Sin embargo, además de ser una “trampa jurídica”, como señala el abogado Juan de Dios Hernández Monge y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: “sabemos que si declaramos que reconocemos a los policías, cuando ya hemos declarado que el día de los hechos nos taparon la cabeza con nuestra propia ropa para que no los viéramos, nos van a acusar de falsa declaración. O bien, si decimos que no lo reconocemos, entonces el juez dirá que estos policías acusados no son penalmente responsables de esos delitos. No caeremos en la trampa”, es una maniobra más para dejar en la impunidad uno de los cada día más numerosos atentados y violaciones a los derechos humanos, perpetrados directamente por los que dicen estar al servicio de los intereses de las mayorías.
En el caso de Atenco, poblado del Estado de México entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, el violento operativo fue coordinado por los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y por los tres principales partidos: PRI, PAN, PRD, dejando un saldo de dos personas fallecidas: Javier Cortés, estudiante de secundaria y Alexis Benhumea, estudiante de la licenciatura de Economía en la UNAM, al menos 40 mujeres abusadas sexualmente y más de doscientas personas golpeadas y torturadas física y sicológicamente. Operativo que fue prácticamente una toma militar del pueblo, donde participaron alrededor de 3000 “elementos de seguridad” y por el que ahora pretenden hacer pagar a 20 de ellos, cuando a todas luces fue coordinado e implementado desde las más altas esferas del gobierno, queriendo dejar en la impunidad a quienes son realmente los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
En Atenco también fue el Estado el que mandó golpear, torturar, violar y asesinar, y más allá de los policías y funcionarios penitenciarios que fueron responsables, los cuales se cuentan por centenas, por decir lo menos, los autores intelectuales de los hechos siguen construyendo cómodamente sus turbias carreras políticas: Genaro García Luna, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y ahora aparece como señalado en el caso Florence Cassez; Eduardo Medina Mora, actual embajador de México ante Estados Unidos; Wilfrido Robledo Madrid, quien era director de la agencia de Seguridad Estatal y responsable directo del operativo, y que el año pasado se retiró con honores de la Armada de México, entre otros. Y rematando el cuadro se encuentra el actual presidente de la república Enrique Peña Nieto, del que se han destapado ya varios casos de corrupción y conflictos de interés.
Teniendo en cuenta la impunidad e irresponsabilidad con que el gobierno mexicano ha abordado cuestiones tan sensibles como Atenco o Ayotzinapa, queda claro que para lograr que se haga justicia hasta el final y se castigue a los culpables, tanto materiales como intelectuales, del tristemente amplio catálogo de violaciones a los derechos humanos en México, es necesario que las organizaciones civiles, políticas, defensoras de derechos humanos, los sindicatos democráticos, las asociaciones de abogados democráticos, etcétera, pongan en pie organismos independientes de las instituciones del régimen, que en lo inmediato podría ser la conformación de una gran Coordinadora Nacional Contra la Represión, que de la pelea tanto jurídica como política no solo para que no se sigan cometiendo este tipo de actos, sino también para detener la criminalización a la protesta social y a la juventud, y para lograr esclarecer y condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en la historia reciente de México y que continúan impunes: Acteal, Aguas Blancas, El Charco e incluso los delitos cometidos durante la guerra sucia de los sesentas y setentas. |
