El convenio colectivo de trabajo (CCT) lo impuso el oficialismo en la Legislatura con la invaluable ayuda de sus socios de Adelante Neuquén, FRIN, UP-UNA y el voto de los “opositores” hasta minutos antes de la sesión, Alejandro Vidal (UCR), Ayelén Gutierrez y Javier Bertoldi (FpV).
El ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, afirmó que este convenio “representa un nuevo sistema de salud”, “un nuevo momento”, “una nueva etapa”, que “contemplará otros aspectos y otras miradas”. Y es verdad. El convenio significa una reforma del sistema público de salud, un cambio en el paradigma adaptándolo a las “necesidades del mercado”.
El sistema público de salud atraviesa una grave crisis por la falta de recurso humano, por problemas edilicios, de infraestructura, por falta de insumos y aparatología adecuada para brindar una atención de calidad a la población. Esta crisis responde a las constantes políticas de vaciamiento, desfinanciamiento y privatización que viene aplicando el gobierno provincial a tono con la política del gobierno nacional.
Desde que asumió el ministro Corradi Diez, un representante de las clínicas privadas a cargo de la salud pública de la provincia, se profundizaron las políticas privatistas dictadas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de Salud. El plan estratégico es terminar con el sistema público de salud de la provincia, uno de los pocos que se mantiene en pie como sistema en el país, imponiendo la lógica de sistema de salud único integrando el público con el privado. Esto significa, sencillamente, desfinanciar el hospital púbico, vaciarlo y tercerizar, derivando a clínicas y laboratorios privados. Así el Estado se hace cargo de las prácticas no rentables mientras garantiza negocios millonarios a la medicina privada.
El convenio colectivo de trabajo, lejos de representar “un nuevo sistema de salud mejor que el anterior” como dice el ministro, y de resolver la grave crisis de vaciamiento y desmantelamiento de la salud pública, la profundiza. Si bien otorga algunos derechos parciales, su letra guarda concordancia con las pretensiones del gobierno nacional de avanzar con la aplicación de la política de mercantilización de la salud del Banco Mundial que hoy se llama Cobertura Universal de Salud (CUS), y de avanzar con la reforma laboral.
El CCT abandona la concepción de salud como un derecho humano esencial para todos y todas, gratuito y bajo responsabilidad del Estado, para en cambio ponerlo a tono con las necesidades del mercado. En este sentido desjerarquiza la dedicación exclusiva de los profesionales, que es el pilar del sistema público, imponiendo el “rendimiento óptimo” que aplica la productividad, una lógica mercantilista de la salud, profundizando el vaciamiento al permitirles trabajar en el sector privado cumpliendo determinadas condiciones laborales. En este mismo sentido mantiene el negocio de las tercerizaciones, legaliza el trabajo eventual y congela el salario.
Un convenio sin debate ni participación de los trabajadores y trabajadoras de la salud
Este convenio, el primero de la salud pública del país y el más grande de la provincia, fue peleado y defendido por sus trabajadores y trabajadoras durante 12 años, pero finalmente acordado e impuesto entre gallos y medianoche por las conducciones de ATE y UPCN y por el ministerio de Salud y rechazado por Siprosapune (Sindicado de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén) y un importante sector de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Son 9.000 los trabajadores y trabajadoras que verán modificadas no solo sus condiciones de trabajo sino de atención a la población. La gran mayoría no fue parte del debate ni de la elaboración de este convenio.
Solo el 30% está afiliado o afiliada a un sindicato. A pesar de esta realidad, ATE y UPCN se arrogaron el derecho de imponer en forma burocrática y unilateral este convenio colectivo de trabajo. Con argumentos calcados al MPN, amparándose en la antidemocrática Ley de paritarias (1974) han dejado afuera de la discusión del convenio al sindicato de los profesionales por no tener personería gremial. Un argumento increíble en boca de un sindicato.
El proceso de negociación no fue colectivo pero además el 70% de los trabajadores y trabajadoras de la salud que no están afiliados a ningún sindicato, así como tampoco el 30 % que sí lo está, fueron parte del debate, de la elaboración a través de asambleas, congresos, foros. La gran mayoría, al día de hoy en que ya fue aprobado, no conoce lo que estos dirigentes sindicales firmaron.
El debate en la Legislatura y las internas abiertas
El Ejecutivo provincial tardó 12 años en discutir el convenio, en una semana lo cerró con ATE y UPCN a cambio de la paz social, y lo enviaron a la Legislatura (o se lo tiraron a Figueroa) con debates sin resolver, con los hospitales paralizados por la protesta de los y las profesionales.
El convenio colectivo llega a la Legislatura una vez acordado por las “partes” y homologado por la subsecretaría de Trabajo, y solo puede aprobarlo o rechazarlo en tanto aprueba o no las partidas presupuestarias destinadas a su aplicación, pero sin poder modificar bajo ningún punto de vista la letra del mismo.
Por esto, el reclamo de los profesionales y trabajadores de la salud que rechazaban el convenio tal cual se había firmado, era que vuelva a abrirse la discusión paritaria para modificarlo colectivamente, incluyendo a los sectores que habían sido excluidos previamente.
Desde la banca del PTS-FIT, peleamos por esa perspectiva consecuentemente. Primero, junto con la oposición rechazamos el tratamiento sobre tablas y sin debate, como pretendía el oficialismo, y logramos que se convoque a un plenario de comisiones y se inviten a todas las partes.
En el plenario, decidimos no apoyar ningún despacho porque entendimos que era la forma que teníamos para que se reabra la discusión paritaria. El despacho del MPN-ATE-UPCN, solo contaba con 26 de los 29 votos necesarios para que pueda ser tratado y votado en la sesión.
Lamentablemente, la oposición terminó siendo funcional al oficialismo y a la conducción de ATE, presentando otro despacho que planteaba la aprobación en general del convenio pero rechazando los artículos 25°, 33°, 96° y 123° sobre el “trabajador eventual” y el “rendimiento óptimo”, por considerarlos inconstitucionales.
Este despacho, impulsado inicialmente por Eduardo Fuentes (FN), al cual se sumó a último momento “sospechosamente” Claudio Domínguez (del MPN), aportó los votos que faltaban hasta llegar a los 29 necesarios para que pase al recinto y se apruebe.
¿Por qué el Frente de Izquierda decidió abstenerse en la votación?
Porque una vez en el recinto, votar en contra como lo hizo el interbloque de Cambiemos, no era una opción válida, debido a que más allá de los cuestionamientos que le hacemos a este convenio, un sector de trabajadores y trabajadoras de salud lo defienden.
Pero tampoco íbamos a convalidar con nuestro voto un convenio que, como planteamos más arriba, no fue debatido colectivamente, profundiza la crisis de la salud pública, y es desconocido y rechazado por otro importante sector de trabajadores y trabajadoras. Un convenio que fue impuesto por la conducción de ATE y el MPN, con el aval de sus aliados y un sector del PJ que responde a Quintriqueo.
Muchos trabajadores y trabajadoras nos preguntaron por qué no votamos entonces el despacho de la oposición. Porque además de ser una maniobra orquestada por el mismo oficialismo, no vamos a avalar que en la Legislatura los partidos ajenos a los intereses del pueblo trabajador intervengan en un convenio colectivo peleado por los trabajadores y trabajadoras. Sería sentar un grave precedente.
Lejos de los trabajadores, cerca del gobierno
La conducción de ATE impuso este convenio junto con el oficialismo en forma burocrática, y cada vez queda más claro que lo hicieron a cambio de dejar las calles y garantizar la paz social. Solo así se puede entender mientras se está gestando una grave crisis nacional y el gobierno de Macri y los gobiernos provinciales se preparan para entregar el país al FMI, así como seguir atacando al pueblo trabajador con más ajuste, tarifazos, inflación y despidos, la conducción de ATE-CTA se dedique a agraviar y amenazar a la izquierda, y a aplaudir al gobierno de los ajustadores.
Los dirigentes de la Verde están cada vez más lejos de los trabajadores y trabajadoras, y más cerca del gobierno. Mientras ATEN, la PIAP, MAM, los y las ceramistas, cortan rutas, se movilizan, enfrentan el ajuste, la conducción de ATE–CTA aplaude al MPN que intenta imponer el presentismo a las docentes y desaforar a una diputada del Frente de Izquierda. Los llamamos a romper la tregua y convocar a un plan de lucha para enfrentar el plan del FMI y los gobiernos.
La pelea la ganamos en las calles
Solo la fuerza de los trabajadores y trabajadoras movilizados podía obligar al gobierno a reabrir la paritaria. Lo que no se logró en la calle, no se iba a lograr en la Legislatura.
El gobierno, con la votación del convenio dio un paso adelante en el camino de imponer un nuevo paradigma de la salud pública. Pero la lucha continúa, y es necesario avanzar en la unidad y organización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. El único que se beneficia con las divisiones que imponen las conducciones sindicales, es el gobierno. Por eso es necesario poner en pie cuerpos de delegados y delegadas por sector, más allá de la afiliación sindical, para unir lo que la burocracia y el gobierno dividen.
Con la vuelta del FMI el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a querer imponer las recetas del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud para avanzar en su privatización, integrando la salud pública con la privada. Tenemos que defender todas y cada una de las conquistas que logramos bajo el capitalismo, y la salud pública es una de ellas. Desde nuestra banca, en las calles y en la Legislatura, vamos a seguir peleando por la defensa del sistema de salud público, gratuito, igualitario y de calidad. | 
