El punto central es el combate a la corrupción. Éste ha sido uno de los principales argumentos de cómo llevar adelante el nuevo Proyecto de Nación por parte de Andrés Manuel López Obrador.
En una carta exclusiva a El Financiero, el candidato de la alianza entre el Morena, el PT y el PES, argumentó que la corrupción desaparece el 20% del presupuesto público. Si se erradica, se liberarán un billón de pesos anuales, aunque incluso Alfonso Romo (quien es coordinador del Proyecto de Nación de MORENA), reconoció que no alcanza el presupuesto para llevar a cabo todas las propuestas de campaña que ha hecho AMLO para las próximas elecciones.
Algunos analistas plantean que se necesitaría alrededor de 4 billones de pesos adicionales para poder llevar a cabo las propuestas de Obrador, donde se incluye uno de sus argumentos centrales que es la creación de refinerías (se calcula que una refinería cuesta aproximadamente 200 mil millones de pesos).
Austeridad del gobierno. Los recortes al gasto público han sido las medidas de política fiscal que ha impulsado este sexenio el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mientras el gobierno recorta el dinero destinado a servicios públicos, como salud, educación y ciencia, el presupuesto a las fuerzas armadas aumentó 29,652 millones de pesos (mdp) para este 2018, ¿la austeridad no debería incluir también la reducción del presupuesto destinado a las fuerzas castrenses, la policía y la Marina?
Hablar de la austeridad del gobierno en lo abstracto deja de lado también el enorme presupuesto dedicado a mantener a los altos funcionarios públicos, los diputados, senadores, secretarios de gobierno, etc.
Para de verdad terminar con la corrupción y los privilegios, Sulem Estrada, maestra y candidata independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la Ciudad de México, propone que todo funcionario gane lo mismo que una maestra, y que los recursos que se ahorren se destinen a aumentar el presupuesto para salud, educación y otras necesidades sociales de las mayorías.
Mantiene el outsourcing. El outsourcing ha sido uno de los mecanismos de contratación que más ha beneficiado a las patronales y a las grandes empresas. Terminó con muchos de los derechos conseguidos con años de lucha, sangre y muertos por parte de los trabajadores. Flexibilizó los horarios, aumentó la jornada laboral, redujo los salarios, atacó la contratación colectiva, los sindicatos, propició la inestabilidad laboral y terminó con el reparto de utilidades.
En una entrevista para Nación321, Luisa María Alcalde, quien es la apuesta de AMLO para ocupar la Secretaría de Trabajo, afirmó que el verdadero problema de la subcontratación es que no se aplican los mecanismos legales que se regulan y que su plan de trabajo sería “recuperar la inspección del trabajo” para verificar que la ley se cumpla y que “no haya un abuso de la subcontratación”.
Un gobierno al servicio de los trabajadores debería empezar por declarar ilegal el outsourcing, y alentar la organización y la lucha del conjunto de la clase trabajadora, sindicalizada y no sindicalizada, por recuperar todos los derechos que se han perdido en los últimos años.
Los intereses de los trabajadores y los empresarios son completamente contrarios, antagónicos, de ahí radica la imposibilidad de que exista un gobierno para ambos.
Por eso, quienes impulsamos la candidatura anticapitalista e independiente de Sulem Estrada, proponemos la ilegalización del outsourcing y la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas al día 5 días a la semana.
No plantea la renacionalización del petróleo. Quienes asesoran a AMLO han reconocido que el siguiente paso en la reforma energética es analizar los contratos para checar que no haya “irregularidades”, e incluso en su propuesta “Pejenomics” plantea que frente a la nacionalización de empresas, el problema es la falta de condiciones para una competencia justa en el mercado.
En el marco de “lo legal”, dicen sus asesores: AMLO podrá detener el seguir otorgando concesiones, pero no puede echar atrás las licitaciones que ya se han entregado.
Para obtener los recursos necesarios para lograr su proyecto de nación es necesaria la renacionalización sin pago de los sectores estratégicos como el energético y la minería, pero que nuevamente, es imposible en un gobierno que busca conciliar los intereses de empresarios y de trabajadores.
Se propone otorgar créditos baratos y mayores facilidades a las PyMEs. Aunque no se especifica cómo se llevaría a cabo el financiamiento de estos créditos existen dos alternativas, que sean financiados por el Estado o por la banca privada.
Leer: Por qué México no debe pagar la deuda pública: un debate con Morena
Por un lado, ante la falta de recursos, la financiación por parte del Estado implicaría aumentar la de por sí ya histórica deuda pública y sería una contradicción, puesto que AMLO plantea no aumentarla. Por el otro, la banca privada ya obtiene enormes ganancias otorgando créditos mucho más caros a las PyMEs que a las grandes corporaciones.
Ante este problema, un gobierno al servicio de los trabajadores y el pueblo, con el apoyo de la movilización popular, nacionalizaría y unificaría la banca para ponerla al servicio de los pequeños productores y del desarrollo de los sectores estratégicos del país, otorgando créditos baratos para las PyMEs y las industrias nacionalizadas sin pago, bajo control de los trabajadores. | 
