Una masiva marcha recorrió las arterias de Managua a 48 días del inicio de las protestas mientras continúan las negociaciones, vía el “dialogo nacional” que busca una salida favorable a los de arriba.
Este miércoles se llevó a cabo la llamada "madre de todas las marchas", en alusión al día de las madres en Nicaragua, y que se declaraba en apoyo a las 83 mujeres que han perdido a sus hijos durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. La misma terminó con un tiroteo, en el que se reportaron al menos 3 muertos y 30 personas heridas en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).
Luego del tiroteo la situación en Managua tomó cauces inesperados, provocando arremetidas contra la principal emisora gubernamental "Nueva Radio Ya" con morteros de fabricación artesanal por parte de los que protestaban, y contra el canal 100% Noticias, crítico con el gobierno, por parte de grupos ligados al gobierno orteguista.
De acuerdo con las agencias periodísticas, la carretera a Masaya, una de las más amplias y transitadas de Managua, se vio desbordada por lo que se dio en llamar una "marea" de colores azul y blanco -que representan la bandera de Nicaragua-, con una multitud cubriendo todo el ancho de la vía, que “en algunos momentos superó los 20 metros, por más de 5 kilómetros, desde el extremo sureste hasta el centro de la capital nicaragüense”. También se realizaron marchas en otras partes de Nicaragua.
Respecto al tiroteo al final de la marcha, según distintos medios de prensa, el ataque ocurrió mientras las madres agradecían a cientos de miles de nicaragüenses haberlas acompañado en la caminata de este miércoles. De acuerdo con lo trascendido, el ataque fue perpetrado por agentes de la Policía Nacional y fuerzas de choque que estarían vinculadas al gobierno. Antes de este tiroteo, la marcha, en la que participaron cientos de miles de personas, se había desarrollado sin incidentes.
Es de recordar que las protestas en Nicaragua, que atraviesa una gran crisis política, comenzaron el 18 de abril con movilizaciones contra medidas regresivas de la seguridad social anunciadas por el gobierno de Ortega. A pesar del retroceso del gobierno, levantando el decreto por el grueso de las manifestaciones y con la intención de descomprimir, la situación no dio marcha atrás.
Lejos de ello, fue tomando mayores dimensiones, más aún debido a la muerte de decenas de personas por los actos de represión. Este miércoles se cumplen 43 días de una crisis que se ha cobrado al menos 76 muertos y 868 heridos, según cifras de la CIDH aunque, según Amnistía Internacional los fallecidos son 83. De esta manera en Nicaragua se ha abierto una gran y larga crisis nacional de inciertas proyecciones.
Pero lo que le ha dado más dinamismo a las protestas que en su inicio tuvieron como protagonistas a estudiantes universitarios de Managua y sectores de la población de la capital, ha sido su extensión a diversas partes del territorio nacional, incluyendo ciudades que eran consideradas símbolos del sandinismo, como Estelí, Masaya, León, entre otras. Esto aunado a la incorporación de pobladores y campesinos que habían levantado su demanda contra la construcción del canal interoceánico. Por eso, en este día miércoles, campesinos del norte, noroeste, sur y sureste de Nicaragua, dejaron sus protestas locales en diferentes zonas del país, para sumarse a la manifestación en la capital nicaragüense desde tempranas horas en caravanas masivas.
Mientras se realizaba esta marcha de protesta, el gobierno de Ortega convocó una contramarcha: miles de personas partieron por la avenida de Bolívar a Chávez, que se extiende entre el norte y el antiguo centro de Managua, llegando a la rotonda Hugo Chávez, el símbolo de poder de la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. Allí se declaró que parte de los participantes era madres de los considerados héroes y mártires que perdieron la vida en la revolución que derrocó la dictadura somocista en julio de 1979.
La masiva manifestación de protesta contó con el apoyo de las cámaras empresariales, la Iglesia Católica, además de sectores estudiantiles universitarios y la llamada sociedad civil, agrupados en lo que se da en llamar la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es que la represión tras semanas de protestas ha erosionado el apoyo que Ortega construyó entre la Iglesia, los militares y empresarios y que le permitieron llegar al gobierno en el 2006, mientras se indica también que en el Ejército hay señales de disconformidad. Pues es de recordar que durante una década, Ortega contó a favor con los pactos tejidos con las élites empresariales y la Iglesia.
La salida reaccionaria que preparan los de arriba frente a la crisis
Pero mientras importantes sectores sociales se han puesto en movimiento, sobre ellos se han montado actores políticos que monopolizan la discusión en torno a la salida a la crisis. Se trata del propio gobierno por un lado, y por el otro las grandes cámaras empresariales y la Conferencia Episcopal que buscan negociar vía el “diálogo nacional”, utilizando a los sectores movilizados como arma de presión.
Este mismo día, grandes empresarios de Nicaragua de la talla Carlos Pellas y Roberto Zamora, solicitaron públicamente el adelanto de elecciones “para superar la crisis sociopolítica”. Pellas y Zamora dieron declaraciones momentos después de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), del que son rectores, emitiera un comunicado en el que se instaba a los miembros del sector privado a renunciar a sus cargos en comisiones, comités o juntas directivas de instituciones públicas.
El “diálogo nacional” que se viene realizando entre el Gobierno de Ortega y dicha Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se encuentra “congelado” esperando que sea anunciada su reactivación, con los temas que están sobre la mesa. En particular la llamada “democratización del país” demandado por esta Alianza Cívica o la desinstalación de los bloqueos en las carreteras que demanda Ortega. Más allá de este supuesto “congelamiento” las negociaciones siguen su curso, donde la Iglesia Católica –otrora gran aliada de Ortega- actúa como “mediadora”.
Este “diálogo nacional” volverá a reactivarse en los próximos días después del acuerdo alcanzado el pasado lunes 28 entre el Gobierno y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la llamada Comisión Mixta -integrada por tres miembros del Gobierno y otros tres de la denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- acordó su reanudación.
De acuerdo con un comunicado ese lunes de la Comisión de Mediación, conformada por los obispos de la Conferencia Episcopal, afirmaban que "la delegación del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización". Asimismo, destacaba que la Alianza Cívica "reafirmó su compromiso a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques (bloqueos)". "Firmamos el acuerdo para continuar el diálogo, y lo firmaron los representantes del Gobierno, de manera que el compromiso es para ellos", sostuvo Carlos Tünnermann, uno de los integrantes de la Alianza Cívica en la Comisión Mixta.
Es fundamental forjar una salida independiente de los trabajadores, campesinos y la juventud
Frente a estas negociaciones y salidas por arriba, todas reaccionarias, la situación política demanda que los trabajadores, campesinos y estudiantes, luchen contra el régimen bonapartista de Ortega, pero que al mismo tiempo enfrenten la estrategia de “diálogo y transición”, incluso la de aquellos que buscan un recambio en el poder favorable a la élite empresarial funcional a los intereses del imperialismo.
Es por esto que estas cámaras empresariales, la propia Iglesia y los sectores que se denominan “sociedad civil”, organizados en la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia buscan ubicarse como dirección política de este importante movimiento que ha entrado en actividad, para imprimirle su sello reaccionario manipulando en hombros de la multitud, que se manifiesta masivamente ya harta de la situación. Por eso es que desde ya hay que denunciar toda injerencia imperialista y de la OEA que habla demagógicamente en nombre de la “democracia”, cuando lo que menos les interesa es que sea el pueblo trabajador, campesino y popular que decidan realmente en los destinos del país.
Lo que demandan la resistencia y las aspiraciones de los trabajadores, los campesinos, las mujeres oprimidas y la juventud es una orientación independiente, que les permita incidir en la crisis y abrir las puertas a una salida progresiva.
Ni bonapartismo de Ortega y Murillo, ni pacto para una “transición” a la “democracia para ricos” de los patrones, los curas y la Embajada yanqui. Que la crisis nacional no la resuelvan entre cuatro paredes. Que el pueblo delibere y decida democráticamente sobre todos los problemas en una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, impuesta por la movilización en las calles.
Es por eso que la situación política pone sobre la mesa la necesidad de un curso independiente de las protestas y movilizaciones, para que trabajadores y campesinos puedan pesar en la escena nacional, con sus propias demandas e intereses fundamentales. Para ello es esencial que la clase trabajadora nicaragüense entre a escena y se ponga en el centro político, con sus propios métodos de lucha y sus banderas, para unir detrás su programa a las masas populares del campo y la ciudad, en la perspectiva de un gobierno propio de los trabajadores apoyado en el campesinado pobre y las masas explotadas.
