La ironía más siniestra estriba en las cuitas pendientes del conjunto de los magistrados con la causa impune de la AMIA. Es más, dos de los fiscales convocantes, Raúl Pleé y Germán Moldes, incluso fueron acusados formalmente de entorpecer la causa AMIA.
En más de una ocasión la agrupación Memoria Activa denunció a Pleé a causa de su resistencia a impulsar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, dejándola en la estacada durante años, con el aval pleno de la Cámara de Casación Penal. Antiguo colaborador de dinosaurios como el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica y el ex juez Alfredo Bisordi, Plee adquirió sobrada escuela en demorar causas por delitos de lesa humanidad. Como dato adicional, Pleé tiene estrechos vínculos con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, y hoy asesor de empresas con problemas por lavado de dinero, un hombre todo servicio a los dos lados del mostrador. El GAFI fue una pieza importante para legitimar el armado trucho de la “pista iraní”, mediante el cual EE.UU. y la ONU “controlaban” las operaciones financieras del “terrorismo internacional”.
Asimismo, Memoria Activa cuestionó a Moldes por los mismos motivos que a Pleé, más el sobreseimiento exprés de un grupo de imputados, que impidió a Nisman la solicitud de apelación, como el mismo fiscal admitió en otras oportunidades.
De conjunto, la Justicia fue la principal encubridora de la causa AMIA desde sus inicios. Durante la primera etapa, la causa estuvo en manos del ex juez Juan José Galeano y de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los que premeditadamente desviaron la atención sobre la conexión local en favor de una hipótesis fantástica sobre un coche bomba conducido por el libanés Ibrahim Berro, quien se habría inmolado con ese propósito, una hipótesis demolida por Jorge Lanata y desmentida por los hermanos de Berro. Galeano fue destituido tras la revelación de un video que mostraba al ex juez sobornando al vendedor de autos robados Carlos Telleldin con 400 mil dólares aportados por la SIDE a cambio de un falso testimonio. Ya en la segunda etapa apareció el protagonismo de Nisman y el juez Claudio Canicoba Corral bajo la “pista iraní”, un mamarracho armado por la CIA y el Mossad, como conductores de facto de la causa.
Más allá de todas las bravatas sobre la “democratización de la Justicia”, el kirchnerismo en realidad se propone mantener el statuo quo de la corporación judicial y su relación con los servicios de inteligencia en función de las necesidades del poder del Estado. Como bien denunciaron Horacio Verbitsky y el CELS, la reforma de inteligencia mantiene el artículo 4, el que “durante años le permitió a la ex SIDE investigar a pedido de un juez y así colarse en cualquier causa como ´auxiliar de la Justicia’, alimentando la ‘relación promiscua’ con jueces y fiscales”. Bautizado popularmente “la cadena de la felicidad”, mediante ese sistema los Kirchner así como los sucesivos gobiernos constitucionales se apoyaban sobre genocidas como Stiusso y la SI para armar causas truchas distribuyendo los millonarios fondos reservados, estimados en más de $800 millones (sin ningún tipo de control) entre periodistas, magistrados y funcionarios de los tres poderes, poniendo al desnudo la ficción de la independencia de los poderes del Estado.
Esos fondos millonarios (que la reforma mantiene) alimentaron la relación entre los gobiernos de turno y la corporación judicial, hoy en desgracia en el fin de ciclo kirchnerista, dejando atrás las mieles con jueces de “servilleta” como Claudio Bonadío, que tan buenos servicios prestara en tiempos más prósperos de la década ganada.
Sin duda, el 18 F aportará un silencio para encubrir el ruido de una causa impune con la complicidad de todas las fracciones del régimen. |
