Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) trasladan a Eduardo Zaplana en un coche de la Guardia Civil tras su detención en Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas
Este martes la Guardia Civil ha detenido a Eduardo Zaplana mientras se encontraba en su domicilio, acusado de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales públicos. En la operación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción son ya seis los detenidos, entre los que se encuentra también como el que fuera jefe de gabinete de Eduardo Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; así como Vicente y José Cotino, sobrinos del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino. En el momento en que cerramos esta edición de Izquierda Diario el juez que investiga a Zaplana va a imputar también al propio Juan Cotino.
Este hecho ha sido el último bombazo de corrupción, a pesar de las noticias sobre este tipo de detenciones parecen ya un hecho cotidiano en el Estado español. En esta última operación, sin embargo, han caído dos de las figuras destacadas de la política del PP de las últimas décadas. Eduardo Zaplana fue president de la Comunitat Valenciana, ministro de trabajo del gobierno de Aznar, portavoz parlamentario del PP y una de las grandes personalidades de la etapa aznarista. Por su parte Juan Cotino fue el primer director del Cuerpo Nacional de Policía en el gobierno de José María Aznar (1996-2002), después delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana y a continuación ocupó varias consejerías y la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico.
Recordemos que los gobiernos del PP liderados por José María Aznar (1996-2004) representaron un período de radicalización de las medidas neoliberales que ya había ido implementando Felipe González desde los años ochenta, como la privatización de empresas públicas, la desregulación del mercado financiero o la cada vez mayor importancia en la economía de la construcción y la especulación urbanística. Además, los gobiernos de Aznar supusieron un giro conservador en las políticas sociales, así como un giro imperialista con la participación española en la Guerra de Irak de 2003.
La corrupción en el ADN del Régimen del 78, una herencia de su origen franquista
Con esta nueva detención, 12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo gobierno de Aznar formado en julio de 2002, están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales, entre los cuales se encuentra también el actual presidente del gobierno Mariano Rajoy. La mayoría están investigados por haber cobrado presuntamente sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas.
Felipe González abandonó el gobierno en 1996 con su partido, el PSOE, salpicado por casos de corrupción y financiación ilegal, como el conocido caso Filesa. Los últimos años han constatado que los dos partidos principales del Régimen del 78, PP y PSOE, han participado en bastas en redes de clientelismo y corrupción junto a los grupos empresariales. La entrada en la Unión Europea y las políticas neoliberales practicadas desde los años ochenta generaron un crecimiento económico sustentado en la especulación urbanística y la desregulación financiera, mientras la clase obrera cargaba con las medidas de ajuste económico y de desindustrialización aplicadas desde la firma de los Pactos de la Moncloa en 1978. El pastel creció durante años, pero la porción que ha correspondido a la clase obrera cada vez ha sido más pequeña, mientras las ganancias empresariales no han dejado de crecer. Y junto con ellas, la corrupción de las altas esferas políticas.
En este sentido la corrupción del Régimen del 78 ha mantenido una clara continuidad con el período franquista. El franquismo fue la corrupción institucionalizada, una dictadura basada en las corruptelas económicas y el nepotismo, desde las especulaciones en torno a las cartillas de racionamiento de la economía autárquica de posguerra o el estraperlo, hasta casos de corrupción como Matesa o Sofico. Incluso podríamos establecer hilos de continuidad en las políticas económicas de liberalización y privatización aplicadas desde el Plan de Estabilización de 1958, pasando por los Pactos de la Moncloa hasta las posteriores medidas neoliberales que los gobiernos del PP y el PSOE han aplicado hasta la actualidad.
La Transición no supuso una ruptura con la forma en que la política y los intereses empresariales que se habían entretejido durante el franquismo. Por el contrario, las familias empresariales privilegiadas por el régimen que se enriquecieron durante los años de la dictadura, siguieron haciéndolo con la llegada de la monarquía parlamentaria, incluso con mayores perspectivas de beneficio con la entrada en la economía europea. Al mismo tiempo, los políticos franquistas cambiaron de chaqueta y se integraron en las instituciones “democráticas”, que tampoco habían cambiado mucho, a través de nuevas fuerzas políticas como UCD y Alianza Popular primero, y el PP después.
Tan sólo faltaba que la oposición al franquismo entrara en la ecuación, papel que cumplió el PSOE liderado por Felipe González, convirtiéndose en el principal partido del nuevo régimen nacido de la Constitución de 1978, al tiempo que el PCE se autoliquidaba mientras hacía de partero del nuevo régimen. Desde 1982 hasta 1996, el PSOE estuvo al frente del gobierno, aplicando unas medidas económicas acordes con los intereses empresariales y la ola contrarrevolucionaria neoliberal que sacudía el mundo. El PSOE entró rápidamente en el juego de las corruptelas, junto a las burocracias sindicales de CCOO y UGT.
Corrupción, libertades democráticas y casta judicial
Este martes, al tiempo que conocíamos nuevos casos de corrupción y la detención de Eduardo Zaplana, la casta judicial ha llevado a cabo una jornada de huelga, para reivindicar la modernización de la justicia, con más medios y mejoras retributivas, así como su despolitización e independencia de ejecutivo.
El descontento de la casta judicial se entiende dentro de los recortes y precarización del sistema judicial durante los años de la crisis, así como el desprestigio que está sufriendo al hacerse palpable que tenemos una justicia patriarcal y hecha a medida de los ricos. Sin embargo, este descontento muestra profundos límites al ceñirse a cuestiones corporativas. No ha habido ninguna declaración de la casta judicial sobre el rol que jueces y fiscales están cumpliendo en el cada vez mayor autoritarismo del gobierno, con personas encarceladas por realizar actividades políticas, sindicales, artísticas o simplemente por expresar públicamente su pensamiento. Como tampoco se pronuncian contra los flagrantes casos de las sentencias judiciales como la de “La Manada”, que han puesto de manifiesto los profundos prejuicios patriarcales y machistas de la justicia.
Una situación que se entiende si se analiza, del mismo modo, dentro del marco del Régimen del 78. La transición mantuvo prácticamente intacto al sistema judicial, los jueces y magistrados franquistas siguieron ejerciendo sin pena ni gloria en el nuevo régimen de la monarquía parlamentaria. El reaccionario TOP (Tribunal de Orden Público) fue reconvertido en la actual Audiencia Nacional y así, el tufo franquista se ha mantenido. Son muchos los lazos que unen a jueces y magistrados con el pasado franquista, podemos hablar de una auténtica casta judicial que se va perpetuando generación tras generación a través del nepotismo y las redes clientelares tejidas en las facultades de derecho.
El problema de la corrupción es un problema del Régimen del 78 mismo y de todas sus continuidades y herencias franquistas, de todas sus redes clientelares de políticos y empresarios, así como de un sistema judicial controlado por una casta profundamente conservadora y reaccionaria. Un Régimen del 78 que ya ha dejado claro que sólo puede ofrecernos precariedad, corrupción y represión contra las libertades democráticas más elementales. Sólo por ello merece perecer. |
