Sergio Maldonado -hermano del joven que desapareció el 1° de agosto de 2017 tras un brutal operativo de Gendarmería en el marco de una represión al pueblo mapuche y cuyo cadáver apareció 78 días después- presentó hoy una recusación contra la fiscal Silvina Ávila. Lo hizo junto a la abogada que lo patrocina, Verónica Heredia.
El motivo son las intervenciones de comunicaciones telefónicas a Sergio y otros testigos -recientemente conocidas- que ocurrieron entre el 5 y 22 de septiembre de 2017.
Según se indica en el texto que presentó la querella ante el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, “la violencia desplegada por la señora Silvina Ávila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el (juez federal de Esquel) Dr. Otranto. Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que ‘eran violentos’. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano”.
Como informó este diario, el pasado viernes el juez Lleral ordenó anular y destruir esos audios –que remarcaban la imparcialidad e impunidad con la que se manejó y se sigue manejando el Poder Judicial- ya que estaban “reñidas con los derechos constitucionales” sobre la querella y otros testigos.
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Por eso, Maldonado y Heredia entienden que “los fundamentos expuestos [entonces] por el Dr. Lleral, con respaldo en la mejor doctrina y jurisprudencia, resultan suficientes para concluir que la decisión de la Dra. Silvina Ávila (…) es de una gravedad tal que impide su continuidad como representante del Ministerio Público Fiscal en estos autos”.
Y concluyen: “Resulta evidente que la señora Avila no reúne las condiciones establecidas en las ‘Directrices sobre la función de los fiscales’ adoptadas en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas”.
En entonces juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Ávila mostraron más intención en “investigar” a los denunciantes que a los sospechosos. La decisión de desplazar a la fiscal (y a su secretaria, para quien también se pidió la recusación) ahora depende del juez Lleral, quien de pretender ser coherente con su propia resolución de los últimos días no debería dudar en hacerlo cuanto antes. | 
