Tras la convocatoria a Asamblea General en el Aula Magna de la Carrera de Derecho por el Primer Ejecutivo del Centro de Estudiantes, Brayan Esprella, se demostró nuevamente la línea política antidemocrática y reaccionaria de la camarilla docente-estudiantil a quiénes representan.

La primera “convocatoria” a asamblea, en dos años de gestión, se constituyó en una reunión completamente alejada de la base estudiantil y con el objetivo de legitimar su gesto mediocre de “exigencia para aprobar un comité electoral”. Los pocos estudiantes que consiguieron enterarse, participaron desconociendo esta convocatoria “por haberse realizado a ocultas de la base estudiantil”, y demandaron fiscalizar al centro de estudiantes “previo a cualquier elección”. La posición de los estudiantes no fue de contento para las camarillas, quienes inmediatamente reaccionaron con gritos que más tarde agravaron con violencia, agrediendo a una compañera en el rostro.

Este régimen antidemocrático hegemonizado por camarillas docentes-estudiantiles, está cada vez más degenerado. Sus peleas internas entre oficialistas y opositores, sólo terminan afectando a los estudiantes quienes reclaman mayor participación en las asambleas estudiantiles, y un centro de estudiantes para estudiantes. Ni siquiera fueron capaces de movilizarse por el asesinato del joven estudiante de 20 años, Jonathan Quispe, de la UPEA, cuando toda nuestra universidad emitió la convocatoria para la marcha de repudio a la represión y en solidaridad con los estudiantes de la UPEA y la familia de Jonathan. Ambas camarillas han demostrado no estar a la altura académica que requiere el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) ni tampoco han mostrado ninguna consistencia ética, convirtiendo ambos bandos las oficinas del centro en bares y discotecas.

Desde la Corriente Estudiantil Revolucionaria OCTUBRE, denunciamos la violencia generada por los grupos de choque del CED y exigimos se eleve proceso universitario a todo éste grupo que generó la violencia, rechazamos toda forma de legitimación del comité electoral hasta que se fiscalice al centro de estudiantes y exista una rendición de cuentas aprobada por auditoria.