Tras recibir una denuncia anónima por trata y abuso sexual el Instituto Nacional de Migración(INM) realizó un operativo junto con autoridades federales y de Jalisco donde fueron detenidos cuatro personas, los supuestos dueños de la maquiladora coreana Yes Internacional, que al momento, no pudieron acreditar su estancia legal en el país por lo que fueron presentados en la fiscalía estatal de justicia; la planta fue cerrada ayer por irregularidades y no por maltrato a los empleados.
Este centro donde se producían calcetines y medias fue suspendido por falta de certificación de calderas y recipientes de presión, tras recibir notificación de las oficinas centrales en la ciudad de México de no permitir el acceso a las áreas productivas.
La plantilla laboral estaba integrada por 121 mujeres y ocho hombres, quienes señalaron percibían menos del salario mínimo (unos 400 pesos a la semana), con horarios extenuantes y apenas 15 minutos para comer, además de daño físico y psicológico por parte de los dueños. En el operativo también se encontraron cuatro menores de edad trabajando en mismas condiciones, supuestamente con permiso de sus padres.
A su vez la STPS declaró que es difícil establecer que dependencia es responsable por tratarse de una empresa clandestina, ya que la legislación contempla empresas legales y certificadas.
Esto es una muestra más de las condiciones en que miles de mexicanos y mexicanas laboran en las maquilas del país, como si no fuera suficiente sobrellevar las ya deplorables condiciones de una empresa legal, que son avaladas e impulsadas a través de las reformas de los partidos tradicionales, el gobierno y las instituciones, donde en Jalisco cientos de empresas realizan contrataciones a través de outsourcing sin derecho a la sindicalización y basificación.
Basta con recordar el caso de los trabajadores de Honda de El Salto Jalisco, que han recibido una serie de atropellos desde su despido como represalia por organizarse de manera independiente del sindicato blanco cetemista (CTM), el acoso y represión de parte de la policía municipal con apoyo del gobierno del Estado y la negativa de la empresa para reinstalar a uno de sus trabajadores a pesar de recibir el fallo a su favor. | 
