De 1910 y hasta 1929, el Rector de la Universidad Nacional era nombrado por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Pública era el jefe.
El 5 de mayo de éste año estudiantes de la Facultad de Derecho llamaron a huelga para pelear la autonomía universitaria. Sin embargo, dos días después el presidente Emilio Portes Gil mandó a clausurar el plantel.
Aún así, los estudiantes resistieron hasta el 23 de mayo, cuando fueron violentamente reprimidos por la policía en calles aledañas a San Ildefonso hasta que lograron replegarlos.
Seis días después de la represión, el Ejecutivo Federal declaró la autonomía de la máxima casa de estudios; además, en memoria de esto, la Plaza de Santo Domingo también fue nombrada como Plaza del Estudiante.
En un día que no debería ser de fiesta, sino de lucha y de protesta, por la situación de criminalización tan dura que vivimos jóvenes y estudiantes, instituciones y políticos responsables de la criminalización de la juventud se llenan la boca con felicitaciones.
Sin embargo, la vida del estudiante mexicano está llena de obstáculos. Desde los miles de niños y niñas que tienen que caminar kilómetros para llegar a la primaria más cercana -si es que la hay-, hasta los miles de jóvenes que año con año son rechazados de las principales universidades del país.
No hay que dejar de lado a quienes estudian y trabajan, en total suman 2,391,806. Según el Inegi, por cada 100, 75 son subordinados y 71 no tienen acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo, esto producto de la reforma laboral.
De la aprobación de la reforma educativa al replanteamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) del sistema de financiamiento para las escuelas públicas de educación superior, pasando por sus mismos planes de aumentar medidas de seguridad en planteles universitarios; cada día queda más claro que la educación se está reduciendo a egresar mano de obra calificada para las empresas que invierten en México. Mientras, el gobierno mexicano sólo invierte 3,703 dólares por estudiante al año.
Querer acceder a la educación superior -aún siendo instituciones públicas- es bastante caro, una renta cuesta en promedio 4,800 pesos en la CDMX; 12 pesos el transporte en Tijuana; 120 pesos la comida en Culiacán.
Y tema aparte es pensar en la recreación de la juventud, que debería tener un acceso real al teatro, el deporte, el cine o cualquier otro tipo de recreación que apunte a desarrollar capacidades y habilidades. No sólo a escapar de la dura realidad en la que miles de jóvenes viven.
A principios de este mes, la ANUIES se reunió con El Bronco, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y la ex candidata Margarita Zavala -AMLO declinó por "razones de agenda"- para presentarles su propuesta con cinco ejes:
- El primero es la gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior, que contempla aprobar la Ley General de Educación Superior para facilitar la creación y regulación del sistema nacional de educación superior.
- El segundo es la ampliación de la cobertura del sistema universitario.
- El tercero es la mejora de la calidad de la educación superior.
- El cuarto considera ampliar la contribución de las instituciones de educación superior en la solución de problemas locales y en el desarrollo de proyectos de innovación social.
- El último es que se defina una nueva política para el financiamiento de la educación pública universitaria “para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior, lo que les permitirá planear para el largo plazo y mejorar de manera sostenible”.
¿De dónde vendrán esos recursos? De la alianza con el sector privado y una injerencia cada vez mayor de los empresarios en la delineación de los planes de estudio para adecuarlos a sus necesidades de generar cada vez más ganancias a costa del trabajo de las mayorías.
Sí hace falta más presupuesto para la educación, pero esos fondos tendrían que venir de impuestos a las grandes fortunas, como la de Carlos Slim, de dejar de pagar la deuda externa, para que haya acceso irrestricto a la educación pública y de calidad para todos, así como salarios y condiciones laborales dignos para las trabajadoras y los trabajadores del sector.
Con información de Milenio, El Siglo de Torreón y El Economista | 
