El 28 de noviembre de 2017 el gobierno provincial anunció con bombos y platillos la venta del Ingenio La Esperanza al grupo inversor Omega Energy, quienes originariamente habrían ofertado U$S100 millones e incluiría a 600 de los casi 1000 obreros que en ese momento tenía el ingenio. Por este motivo el gobierno realizó más de 300 despidos y jubilaciones anticipadas a fin de cumplir con los deseos de los supuestos nuevos dueños.
El gobierno pudo realizar dicha medida, amparados en la Ley 5929, que la Legislatura de Jujuy votó para darle extraordinarias facultades al Estado Provincial para despedir trabajadores y todo "lo necesario para la continuidad de la explotación del Ingenio", violando la Ley de Concursos y Quiebras ya que estas son facultades del Síndico. El Superior Tribunal de Justicia resolvió, con el voto de los jueces puestos por radicales y peronistas, que esta ley era constitucional. Como broche de oro a las aberraciones judiciales, el Juez de la quiebra, Dr. Juan Pablo Calderón, el 07 de Diciembre, fallo a favor del gobierno indicando que los 300 despidos eran “actos ordinarios de la administración”.
Resistencia y primera caída de la venta
Inmediatamente producidos los despidos los trabajadores del Ingenio iniciaron la lucha contra las medidas de Gerardo Morales, que incluyeron marchas masivas por San Pedro y el corte de la ruta 34 que derivó en una feroz represión y encarcelamiento de obreros. Las detenciones fueron un nuevo detonante para que las mujeres se pusieran a la cabeza de la pelea por su libertad y para que resurgiera el apoyo popular a la lucha de los obreros y el repudio a esta decisión del gobierno, que tuvo que retroceder y el 24 de diciembre liberar a la mayoría de los detenidos.
Mientras se conformaba la comisión de mujeres que peleaban por la libertad de sus familiares detenidos, ya comenzaba a tambalear la venta tal cual lo había anunciado el gobierno. La feria judicial le dio tiempo al grupo empresario para cumplir con los requisitos mínimos, pero la venta directa sin licitación cayó ya que Omega Energy ni siquiera había constituido domicilio en Argentina.
Durante los meses de enero, febrero y marzo los despedidos comienzan una campaña de difusión y de recolección de un fondo de lucha. El primer aporte lo realiza las bancas del PTS- Frente de Izquierda con $100.000, monto que luego se ampliaría con nuevos aportes de las bancas como el enorme apoyo popular a la causa de los obreros. Mientras tanto la política del sindicato fue separar el recamo de los despedidos de quienes seguían dentro del Ingenio, aislando a trabajadores despedidos de aquellos con continuidad.
Licitación y nueva venta a Omega Energy
El gobierno supo utilizar este aislamiento de los despedidos para salir del embrollo de la venta caída, acordando con el Juez Calderón, la realización de una “licitación exprés” que permita a Omega Energy presentar su oferta, con los papeles en regla. En teoría además, le permitía presentar ofertas de compra a otros posibles oferente. Este proceso licitatorio fue recurrido por el Sindicato, obreros despedidos y por fuerzas opositoras, atento no cumplir con nada de lo establecido en la Ley de Quiebras.
El juez denegó los pedidos de los opositores y de los obreros por supuesta “falta de legitimidad”. Asimismo el sindicato, retiro su recusación lo que habilitó al Dr. Calderón la adjudicación a la firma colombiana Omega Energy con sólo 600 obreros y a cambio de U$S 86 millones en cuotas.
¿Cae la venta?
Por si la compra a “precio de amigo” hubiera sido poco, los adjudicatarios del Ingenio realizaron una nueva presentación ante el Juez Calderon a quien le solicitaron que antes de realizar cualquier depósito de dinero, se le otorgue la totalidad de los bienes del Ingenio. Asimismo, solicitan se aclare que todas las relaciones laborales de los empleados del Ingenio La Esperanza se extinguen indefectiblemente y éstos celebran nuevos contratos de trabajo completamente nuevos con ALESA S.A. Un verdadero chantaje.
El Secretario General del Sindicato, Sergio Juarez, realizó declaraciones dónde confirmaba la pretensión empresarial de liquidar las conquistas de los trabajadores. Pero según Juarez, “el Ingenio se tiene que vender si o si, es mejor cualquier dueño antes que seguir con el gobierno”.
Mientras tanto, el Juez Calderón habría denegado la solicitud empresarial respecto a la antigüedad de los trabajadores (no así respecto a la categoría y el resto de las conquistas obtenidas) y le aclaró que los bienes se irían entregando acorde a las cuotas que Omega vaya cancelando. La firma tiene 20 días hábiles para realizar el primer desembolso de U$S 15 millones o para recurrir a nueva instancia judicial lo que demoraría aún más el traspaso. Mientras tanto, el gobierno provincial viene haciéndose cargo de salarios y puesta a punto del Ingenio para comenzar la zafra en aproximadamente un mes. Por ahora sin nuevos dueños y con 400 obreros menos.
Denuncian discriminación y persecución
Dentro de los 338 despidos se encontraban los militantes y ex candidatos del PTS – Frente de Izquierda. Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, quienes desde un inicio impulsaron y fueron parte de las acciones de lucha y realizaron presentaciones judiciales solicitando la reincorporación atento se trataban de despidos persecutorios y discriminatorios.
A pesar de ser referentes de la lucha por la reincorporación que logró el ingreso de alrededor de 60 trabajadores, tanto Egüez como Farfán continúan despedidos junto a unos 40 trabajadores que se niegan a aceptar las condiciones del gobierno.
Las próximas semanas serán definitorias respecto a la venta o no del ingenio y al futuro de los trabajadores, tanto de los 42 que continúan despedidos como de aquellos con continuidad. | 
