Este domingo, el gobernador por la alianza PAN-PRD de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) había conseguido una orden de aprehensión contra Luis Ángel Bravo, ex titular de esta dependencia.
Luis Bravo, titular de la Fiscalía durante la administración del priista Javier Duarte, es acusado de desaparición forzada, así como de haber obstaculizado la investigación de este crimen durante su gestión.
La orden de aprehensión está acompañada de una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien proporcione datos que lleven a la captura del exfiscal.
Según declaró Yunes Linares en conferencia de prensa, Luis Bravo ordenó ocultar el hallazgo de 13 cuerpos en la barranca "La Aurora" y alterar la escena. 19 cuerpos, según Yunes, habían sido arrojados al lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y localizados el 19 de enero de 2016. Luis Bravo admitió públicamente sólo la cifra de seis. El resto de los cuerpos no fue reportado ni al Forense ni a la opinión pública.
En abril de 2015, el fiscal obstaculizaría la búsqueda de personas desaparecidas. En el mismo sitio en donde él aseguró que sólo se habían encontrado "huesos de perro", elementos de la PGR encontraron una fosa con cinco cuerpos.
La Fiscalía del estado ha reconocido la participación de sus elementos en numerosos crímenes cometidos durante la administración de Javier Duarte (2010-2016). Asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas, así como malos manejos y corrupción ocurrieron bajo la mirada cómplice de Bravo.
Luis Bravo renunciaría a la Fiscalía dos meses después de que Javier Duarte se diera a la fuga para eludir la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Aunque decenas de exfuncionarios veracruzanos han sido detenidos, la justicia aún está lejos de llegar para los familiares de los miles de desaparecidos y ejecutados no sólo de Veracruz, sino del país. El accionar de Bravo es sólo una muestra de la manera en la que las autoridades se valen de su puesto para encubrir crímenes en donde sus socios, ellos mismos o sus subalternos están involucrados.
Como demostró el caso Ayotzinapa y el trabajo del GIEI, la comisión por sí misma no es garantía de justicia. El gobierno y sus instituciones no sólo están involucrados, sino que son garantes de la impunidad y son las primeras en desestimar y desoír los resultados de las mismas. Una comisión investigadora independiente de las autoridades es uno de los primeros pasos a dar en el largo camino de la obtención de justicia, y sólo con la más amplia movilización en las calles, coordinando todos los esfuerzos contra la militarización, por la presentación de los desaparecidos, por la libertad de los presos políticos, entre otros, logrará arrancar al Estado la exigencia de verdad y justicia. | 
