Ante la oleada de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas y sus alrededores, que suman ya 23 casos entre febrero y mayo de 2018, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un nuevo llamado de atención al gobierno mexicano.
Según organizaciones de derechos humanos locales citadas por El País, no son 23 sino 40 los casos desaparición forzada en el mismo periodo. En lo que sí coinciden las denuncias es que muchas de las personas desaparecidas (cinco de ellas menores de edad), han sido sustraídas mientras realizaban su vida cotidiana por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad federales.
La oficina del alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, indicó que según testimonios llegados a la ONU-DH, la mayoría de las desapariciones ocurrieron entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las recomendaciones del Alto Comisionado, aunque van construyendo un archivo de la impunidad, no se traducen en medidas que apunten a erradicar la violencia ni la descomposición social. Así lo demuestran las medidas cautelares emitidas por su oficina a la Secretaría de Marina y otras dependencias el pasado 10 de mayo, mismas que no sirvieron para evitar la desaparición de tres personas más desde entonces.
Como ha podido constatarse en infinidad de casos, la Policía, el Ejército y la Marina no sólo son responsables de la impunidad, sino las más de las veces sus principales beneficiarios. Velando por los intereses del crimen organizado y los empresarios a los que están ligados, al amparo de la militarización y leyes como las de Seguridad Interior, son parte de los primeros eslabones de una cadena de violencia y descomposición social que ha cobrado la vida de miles de personas en los últimos doce años de "guerra contra el narco" y ha elevado las de por sí grandes cifras de desaparición forzada en México. | 
