El 25 de noviembre del año pasado un operativo del grupo Albatros de Prefectura Naval irrumpió en el predio de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, con el objetivo de desalojar a los mapuches.
El intento de desalojo, que respondía a una orden del juez federal Gustavo Villanueva, se realizó a los tiros. Allí fue herido de muerte el joven Rafael Nahuel, que recibió un tiro por la espalda, proveniente de una de las armas de esa fuerza represiva.
Jones Huala y González levantaron el cuerpo del joven y bajaron de la montaña, en un intento por lograr que su compañero recibiera asistencia médica que le pudiera salvar la vida. Rafael murió poco después producto de que la bala le perforó órganos vitales. Los jóvenes mapuches fueron golpeados mientras se los detenía y luego fueron trasladados a una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde quedaron detenidos bajo el cargo de “usurpación”.
Allí, en Bariloche, permanecieron encarcelados durante cuatro días, hasta que el mismo juez que había ordenado el desalojo dictó su excarcelación por considerar que no había peligro ni de que entorpezcan la investigación ni de fuga.
Las apelaciones de la fiscalía llegaron hasta la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Alberto Mahiques., que en un reciente fallo (con los votos de Riggi y Catucci a favor y de Mahiques en contra) revocó las excarcelaciones y ordenó que vuelvan a prisión.
Construyendo un enemigo interno para reprimir mejor
Los argumentos de Riggi y Catucci son calcados de los que esgrime el Gobierno contra la comunidad mapuche, creando un enemigo interno que justifique la represión.
El asesinato de Rafael Nahuel, con una bala 9 milímetros de la Prefectura y la desaparición -seguida de muerte- de Santiago Maldonado, responsabilidad de la Gendarmería Nacional, tienen un hilo conductor: la luz verde que le dio el gobierno de Cambiemos a las fuerzas “del orden” para reprimir las protestas sociales y, si para eso, hay que disparar a matar, son “gajes del oficio”.
La “doctrina Chocobar” así lo demuestra. Pero el gobierno de Macri, con su inefable ministra de Seguridad Patricia Bullrich, necesitaba de un enemigo interno que justificara esa represión y en la Patagonia, donde innumerables hectáreas de tierra están en manos de terratenientes como Benetton y Lewis (tierras arrebatas a sus habitantes ancestrales como los pueblos originarios), lo encontraron.
Así es que todo el mundo recuerda a Bullrich defendiendo a capa y espada el accionar de la Gendarmería alrededor del caso Maldonado e inventado una conspiración de una organización “terrorista” mapuche que, armada hasta los dientes, se propondría romper el órden constitucional, delinquir, etc.
Los fundamentos de los camaristas Riggi y Catucci son un calco de esas teorías conspirativas que solo buscan justificar brutales represiones, con asesinatos incluídos.
“Nos encontramos frente a un individuo que forma parte de una organización que ha demostrado una escasa predisposición a ajustar su proceder a las reglas sociales de conducta y convivencia (…) han efectuado manifestaciones públicas instando a realizar acciones que se dirigen a desconocer el estado de derecho y las instituciones legalmente constituidas”, dicen los jueces en sus fundamentos para revocar las excarcelaciones.
Precisamente no sería en un “estado de derecho” donde las fuerzas represivas disparan a matar y por la espalda.
“El pensamiento del encartado (N.R.: acusado) y su consecuente proceder confesado en relación a su participación en el denominado Movimiento Mapuche Autónomo -MAP-, revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas (…)”, agregan.
Es decir que para estos jueces el solo pensamiento, es decir las ideas y ser parte de un movimiento u organización, es suficiente razón para no otorgar el beneficio de la excarcelación. Todo muy democrático y que se “ajusta a derecho”, como se ve.
Aquí es donde se devela que el Poder Judicial, o al menos una parte importante de él, sigue a pie juntillas las “doctrinas” de Cambiemos.
Sonia Ivanoff y Matías Schraer, abogados de Jones Huala y González, expresaron una gran preocupación por la resolución de la Cámara de Casación, ya que estos fundamentos pueden llevar a que los acusados enfrenten cargos más gravosos aún, por ejemplo el de “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”.
Un Poder acorde a las necesidades del poder
Pero Riggi (cuyo máximo último antecedente es querer favorecer a José Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria condenado por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, mediante maniobras que involucraban pago de dinero, con servicios de inteligencia como enlace) y Catucci no están solos.
También hay fiscales que “militan” para esta causa de mano dura y leyes más duras para quienes se movilicen y protesten. Por ejemplo el fiscal Germán Moldes, otro activo militante del “Partido Judicial” que no se cansa de pedir más punitivismo para manifestantes, como pasó con los detenidos en la represión de las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la ley de reforma previsional (el gran robo a los jubilados)
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Ahora a los jóvenes mapuches les queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia para apelar esta revocación de la excarcelación. Resultó muy simbólico que el Tribunal le haya enviado el fallo al ministro de Justicia.
Pero queda claro que el macrismo, decidido a aplicar un ajustazo sobre el pueblo trabajador, a seguir defendiendo a los grandes empresarios, cuenta con jueces dispuestos a ser la extensión jurídica de la “doctrina Chocobar”. | 
