en el marco de un intento de desalojo de las vías de La Trochita (que atraviesan el territorio) por parte de Gendarmería.
Leé también Ivana Huenelaf: “En enero ya nos habían amenazado con hacernos desaparecer”
Fuegos
En esa casilla, como pudo comprobar La Izquierda Diario a fines de agosto de 2017, en los duros inviernos patagónicos el fuego, alimentado por la leña inagotable, sirvió de cocinero, de estufa y de excusa para largas charlas y encuentros.
Alrededor de esa fogata, momentos antes de correr hacia el río y desaparecer durante 78 días, se sentó Santiago Maldonado la madrugada del 1° de agosto del año pasado. Durante esas horas hablaría con varias personas de la comunidad mapuche, contándoles por qué estaba allí, solidarizándose con la lucha contra Benetton y con el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala, preso político detenido en el penal de Esquel por pedido del Estado chileno.
Horas después de esa fogata, otro fuego, encendido por la Gendarmería que ingresó ilegalmente al territorio, consumiría varias de las pertenencias de la comunidad reprimida.
Nueve meses después de aquella fogata, de aquella represión de gendarmes rabiosos y de aquella desaparición, el fuego se hizo presente otra vez en la casilla. Pero para destruirla. Y los pirómanos fueron, según denunciaron los propios miembros de la comunidad, una pandilla de policías de Chubut junto a sus socios de la Compañía Tierras del Sud.
¿Nuevo amedrentamiento contra pueblos ancestrales que habitan esa porción de tierra, “legalmente” entregada a Benetton hace un par de décadas? ¿O intento de borrar un elemento de prueba relevante para reconstruir hechos en los que el Estado está directamente imputado? Probablemente ambas cosas.
Pruebas
Es importante recordar que hasta el momento el juez Gustavo Lleral, encargado de la causa por desaparición forzada de Maldonado, nunca activó la reconstrucción de los hechos que derivaron en la ausencia prolongada del joven y en el posterior hallazgo de su cadáver. El puesto de guardia, ahora desaparecido, era una pieza importante en esa reconstrucción.
Enterada del incendio, la abogada de la comunidad Pu Lof de Cushamen Sonia Ivanoff denunció que esa quema “no solamente atenta contra la causa de Santiago Maldonado sino contra otros procesos judiciales abiertos”. Es que ese puesto fue uno de los escenarios donde se desarrolló la cacería policial de enero de 2017, hecho por el que el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial Julio Solorza está imputado penalmente bajo los cargos de “tentativa de homicidio agravado” y “abuso de autoridad”.
En esa causa, donde la comunidad es querellante, estaba programada para este viernes una planimetría precisamente en el territorio. Para Ivanoff la casilla era “una prueba importante para determinar cómo la Policía de Chubut había ingresado al territorio, tirando a matar a los miembros de la comunidad el 11 de enero de 2017”.
Pese al incendio del miércoles la planimetría se pudo realizar, con los peritos del Instituto Prueger que había propuesto la querella y por peritos de la misma Policía. “Por supuesto que la pericia la pudimos hacer igual y creo que se pudo hacer un buen trabajo de parte de los peritos de la querella de la comunidad”, confirmó Ivanoff a este diario.
Justicias
Y hay otra causa judicial que tiene al territorio de la Pu Lof como escenario central. Es la que inició la Compañía Tierras del Sud contra los mapuches por “usurpación y abigeato”. Se trata de una causa “de fondo”, por dos razones centrales. Por un lado, porque es en ese juicio donde el Poder Judicial de Chubut deberá dirimir si le reconoce la propiedad de las hectáreas a la comunidad mapuche que las recuperó o a quienes son los verdaderos usurpadores, los Benetton. Y por otro lado, porque la no resolución de esa causa es lo que originó toda la serie de episodios violentos con los que el Estado persigue y hostiga a ese pueblo originario desde hace al menos tres años.
Además de considerarlo como eliminación de una prueba importante, Ivanoff afirma que el incendio de la casilla es otro de los habituales hostigamientos que sufren sus patrocinados. “Es lamentable este hostigamiento permanente contra la comunidad por parte del accionar combinado de la Policía de Chubut y la gente de Benetton, que se unen una vez más para seguir persiguiendo al pueblo mapuche e impedir en este caso el desarrollo de la justicia”, expresó la abogada.
La audiencia preliminar del juicio iniciado por Benetton contra los mapuches de la Pu Lof será este lunes a la mañana en el Juzgado Provincial de Esquel (Avenida Alvear 509). La comunidad está convocando a quienes se solidarizan con su causa, tanto mapuches como no mapuches, a acompañarla en este nuevo capítulo de su lucha por la recuperación territorial, que reivindican “por ser parte de las familias de los pobladores originarios”. |