A fines de enero, un hombre realizó una denuncia por el secuestro de su hermana, de 17 años, en la comisaría de Concepción. Según su testimonio, la joven fue llevada por la fuerza en un Peugeot 308 descapotable por un hombre conocido como “Gastonero”. Cuando se dirigió a la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación del Centro Judicial de Concepción para conocer si existían novedades sobre la denuncia, le dijeron que no había llegado ningún acta.
La denuncia fue tomada nuevamente allí y el fiscal Jorge Echayde, con la autorización del juez Guillermo Acosta, ordenó una serie de allanamientos. Como resultado del allanamiento en la casa del denunciado se encontró el acta original de la denuncia radicada en la comisaría. “Gastonero” y la joven no se encontraban en la vivienda. Por este motivo el fiscal ordenó la detención de los policías de la comisaría durante el viernes. 13 policías fueron liberados el sábado por la noche tras declarar, permaneciendo detenidos el comisario, Marcos Barros, y dos agentes. Los policías se encuentran imputados por delitos de violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Paralelamente, Echayde se encuentra investigando la desaparición de la joven, causa caratulada como privación ilegítima de la libertad. La división Trata de Personas de la Policía, a cargo del comisario Julio Fernández, investiga si la desaparición y secuestro de la joven se trata de un caso de trata de personas.
Una defensa endeble
Cuando los hechos tomaron notoriedad pública, el secretario de Seguridad provincial Paul Hofer anunció que se realizará una investigación. Hofer se mostró indignado, aduciendo las “muchas inversiones y mejoras en la Policía” que se realizaron en todos estos años de alperovichismo.
La realidad desmiente los anuncios oficiales. La actuación policial en la desaparición de la joven en Concepción retrotrae al caso de Paulina Lebbos en 2006. En 2011, Ismael Lucena murió a causa de una golpiza policial. Durante la semana pasada, dos policías fueron condenados por la violación de una joven en 2012. En el mismo año, se denunciaron violaciones a chicas trans en una comisaria. En 2013 los estudiantes denunciaron a la Policía por liberar zonas donde ocurrieron abusos, y tras finalizar las tomas de facultades, detuvieron a algunos estudiantes en provocaciones armadas. En septiembre del año pasado, se difundió un video donde oficiales del 911 torturaban a joven detenido.
En cada caso, el gobierno argumentó que se trataban “casos aislados”. Sin embargo, cada hecho confirma el carácter y la función de una institución podrida imposible de reformar. | 
