Hoy es la última audiencia del debate por el aborto. Desde su inicio, el 10 de abril, se pudieron escuchar los argumentos de quienes están a favor de la despenalización y de quienes se oponen a que este derecho elemental se transforme en ley.
Se presentaron varios proyectos, pero es el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y gratuito el que tiene el apoyo mayoritario de las diputadas y los diputados que impulsan la legalización de esta práctica médica.
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A medida que se acerca la fecha en la que el proyecto finalmente llegará al recinto, el llamado “poroteo” de votos cobra fuerza. Por el momento, y de acuerdo a la información que tiene la Campaña, la votación estaría dando 120 a favor, 110 en contra y poco menos de 30 indecisos.
Si bien el proyecto de la Campaña es claro, desde hace unas semanas circula por el anexo del Congreso el fantasma “modificador”. Esto significa sin más que de aprobarse debería ser con algunos artículos reformulados.
Por ahora se presume que las discusiones girarán en torno al acceso a esta práctica para menores de edad, los profesionales que se amparen en la objeción de conciencia y el acompañamiento de la persona que solicite un aborto.
Uno de los ejes de discusión gira alrededor de los pasos a seguir una vez que la persona gestante manifiesta su decisión de interrumpir el embarazo. Así el proyecto de la Campaña establece que basta con el solo consentimiento ante un profesional de la medicina.
Sin embargo parecería que, planteado de esta forma, no sería viable. Las opciones que se están manejando son las de establecer consejerías o que la persona solicitante tenga un período de “reflexión” de tres días.
Es imposible no interpretar estas dos alternativas como claros obstáculos para aquella persona que decida interrumpir un embarazo. De otra forma es inexplicable que una vez formalizado el pedido de aborto la persona solicitante tenga que irse a su casa “a pensar” tres días.
Si hablamos de legalizar el acceso al aborto pero la práctica se va a transformar en una larga cadena de trámites burocráticos, la ley servirá solo para el marketing político.
Específicamente por la objeción de conciencia fue Daniel Lipovetzky (PRO) quien preside la comisión de Legislación General, el que presentó un proyecto que introduce este tema. Para quien aún no sabe de qué se trata, la objeción de conciencia abre la posibilidad y ampara a aquel profesional que, escudándose en una razón religiosa, se niega a realizar un aborto no punible a la persona gestante que lo solicite.
Otra de las discusiones se plantea alrededor de las causales que permiten interrumpir el embarazo más allá de las 14 semanas. El proyecto de la Campaña establece que las causales son violación o riesgo de vida o salud de la persona gestante y agrega malformación fetal grave. La modificación se haría sobre esta última definición especificando que se permitirá siempre que se trate de cuadros incompatibles con la vida extrauterina.
Con la finalización de las jornadas de debate se abre una de las instancias importantes que es la obtención del dictamen. Todo hace presuponer que será en mayoría, por lo que por primera vez se podrá tratar en la Cámara Baja el proyecto de legalización del aborto.
Las expectativas están puestas en los indecisos. Pero también es importante tener en cuenta qué proyecto avanzará hacia una votación.
La lucha que dio y está dando el movimiento de mujeres por alcanzar este derecho es ejemplar y por eso no debe restringirse a proyectos diluidos en pos de tener “una ley posible”. | 
