Según indicaron a través de un comunicado, el hecho ocurrió en la mañana del viernes cuando se presentaron en el territorio “un centenar de uniformados”. La orden llegó desde la fiscalía 2ª a cargo del juez Francisco Pisa, y la fiscal Adriana Giannoni. La comunidad alertó que “la orden es violatoria de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, con el solo objetivo de favorecer a un tercero que pretende usurpar territorio originario de nombre Ana Mascoff”.
Además, responsabilizaron a la justicia por la persecución y constante violencia contra los pueblos indígenas en complicidad con las fuerzas de seguridad. Todo esto con el aval de los órganos provinciales y nacionales que deberían garantizar la plena vigencia de sus derechos.
Desde la comunidad exigen al poder político una ley de propiedad comunitaria Indígena que termine con los desalojos y el saqueo de tierras: “No somos ocupas de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales y habitamos en él desde siempre, que los infames no pretendan usurpar nuestros territorios y quebrantar nuestra paz”. | 
