Este miércoles se dió a conocer el dictamen sobre el protocolo de objeción de consciencia institucional propuesto por el ministro Emilio Santelices, que ofensivamente modificó la ley de aborto en tres causales apenas a dos semanas de iniciado el gobierno de Piñera.

La Contraloría General de la República, órgano fiscalizador de la administración del Estado, reconoció la invalidez de las modificaciones a la ley, debido a que no se ajusta a derecho. Esto debido a dos causas principalmente: los establecimientos de salud públicos no pueden invocar la objeción de consciencia, por su deber como institución que garantiza el acceso libre e igualitario a las prestaciones de salud.

Pero además porque aquellos establecimientos de salud privados que reciban financiamiento públicos a través de convenios, como los de patologías GES, están adscritos a la Red Pública de Salud, como un prestador que sustituye a los servicios de salud. Imposibilitando de esta forma que se acojan a la objeción institucional de consciencia, por lo que el gobierno debe dejar sin efecto las modificaciones al protocolo.

Desde el oficialismo no han salido a responder la resolución, que fue solicitada por parlamentarios opositores (PS, PR, PC y PPD), luego de que el pasado 2 de mayo, se realizase la interpelación al ministro de salud por las indicaciones a la ley de aborto en 3 causales de la NM.

El proceso que se inició el pasado marzo de mano del ChileVamos, en donde quedó de manifiesto las voluntades de Piñera y Santelices de legislar para los empresarios de la salud, ha evidenciado su margen fuera de lo legal, demostrando la irregularidad que sostenía a las modificaciones.

Pero los lìmites del proyecto del gobierno de Bachelet, apoyado por el FA, que permite la objeción de consciencia a una prestación de salud que debiera estar garantizada para todas las usuarias, se ven en el número de objetores (sobretodo en casos de violación) y los casos que no han podido someterse al procedimiento, incluso con resultados fatales.

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Es necesario que el movimiento de mujeres, que ya posicionó los derechos reproductivos y el aborto como un debate a nivel nacional e internacional, se alce para exigir e imponer la agenda de género en contra de la violencia machista avalada por la moral conservadora de la derecha, que se vive desde las instituciones del Estado, hasta a diario en las calles.