Fotografía Reuters: vista general de la refinería Isla en Willemstad, en la isla de Curazao
Desde el fin de semana pasado ConocoPhillips se apropió como embargo inventarios y activos de PDVSA en las islas de Bonaire y San Eustaquio en el Caribe, e inició acciones legales similares en Curazao, para “hacer cumplir” un laudo arbitral que conminó a la petrolera a cancelar unos 2.000 millones de dólares por una nacionalización de activos en 2007. Mientras cerrábamos este artículo se hizo público que una corte de Curazao autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de PDVSA. Las islas de Bonaire y San Eustaquio junto con Curazao forman parte de los Países Bajos y miembro de los países y "territorios de ultramar” (enclaves) de la Unión Europea.
La transnacional aprovecha el escenario favorable para esta acción agresiva contra Venezuela que crea la campaña de injerencia imperialista a través de las presiones, sanciones y amenazas de Estados Unidos, las potencias europeas y los gobiernos de la derecha latinoamericana. Ve también que gruesos sectores de la burguesía venezolana están a favor de entregarse por completo a las exigencias económicas y políticas del imperialismo, y arrodillar al país ante el capital financiero internacional como salida a la crisis.
La medida ha forzado a PDVSA a desviar embarcaciones cargadas de crudo, que venía siendo almacenado en esas islas, a su principal terminal en territorio venezolano, suspendiendo el almacenamiento y los envíos de petróleo desde sus instalaciones en el Caribe haciendo volver a tanqueros a aguas venezolanas para evitar embargos que reducirían aún más sus exportaciones y empeorarían una economía al borde del colapso. El año pasado PDVSA exportó más de 400.000 barriles por día de crudo y productos refinados de las cinco instalaciones propias y arrendadas en Aruba, Donaire, Curazao y San Eustaquio, según datos internos de la compañía de acuerdo a la agencia Reuters.
La unidad de refinación estadounidense de PDVSA, Citgo Petroleum, también utiliza la terminal de Aruba para descargar, almacenar y mezclar crudos venezolanos y extranjeros para sus refinerías a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. Las maniobras legales de Conoco buscan retener "temporalmente" los activos, desde inventarios de petróleo hasta cargas e instalaciones, y podrían otorgarle a la empresa estadounidense la capacidad de venderlos. ConocoPhillips ha insistido que continuará ejerciendo "acciones legales" contra PDVSA hasta que reciba el pago.
La respuesta del gobierno de Maduro, vía un comunicado de la propia PDVSA, ha sido que “respeta los procesos jurídicos acordados” por ambas partes, "asumiendo el compromiso de honrar las decisiones emanadas del laudo", y que busca resolver la controversia por "la vía legal y pacífica", un texto que poco después fue eliminado de la cuenta oficial, que se debería a divergencias a cómo responder frente a la acción adoptada por ConocoPhillips.
Los problemas de pago que afronta el gobierno de Maduro, no porque haya decidido no pagar, al contrario, Venezuela ha sido un gran pagador religioso de la deuda externa y de todos sus “compromisos” internacionales, sino por la situación de colapso de la economía, que incluso la llevado a no estar pagando intereses de bonos tanto de la República como de la propia PDVSA, ha llevado al país ha entrar en una especie de “default sigiloso”, es decir, no declarado. Esta situación abre directamente una avalancha de " acciones legales" tanto por empresas internacionales como por tenedores de bonos, recurriendo a mecanismos al estilo del llevado por ConocoPhillips, apropiándose o reteniendo activos de Venezuela y de PDVSA en base a fallos judiciales de otros países.
Así, por ejemplo, PDVSA, actualmente es demandada por la empresa minera Rusoro Mining ante tribunales en Estados Unidos y Canadá con el fin conseguir el embargo de activos para que el país le cancele $1.340 millones correspondientes a la indemnización por la expropiación de sus actividades. Estos juicios en Houston y Calgary reconocen y permiten la ejecución de un laudo arbitral internacional emitido bajo los auspicios del Banco Mundial a favor de Rusoro contra Venezuela por su "expropiación ilegal" en el lenguaje "legal" imperialista. En la demanda también son nombrados PDV Holding, Inc., Citgo Holding, Inc., Citgo Petroleum Corporation, y varios directores de las compañías pertenecientes a PDVSA con sede en Estados Unidos. Se trata del segundo golpe significativo para PDVSA en dos semanas, luego de que la Cámara de Comercio Internacional otorgó a ConocoPhillips , la mayor petrolera de los EE. UU., una compensación de más de $ 2 mil millones.
El falso discurso soberanista
Una gran responsabilidad por la situación de debilidad del país ante esta presión del capital imperialista es de la política económica y financiera practicada por el chavismo.
Todas estas grandes empresas y los tenedores de bonos están al acecho para hacerse de los activos de Venezuela, centralmente de PDVSA, luego de haberse hecho la fiesta en el país en el saqueo de nuestras riquezas, tanto en el área del petróleo como de minería, así como de los grandes negociados con la compra de bonos de Venezuela, y que incluso, el gobierno de Maduro ha venido pagando religiosamente.
Los buitres del capital transnacional huelen sangre en la debilidad del régimen de Maduro, y quieren aprovechar para imponer una mayor capitulación con sus leoninas exigencias. Desde ya que hay que rechazar todo este tipo de acciones por parte de las transnacionales y tenedores de bonos que buscan apropiarse de los grandes activos del país.
Pero todo esto pone más al desnudo todo el discurso de “soberanía” que ha venido sosteniendo el chavismo, pues tanto el proceso de la constitución de las empresas mixtas tanto en la explotación petrolera y más aún en el campo del gas donde siempre fue más abierto, así como el gran endeudamiento del país, nació con Chávez y avanzó con Maduro. El chavismo apostó a incorporar las transnacionales como socias del "desarrollo nacional" camino al "socialismo del siglo XXI". Maduro, sofocado por la catástrofe económica, avanzó más aceleradamente en su apertura amparado en los decretos de excepción y emergencia económica, como vemos en el sector petrolero y la minería.
Terminaron hipotecando, y lo continúan haciendo al país, ante el descalabro económico que se vive, y cuyos padecimientos lo sufre el pueblo trabajador. El discurso altisonante de Maduro no deja más al descubierto toda una realidad hasta de un falso discurso “nacionalista”. Ellos son los responsables de que hoy, todas estas transnacionales y especuladores internacionales buscan hacerse de los activos de la nación.
La apertura petrolera, gasífera y minera
Maduro había anunciado a los tenedores de bonos en noviembre que Venezuela buscaría renegociar aproximadamente $ 100 mil millones de bonos emitidos por la República y PDVSA. El mes pasado, se supo que el país había dejado de pagar sus bonos soberanos en septiembre del 2017. Sin embargo, el gobierno ha seguido realizando pagos esporádicos a los bonos emitidos por PDVSA, ya que los activos extranjeros de la compañía petrolera corren un riesgo mucho mayor de ser incautados por los acreedores que cualquier otro activo del país.
Los ingresos de PDVSA han caído bruscamente cuando su producción colapsó de aproximadamente 2,4 millones de barriles por día a fines de 2015 a aproximadamente 1,4 millones de barriles por día en la actualidad. Además, los ingresos provenientes de la extracción de oro también ha caído, cuya administración se la diera a Maduro a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a partir de la constitución del Arco Minero del Orinoco, dejando al gobierno con fondos cada vez más reducidos en medio de la catástrofe económica. Venezuela recurrió a la minería de oro, con el Arco Minero, como fuente de ingresos, aliándose a transnacionales y en condiciones completamente leoninas, después de que los ingresos petroleros se desplomaron, donde las riquezas del suelo y subsuelo están a merced del saqueo contaminante y depredador.
El gobierno de Maduro viene en un proceso de mayor apertura en el área petrolera en el marco del Decreto de Emergencia Económica N°3.368, suscribiendo recientemente 11 alianzas estratégicas y tres convenios para el inicio de proyectos de servicios en la Faja Petrolífera del Orinoco con “empresarios venezolanos” pero que tienen por atrás capitales internacionales, y probablemente con empresarios actuando como testaferros de la alta burocracia estatal. Es lo que dan a entender como “la necesidad de construir un nuevo modelo de negocios”. El ex ministro de Petróleo y ahora detenido, Eulogio Del Pino, cuando se estaban programando dichos planes lo definía como un “nuevo modelo con mayoría del sector privado”, sosteniendo en el año 2016 que “en la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con 20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y PDVSA 20%”.
Para llevar a cabo esta política es que Maduro le otorgó vía decreto “amplias facultades” al presidente de PDVSA, el Mayor General Manuel Quevedo, para “efectuar cambios” en la industria de los hidrocarburos y en las contrataciones. Pero el “nuevo modelo de negocios” no se detiene con las “empresas venezolanas”, sino que hay procesos avanzados con la francesa Total, la noruega Statoil, la estadounidense Chevron, la rusa Rosneft y la China National Petroleum Corp (CNPC), entre otras.
¿Cómo responder a la ConocoPhillips y demás filibusteros del capital financiero internacional?
Los graves problemas del pueblo trabajador y pobre jamás podrán ser resueltos con estas políticas que toman todo un rumbo más entreguista, y que han llevado a que las aves de rapiña que vuelan sobre los activos del país vean la oportunidad de hacérselos suyos. Ni la política de negociación y concesiones cada vez mayores del gobierno chavista, pagando religiosamente una deuda externa que ahoga al país, ni la política de entrega lisa y llana de la burguesía opositora, que está por pactar con el FMI, rematar los recursos nacionales y aceptar la dictadura del FMI y los bancos imperialistas (¡hasta hablan de “dolarización”!), son la respuesta a los intereses del pueblo trabajador ante esta encrucijada.
Querrán hacer creer unos, desde el gobierno, cubiertos de fraseología "nacionalista", que a estos ataques del capital imperialistas no se le puede responder sino con más concesiones al capital y más cargas sobre las espaldas del pueblo, que ya no aguanta más. Esto no tiene nada de “antiimperialismo”. Por el contrario, su primer respuesta ya es de subordinación a la justicia de Wall Street. No otra cosa significa la promesa de respetar “los procesos jurídicos acordados”, "asumiendo el compromiso de honrar las decisiones emanadas del laudo". Otros, desde la oposición, que la única posibilidad es aceptar y aumentar la entrega cipaya: “aceptemos lo que exige el imperialismo para que nos den préstamos, más plazo para pagar la deuda y nuevas inversiones, así salir de la crisis".
Entre el pueblo algunos se preguntarán: "Bueno, pero si no se paga, si no nos arrodillamos ante estos juicios y demandas canallezcas ¿qué se puede hacer?". No hay otro camino que el de rechazar estas imposiciones, y esto sólo se logrará imponerlo mediante la más amplia movilización popular independiente del gobierno y de la oposición.
La deuda externa, cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la IV república y que fue profundizada de manera escandalosa por el chavismo con su V República, no se puede seguir pagando a los usureros imperialistas a costa del hambre del pueblo. Corresponde declarar el no pago de la misma. El pueblo tiene pleno derecho a denunciar los tratados y acuerdos lesivos a sus intereses realizados con las transnacionales y desconocer la subordinación a tribunales extranjeros.
Esto, junto con otras medidas de emergencia –nacionalización real del comercio exterior, la banca y las grandes empresas bajo control de los trabajadores, no al pago de la deuda externa, arresto y confiscación de los empresarios que no retornen inmediatamente los capitales fugados al exterior, control y gestión obrera en la industria petrolera y demás ramas, control popular del abastecimiento, etc., como parte de un programa obrero y popular de emergencia ante la catástrofe económica de la que es responsable la gestión de Maduro y que se aprovecha el imperialismo con sus chantajes. Un programa así sólo puede ser impuesto mediante la movilización masiva de los trabajadores y el pueblo, avanzar en este camino, independencia frente al chavismo como frente a la oposición patronal, es ya un problema de salvación popular. |
