El juez Lleral, que actualmente lleva la causa por la desaparición forzada y crimen de Santiago Maldonado, confirmó este viernes la plena impunidad con la que se manejó la investigación desde el comienzo.
Ocurre que entre 5 y el 22 de septiembre, el juez federal Guido Otranto -magistrado que anteriormente llevaba la causa- ordenó intervenir los teléfonos de Sergio Maldonado y otros testigos. En cambio, jamás se pidió la intervención de los teléfonos de los gendarmes e imputados.
La orden se emitió a pedido de la fiscal Silvina Ávila, cuyo rol en la investigación fue denunciado en numerosas oportunidades por la familia Maldonado, y fue ejecutada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) del Poder Judicial de la Nación, anteriormente conocida como Ojota.
Ahora Lleral ordenó destruir los audios recolectados, por considerarlos “absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales", ya que “ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa". Es decir, las escuchas nunca tuvieron el objetivo de investigar el paradero de Santiago.
Más aún: el juez plantea el agravante de que las escuchas se realizaron sobre víctimas y testigos de la querella, de modo que se revela una intención explícita de investigar a los denunciantes antes que a los sospechosos. Se deduce, por tanto, que la motivación central de Otranto y Ávila era garantizar la impunidad de la Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, en especial de su oscuro personero, Pablo Noceti, comandante del operativo que terminó en la desaparición del joven aquel 1° de agosto de 2017.
Además de las escuchas realizadas a Sergio Maldonado, Otranto también ordenó pinchar los teléfonos de Ariel Garzi (amigo del joven), de la referente mapuche Claudina Pilquiman y de Marcela Anarda Stocovaz, una de las personas que estaba en contacto con la comunidad del Pu Lof de Cushamen. Ahora, este material será destruido. | 
