El viernes pasado, en conferencia de prensa, los ministros Dujovne (Hacienda) e Ibarra (Modernización) señalaron que los ingresos a la administración pública nacional quedaban congelados por dos años. Al mismo tiempo anunciaron que se terminarían los convenios existentes entre el Estado nacional y diversas universidades públicas.
Esto podría implicar que queden en la calle 7.000 trabajadores. No se trata del primer ajuste en este sector, donde según diversas fuentes ya fueron despedidas alrededor de 8.000 personas.
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Los despidos en este sector podrían derivar en una serie de juicios laborales contra el Estado. Los convenios firmados implicaban un sistema de contratación por parte del Estado nacional en condiciones de precariedad.
Esta tercerización de los contratos fue utilizada ampliamente por el gobierno durante el kirchnerismo. Permitía mantener durante años trabajadores que ejercían funciones para el Estado pero lo hacían por un menor salario y por fuera de convenio.
Precisamente, el gobierno de Macri se apoya sobre esta informalidad laboral que dejó la administración kirchneristas para esconder los despidos diciendo que son “contratados” a quienes se les termina, justamente, el contrato.
Este es un capítulo más del ajuste que se le hace a todo el pueblo trabajador. El nuevo acuerdo con el FMI significará aún más ataques a los trabajadores y los sectores populares. | 
