En una clara demostración de persecución sindical y política, la petrolera despidió en abril de 2014 a 9 trabajadores. Entre los despedidos se encontraban activistas sindicales, militantes del PTS y el Frente de Izquierda y candidatos a delegados que se habían presentado en la Lista Naranja contra el oficialismo a las elecciones de Comisión Interna de 2012. En esa oportunidad el oficialismo realizó maniobras fraudulentas (esto reconocido por el propio Ministerio de Trabajo) para impedir que se presenten a elecciones estos trabajadores, que habían realizado denuncias contra la empresa por las condiciones de trabajo, de salubridad, la discriminación hacia las trabajadoras y por la efectivización de la mayoría del plantel que son contratistas y que trabajan a la par de los efectivos y bajo un convenio menor (UOCRA), cuestiones sentidas por la mayoría de la planta.
Shell actuó en los hechos en complicidad con la lista oficialista del Sindicato del Petróleo y Gas Privado dirigido por Alberto Roberti, quien a su vez es Diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa. Tanto la dirección del sindicato como su Comisión Interna no sólo se negaron a reclamar contra los despidos de quienes deberían defender, tampoco hicieron nada por su reincorporación, poniéndose del lado de una de las multinacionales más grandes del mundo que cuenta con millonarias ganancias. Esto les valió que cuando en octubre pasado realizaran una nueva elección ésta tuviera una escasa convocatoria debido al descrédito que generó su actitud. Como denunciamos en La Izquierda Diario.
Incluso Roberti se reunió en junio pasado con Roberto Pignanelli, dirigente del SMATA (el sindicato de Lear) para debatir sobre “la altísima infiltración de la política de izquierda en los lugares de trabajo”, es que para ellos es un peligro que referentes de izquierda conquisten el apoyo de los trabajadores porque son quienes enfrentan con perseverancia tanto los atropellos patronales como las entregadas de los dirigentes burocratizados.
Desde que fueran despedidos y contando con el apoyo de sus compañeros de trabajo, de organizaciones de trabajadores como los de Calsa, Honda, Donnelley, Lear, petroleros de Chubut, Coca Cola, docentes, ferroviarios, de diputados como Nicolás del Caño y Christian Castillo, ambos del Frente de Izquierda, y de sus abogados del CeProDH Gabriela Campos y Matías Aufieri, se realizaron volanteadas, petitorios, cortes del Puente Pueyrredón que permitieron arrancar el fallo favorable para la reincorporación de Analía Portillo y Fernando Luna, que fueron reincorporados en septiembre y noviembre del 2014 respectivamente. En el caso de Portillo se llegó al extremo de que el CEO de la compañía, Juan José Aranguren fue intimado a dar cumplimiento a tal sentencia bajo apercibimiento de ser procesado penalmente por el delito de desobediencia. Sin embargo la empresa, en completa ilegalidad, sigue incumpliendo el fallo de reinstalación que también tiene a su favor Gustavo Michel desde agosto pasado.
La pelea por su reinstalación continúa. Con cortes del Puente Pueyrredón, que también acompañan los reclamos de reinstalación de los trabajadores de LEAR como de los despedidos de Honda, enfrentando patronales que también incumplen los dictámenes de la justicia y que pretenden eliminar de su planta todo intento de organización democrática y combativa de los trabajadores. |
