La diputada porteña Myriam Bregman (PTS-FIT), el diputado nacional Horacio Pietragalla (FpV-PJ) y la también diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) presentaron este jueves una denuncia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Esquel Guido Otranto por “mal desempeño de sus funciones” en torno al caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, lo que sería causa más que suficiente para su destitución como magistrado.
Vale decir que este pedido se da mientras el propio juez espera que el Senado de la Nación evalúe su pliego como parte de una terna de postulantes a ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Río Negro). El propio Consejo de la Magistratura había desestimado pedidos previos de juicio político para aprobar el pliego y permitir así que Otranto tenga la chance de competir por el puesto. En ese sentido Bregman, Pietragalla y Donda anticiparon que impugnarán a Otranto en la Cámara Alta.
El escrito presentado ayer (que se puede ver completo al final de este artículo) está dirigido al Presidente del Consejo de la Magistratura Miguel Piedecasas. Allí se acusa a Otranto de haber cometido diversas irregularidades y arbitrariedades en el marco de tres causas a su cargo: las de “desaparición forzada” y “habeas corpus” (de las que fue desplazado por falta de imparcialidad y reemplazado por su par Gustavo Lleral) y otra abierta con anterioridad contra personas mapuches y no mapuches por protestar en la zona de Cushamen.
Los denunciantes solicitan a la mencionada Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo “la apertura del procedimiento de análisis de la actuación” de Otranto, a su vez que se ordene “su suspensión” mientras se realiza ese análisis y que en caso de darle la razón a la denuncia “formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento” para habilitar su destitución.
La presentación de Pietragalla, Bregman y Donda detalla que Otranto no solo cometió “mal desempeño de sus funciones” a partir de la desaparición de Maldonado sino que su cuestionable actuación venía de antes.
Los antecedentes
A comienzos de 2016 los empresarios turísticos del tren La Trochita (que pasa por el territorio mapuche recuperado de Cushamen) litigaron contra la comunidad mapuche de la Pu Lof y allí se abrió una “mesa de diálogo” motorizada por el mismo juez Otranto.
Sin embargo, dicen los denunciantes, tras meses de conversaciones y “sin motivo aparente y en forma sorpresiva”, Otranto ordenó allanar el territorio mapuche el 22 de diciembre de 2016, “vulnerando la confianza que había logrado instaurar entre las partes”. El juez “terminó rompiendo de forma abrupta” las negociaciones y acto seguido ordenó “un allanamiento a cargo de Gendarmería Nacional, en conjunto con la Policía de la Provincia del Chubut, autorizando a efectuar una verdadera cacería humana”, afirman.
Ese operativo conjunto de las fuerzas federal y provincial, realizado entre el 10 y el 11 de enero de 2017, es ni más ni menos que el antecedente directo de los hechos que se llevarían la vida de Maldonado casi ocho meses después. Tan estrechos son ambos episodios que, tal como se denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el operativo represivo de enero “fue llevado a cabo, entre otros, por el -por entonces subalférez- Emmanuel Echazú, quien a la fecha resulta imputado en la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado”.
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Autorizada por Otranto, Gendarmería cometió diversas brutalidades en aquella represión, lo que motivó una denuncia penal de los reprimidos contra los efectivos. Esa denuncia, por cuestiones de competencia, recayó precisamente en manos del mismo Otranto, quien delegó la instrucción de la “investigación” en la fiscal Silvina Ávila. Pero como es sabido la secretaria de esa fiscalía es Rafaella Riccono, quien como recuerdan los denunciantes “resulta ser nada más y nada menos que la esposa del doctor Otranto”. Así, la relación entre el Juzgado y la Fiscalía está “sospechada, con fundamentos obvios, de parcialidad”.
¿Qué hizo entonces la fiscal Ávila con aquella denuncia de las víctimas de la represión? La archivó, obviamente con el aval de Otranto, pese a que “existían elementos que indicaban un nivel elevado de hostigamiento, persecución desmedida y agresiones constantes contra quienes reclamaban sus derechos constitucionales por parte del personal de Gendarmería, policía provincial, entre otros”. El saldo de aquellos hechos represivos fue de varias personas heridas que aún conservan cicatrices.
Contra Santiago
Pietragalla, Bregman y Donda recuerdan en la denuncia contra Otranto que el 31 de julio al mediodía fue el mismo subalférez Echazú del Escuadrón Nº 35 de Gendarmería (de El Bolsón) quién llamó a la secretaria de Otranto, María Silvina Salvare, para avisarle que se estaba produciendo un corte sobre la Ruta 40 a la altura de la Pu Lof y que desde ese destacamento se estaban dirigiendo al lugar “para constatar la información”.
Una hora después Echazú volvió a hablar con la secretaria de Otranto y le dijo que, al intentar acercarse para “dialogar”, los jóvenes mapuches “lanzaron piedras” a los gendarmes.
El juez, tomando la información de Salvare que había sido provista por Echazú, dictó entonces la orden para que Gendarmería desalojara la ruta, lo que terminaría ocurriendo al mediodía del día siguiente.
Para sustentar aquella orden, Otranto escribiría fundamentos en los que colocaba a los manifestantes como “violentos encapuchados” que llevaban mucho tiempo actuando con un “alto nivel de agresividad” hacia las fuerzas de seguridad. Algo bastante diferente a lo que decía cuando armaba las “mesas de diálogo” entre esos mismos mapuches y los empresarios y terratenientes hostiles.
Como se sabe, anoticiado de los hechos en Cushamen, aquella mañana del 1° de agosto el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, viajó hacia la zona (estaba en Bariloche) y ordenó (avisándole incluso al propio Otranto) que un batallón de gendarmes provenientes de El Bolsón, de Esquel y de otras zonas avanzaran sobre los mapuches a como diera lugar, dándoles un escarmiento lo más brutal posible. Uno de los blancos de ese ataque sería Santiago Maldonado.
Escuchas a unos, complicidad con otros
El 12 de septiembre, diez días antes de que fuera desplazado de las causas “habeas corpus” y “desaparición forzada” que tenía a su cargo, desde este sitio se dijo que Guido Otranto parecía el mejor funcionario de Mauricio Macri. Hoy, tanto los fundamentos de la resolución firmada la semana pasada por el juez Gustavo Lleral respecto a las escuchas ilegales ordenadas por su antecesor, como los de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura pidiendo su juicio político corroboran aquella temprana definición. Y a eso hay que sumarle los fundamentos del pedido de recusación de la fiscal Ávila presentado el miércoles de esta misma semana por Sergio Maldonado ante Lleral.
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Por donde se los mire, a Guido Otranto, a su esposa Rafaella Riccono y a la jefa de su esposa, la fiscal Silvina Ávila, cada vez se los ve más comprometidos con la impunidad y cada vez más quedan en evidencia sus enormes esfuerzos para que la verdad sea ocultada y los responsables no terminen tocados.
El pedido de juicio político presentado ayer dice textualmente que, por un lado, “Otranto permitió y autorizó” al enviado especial de la ministra Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, para que presencie “las diferentes declaraciones testimoniales tomadas en el marco del habeas corpus, pese a la oposición de las partes”. Y por otro, que “no resulta casual que durante dicho período, la familia de Santiago Maldonado, fuera objeto de acciones de inteligencia ilegal ejercida por parte de personal de las fuerzas de seguridad de la Nación”. Ambos hechos, de inequívoca ligazón, hablan de una “manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.
También recuerdan un dato nada menor. Cané hoy se encuentra imputado en una causa aparte, tramitada en Comodoro Py, pero relacionada íntimamente con las que se llevan adelante en los tribunales patagónicos. Se trata de la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas por espionaje ilegal llevado adelante desde el Ministerio de Segurida y la Gendarmería sobre (una vez más) la familia Maldonado y organismos de derechos humanos. La denuncia, como viene informando este diario, la inició la abogada y legisladora Myriam Bregman acompañada por el hermano de Santiago.
Otro dato que vale mencionar: Otranto fue quien dijo el 17 de septiembre en una entrevista al diario cómplice La Nación que la hipótesis más probable era que Maldonado se haya ahogado en el río. Al día siguiente desplegó un operativo de centenares de policías federales y prefectos en la Pu Lof, donde rastrillaron todo con brutalidad pero sin éxito. Sin embargo, un mes después y con él ya fuera de acción, el juez Lleral volvió a rastrillar el lugar y, como por un vidrioso arte de magia, apareció el cadáver del joven y el gobierno de Macri gritó “¡bingo!”.
“Un accionar gravísimo”
Al igual que lo solicitado por Bregman en su denuncia penal por espionaje ilegal, los solicitantes del juicio político también piden medidas de pruebas, entre ellas una copia integral de los expedientes que tiene en su poder el juez Gustavo Lleral y al que tiene acceso la fiscal Silvina Ávila. ¿Se resistirá Lleral a remitir esas pruebas de la ignominiosa actuación de Otranto, su esposa y la jefa de su esposa?
En diálogo con La Izquierda Diario Horacio Pietragalla dijo que los “errores” de Otranto denunciados “fueron llevados adelante de una manera sesgada. Él sabía el hostigamiento que venían sufriendo las comunidades mapuches y sabiendo eso meses después mandó a desalojar la ruta y permitió además que Gendarmería entrara ilegalmente al Pu Lof donde desapareció Santiago y luego apareció su cuerpo sin vida”.
Por su parte Myriam Bregman agregó a este diario que “Otranto ha tenido un accionar gravísimo. Su falta de investigación de todos los hechos denunciados por la comunidad mapuche en los meses previos a aquel 1° de agosto configuran el cuadro de situación en que desaparece y muere Santiago. Los jueces no ’hablan por sus sentencias’, hablan mucho más por su inacción y por su complicidad”, sentenció.
Precisamente, dijo la dirigente de la izquierda, “la complicidad de Otranto con los terratenientes y las fuerzas represivas se incrementó después de desaparecido Santiago”.
El próximo lunes, los mismos legisladores junto a Sergio Maldonado como principal afectado presentarán una nueva denuncia contra Otranto ante el Consejo de la Magistratura, esta vez por el espionaje ilegal realizado a la familia y testigos.
En declaraciones a Radio Cooperativa Sergio anticipó que están “totalmente dadas las condiciones para pedir el juicio político para el juez Otranto. Hizo todo mal, desde no ponerse a la altura de la situación en una causa tan importante. Él directamente le enviaba toda la causa a Gendarmería. Nosotros no llegábamos a ver la causa”.
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