Las sospechas eran más que fundadas. Tan es así que Myriam Bregman (abogada y diputada del Frente de Izquierda), acompañada por el hermano de Santiago, hace siete meses denunció penalmente al Estado por realizar espionaje ilegal sobre la familia Maldonado y organismos de derechos humanos.
Este viernes no solo esas sospechas se confirmaron sino que el propio juez federal de Esquel Guido Otranto y la fiscal del caso, Silvina Ávila, quedaron expuestos como máximos impulsores de ese espionaje. Quien los dejó en evidencia no fue otro que el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, sucesor de Otranto al frente de las causas de “habeas corpus” y de “Desaparición Forzada” luego de que este fuera apartado.
Violatorio de derechos humanos
En un fallo sorpresivo (firmado el jueves y publicado ayer) Lleral ordenó destruir, declarándolas nulas como pruebas, un conjunto de escuchas que habían sido ordenadas por Otranto sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Stocovaz. El primero, huelga decirlo, es uno de los querellantes. Las tres personas restantes son testigos.
En su fallo, Lleral afirma que la serie de escuchas ordenada por Otranto, “mediante las resoluciones de fecha 05 y 22 de septiembre del año 2017, y con la anuencia la Sra. Fiscal Federal Subrogante de Esquel”, está “reñida con derechos humanos superiores” reconocidos por la Constitución Nacional.
El argumento de Lleral se basa en que en un proceso de habeas corpus, donde de lo que se trata es de encontrar a una persona, el Poder Judicial no puede proceder violando “los derechos fundamentales de testigos y, sobre todo, del hermano de la víctima”. Es más, el juez considera que su colega procedió a escuchar esas comunicaciones afectando “indiscutiblemente el derecho a la intimidad”, casi como si las personas espiadas fueran las responsables de la desaparición de Santiago. Pero “ninguna de las personas cuyas comunicaciones se ordenaron intervenir, reviste el carácter de imputado ni se encontrarían sospechadas de haber cometido un ilícito”, concluye Lleral.
Con esas fundamentaciones el juez que actualmente tiene a su cargo la investigación del crimen de Santiago Maldonado decretó “la nulidad absoluta” de las órdenes dictadas en septiembre por Otranto para realizar las escuchas, por ser “inconstitucionales e inconvencionales”. A su vez dictó “la nulidad absoluta de todo el material (grabaciones y transcripciones) obtenido a partir de las resoluciones”. Y, “como lógica derivación”, dispuso “la destrucción de todos los registros y archivos documentales y/o magnetofónicos, escritos y/o auditivos, sus originales y copias, como así también todo registro existente en la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial”, que es la oficina encargada de realizar las escuchas.
“¿Quiénes tienen esas grabaciones?”
“Siempre supimos que teníamos los teléfonos pinchados”, dijo Sergio Maldonado a La Izquierda Diario apenas se enteró de la resolución del juez Lleral. Y recordó que desde el primer día en que denunciaron la desaparición de Santiago fueron perseguidos tanto por la Gendarmería como telefónicamente. “No nos olvidemos que (el jefe de la Gendarmería de El Bolsón Fabián) Méndez le mandó desde su celular un mensaje a (el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo) Noceti con una captura de pantalla del teléfono de mi compañera Andrea. Lo que vemos ahora es la reafirmación de eso que siempre supimos”, afirmó.
En el mismo sentido se expresó ante este diario el abogado Matías Aufieri, quien patrocina a Myriam Bregman en la denuncia por espionaje ilegal que se tramita en el juzgado de Daniel Rafecas de Comodoro Py. Para Aufieri, “con esto se comprueba que teníamos sobradas razones para pelear (como hicimos y logramos) por que la denuncia por espionaje no la investigara el juez Otranto. Él mismo fue quien ordenó espiar y escuchar a la familia de Santiago y a testigos de la causa”. Bregman hizo lo propio a través de su cuenta de Twitter.
La resolución del juez Lleral tiene varios elementos que indican la gravedad del asunto. Para Sergio Maldonado “es terrible que en ese momento Otranto focalizara en nosotros, persiguiéndonos y escuchándonos, en vez de investigar a quienes debía hacerlo. Y al mismo tiempo que hacía eso no nos recibía en el Juzgado, ni siquiera para preguntarnos quién era Santiago, cómo estaba mi familia y qué tenía yo para decirle. Mucho menos para informarnos cómo iba la investigación. Lo único que le importaba era saber de nuestra intimidad y con quién hablábamos, en ese que era nuestro peor momento”.
Y agrega algo clave: “Queremos saber quiénes accedieron a todo ese material, quiénes tienen esas grabaciones. Hoy el juez las manda a destruir, pero ¿en manos de quiénes cayeron esas grabaciones durante todo este tiempo?”.
Orejas múltiples
La pregunta de Sergio Maldonado es más que pertinente. Y hay algunas pistas que pueden ayudar a responderla. Por que si bien Lleral ahora considera esas escuchas “inconstitucionales” y violatorias de “derechos humanos superiores”, las tuvo en su poder por casi ocho meses, sin informar siquiera a quienes fueron las víctimas de ese espionaje. Esto, sin dudas, agrega una gravedad extra a la situación.
El 30 de septiembre de 2017, dos días después de reemplazar a Otranto al frente de las causas de “habeas corpus” y de “Desaparición Forzada”, el juez Lleral ordenó suspender las escuchas que su antecesor había ordenado sobre los teléfonos de Maldonado, Garzi, Pilquiman y Stocovaz. Pero se quedó con todo el material sonoro y escrito que ya se había obtenido hasta entonces. En el fallo conocido ayer, el propio Lleral admite que las tuvo siempre en su poder pero que, por considerarlas impropias para la causa, decidió excluirlas “como elementos de juicio en el presente expediente”.
Hoy Sergio se pregunta en manos de quiénes cayeron esas grabaciones durante todo este tiempo. La lista puede ser larga. Sin dudas Otranto y la fiscal Ávila, quienes motorizaron el espionaje, están anotados. También la Corte Suprema de Justicia, bajo cuya órbita funciona la oficina que realiza las escuchas. Ni hablar el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, jefa política de la Gendarmería y bajo cuyas órdenes actuó hasta hace muy poco Gonzalo Cané, una de sus espadas en el caso Maldonado hoy regresado a su puesto de asesor de la propia Corte.
Y, como no podía ser de otra manera, la lista bien podría completarla el coro de empresas periodísticas y profesionales de la operación de prensa que vienen colaborando de forma inestimable con el gobierno de Mauricio Macri en el caso (y en todos los terrenos).
Precisamente el último domingo, cinco días antes de la resolución de Lleral, el diario La Nación publicó un artículo, con claro tufo a campaña sucia, en el que se transcribe una de las escuchas que ahora el juez de Rawson da por anuladas y destruidas. Allí, bajo el sugestivo título “Escuchas ponen en duda el testimonio de un testigo” se relata que el juez Guido Otranto tiene a su cargo una causa en la que investiga una supuesta “asociación ilícita” conformada para producir un “fraude procesal”. Según el artículo, los investigados son nada menos que los abogados que llevaron el caso Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diálogo con este diario Fernando Cabaleiro, uno de los abogados aludidos, negó que sobre ellos exista procesamiento alguno. “Ni siquiera fuimos llamados a indagatoria. Pero acá lo grave, y manifiestamente ilegal, sería que la fiscal Ávila tomara escuchas de legajos armados en el marco de una causa, como la de habeas corpus de Maldonado, para volcarlas en otra causa, como esa en la que se nos quiere imputar”, reflexionó.
Jueces y partes
Es difícil determinar, al menos para este cronista, si hay una relación directa entre esa nota dominical de La Nación donde se transcribieron algunas de las escuchas y la resolución del juez Lleral que ordena destruirlas por completo. Habrá que ver ahora si el diario mitrista está dispuesto a mostrar cuánto más de ese material obtenido inconstitucionalmente tiene guardado en su redacción.
Lo que tal vez resulte más fácil de relacionar es la decisión de “anular” y “destruir” las escuchas por parte de Lleral con otra resolución que firmó hace diez días pero que se conoció también por estas horas. Se trata de un oficio enviado a su par de Buenos Aires Daniel Rafecas en el que se compromete a enviarle aquellas partes de los expedientes del caso Maldonado que tiene en su poder y que “pudieran tener vinculación” con el espionaje ilegal que investiga el magistrado en Comodoro Py.
¿Será pura casualidad que antes de mandar cualquier tipo de prueba que alimente la denuncia de espionaje ilegal de Myriam Bregman contra el Gobierno Nacional el juez Lleral haya dispuesto (tras tenerlas en su poder casi ocho meses) la destrucción de esas escuchas ordenadas por Otranto y Ávila?
La paradoja más obvia de este asunto es que mientras durante ocho meses hasta una periodista de La Nación tuvo acceso a las conversaciones íntimas de querellantes y testigos, esas mismas víctimas del espionaje no podrán siquiera tener acceso al material que las tuvo como protagonistas. Así, en un mismo acto, el juez Lleral toma distancia de los procederes incorrectos de su colega y a la vez les dificulta a las víctimas acceder a pruebas claves que les podrían permitir activar penalmente contra los ejecutores de tales incorrecciones. Una vez más, Lleral lo hizo.
Colaboración Adriana Meyer | 
