Luego de un mes de la aparición de las controvertidas fotos, tras la comprobación de que dos de las jóvenes que aparecen en las mismas son menores de edad y la aparición de nuevas fotos que muestran al ex-intendente en paños menores desmintiendo sus versiones sobre el “festejo”, el gobierno K de Urtubey cerró filas votando en ambas Cámaras la intervención del municipio y el concejo deliberante, arguyendo la incapacidad de los concejales de dar una pronta solución a la crisis institucional. Mientras la fiscalía de General Güemes, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, definió la imputación de Mazzone por el cargo de “corrupción de menores agravado por el abuso de autoridad”.
Ayer asumió la intervención del municipio Matías Assennato, dirigente del oficialista Frente Plural, en un acto donde Mazzone estuvo presente junto a las autoridades.
Legisladores del PRS que integran el FPV provincial, y de la UCR, si bien acompañaron el proyecto de intervención, cuestionaron que la medida se extienda al concejo deliberante ya que se frenaría la investigación de irregularidades respecto del manejo de fondos. Por su parte el bloque de legisladores del Partido Obrero no avaló el proyecto de intervención porque no servirá para llevar a Mazzone a la justicia sino encubrir al gobierno de Urtubey, repitiendo el antecedente de Salvador Mazza donde el intendente Carlos Villalba quedó impune. En lugar de canalizar el extendido cuestionamiento a una casta política corrupta que gobierna para los intereses de los empresarios de la soja, la minería y los ingenios que se expresa en un gran apoyo a la izquierda en Salta, convocando a una movilización popular para echar a Mazzone y terminar con los privilegios de la casta política imponiendo que todos los funcionarios ganen lo mismo que una maestra y tengan mandatos revocables por el voto popular, el bloque del PO presentó un proyecto de intervención por tres meses, a cargo de Ana Fernández, madre de la víctima de femicidio Cintia Fernández y referente de la Comisión de Familiares contra la impunidad.
El escándalo Mazzone estalló en medio de la competencia electoral de cara a las elecciones provinciales de abril y mayo próximos, donde abundan las operaciones políticas por parte del romerismo, buenos conocedores de la impunidad con que se manejan los barones de los municipios como Mazzone que fueron parte de sus propias filas. La estrategia del ahora massista Romero es limar el poder territorial de los patrones de hacienda de Urtubey, apoyándose en un extendido y justificado cuestionamiento a una casta política repleta de personajes nefastos como Mazzone.
Pero quien hoy se rasga las vestiduras denunciando los problemas estructurales en la salud, la educación, la vivienda y la violencia machista, haciendo demagogia con demandas sentidas de los trabajadores, las mujeres y la juventud, es el mismo que gobernó la provincia de 1995 al 2007 aplicando rigurosamente las recetas neoliberales contra los trabajadores y el pueblo salteños, y tiene innumerables causas por enriquecimiento ilícito y apropiación de tierras, mientras lleva como compañero de fórmula a Alfredo Olmedo, un terrateniente explotador de trabajo en negro, y tristemente célebre por sus declaraciones ultra clericales, misóginas y homofóbicas.
Por otra parte, la crisis que generó el escándalo de El Bordo estuvo cruzada por la interna K nacional, y sus repercusiones en el FPV local donde Miguel Isa, actual intendente de la capital, con el apoyo de Randazzo, pretende disputarle la gobernación a Urtubey. La tardía decisión del oficialismo de intervenir la intendencia y el concejo deliberante de El Bordo, luego de la crisis política e institucional desatada por la muerte del fiscal Nisman, y a días de la oficialización de las listas para las elecciones provinciales, intenta dar por cerrada la crisis y evitar que siga extendiéndose el cuestionamiento a los barones de los municipios. En El Bordo en particular, la intervención del Concejo Deliberante sirve para evitar que los concejales de la oposición romerista continúen con el juício político por malversación de fondos y sobreprecios en obras públicas que involucran, como el propio Mazzone declaró en medios locales, al ejecutivo provincial.
Mientras la polarización entre el kirchnerista Urtubey y el massista Romero ya está instalada, y las campañas políticas se montan en un sin fín de operaciones políticas, denuncias por corrupción y pedidos de juícios políticos, ninguno se propone impulsar medidas elementales para combatir a la casta política como la exigencia de que los legisladores y funcionarios cobren como una docente, como lo hacen los parlamentarios del Frente de Izquierda. Tampoco plantean la separación de la Iglesia del Estado, fundamental para ponerle fin a un régimen profundamente machista y patriarcal que condena a las mujeres a las más terribles formas de opresión. Menos aún pueden plantear salidas de fondo para la pobreza y desigualdad estructural, ni la precarización laboral que en la provincia tiene índices récord.
La histórica lucha de la docencia en 2014, que enfrentando la represión y persecución, autoorganizados en asambleas y con delegados revocables por escuela y distritos, rompió el techo salarial pactado por el gobierno y las direcciones burocráticas de los sindicatos, marcó un rumbo para todos los trabajadores, las mujeres y la juventud. Sólo una izquierda que se proponga canalizar el amplio descontento y la energía de lucha de estos sectores, peleando por recuperar los sindicatos hoy en manos de burócratas alineados con el FPV o el FR, para intervenir en el escenario político de manera independiente del Estado y sus instituciones, puede plantear una alternativa real de los trabajadores, las mujeres y la juventud que termine con la casta política de los Mazzone, Urtubey y Romero. |
