El martes se realizó una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en el marco del caso Maldonado. Los jueces de ese Tribunal deben resolver el destino de las múltiples escuchas ilegales realizadas en el mes de septiembre de 2017 sobre querellantes y testigos del caso por parte del juez federal de Esquel Guido Otranto y la fiscal federal Silvina Ávila.
Las escuchas fueron declaradas por el juez Gustavo Lleral como violatorias de derechos humanos y de la intimidad de las personas e inconstitucionales, por lo que ordenó (tras ocho meses de tenerlas en su poder) su nulidad como prueba y su destrucción. Pero la propia fiscal Ávila, interesada en seguir teniendo esas escuchas a su alcance, apeló la decisión de Lleral y ahora es la Cámara la que debe resolver.
Si bien el Tribunal decidió tomarse unos días más para fallar sobre la cuestión de fondo, lo que ya ordenó fue que se investigue cuál fue el recorrido de esas escuchas desde que se grabaron hasta hoy y en qué momento se rompió la cadena de custodia de las mismas. Vale recordar que, a través de la manipulación y tergiversación de esas escuchas ilegales, pseudoperiodistas de Clarín, La Nación e Infobae vienen fogoneando una campaña contra la familia Maldonado, contra abogados de derechos humanos y contra la comunidad mapuche.
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Amenazas
El martes a la mañana Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia llegaron a los tribunales de Comodoro Rivadavia esperando escuchar una decisión favorable de parte de la Cámara. También estuvo allí Federico Efron, abogado del CELS, quien como parte de esa querella también pretende que se cumpla con lo ordenado por Lleral sobre las escuchas.
Además de recibir los fundamentados argumentos de las querellas en palabras de Heredia y Efron, los jueces Javier también Leal de Ibarra (quien preside la Cámara) y Aldo Suárez escucharon a Sergio, quien entre otras cosas responsabilizó al propio Poder Judicial por el estado actual de la no investigación sobre qué pasó con su hermano y por algunos de los derivados nefastos de la causa, como las escuchas ilegales sufrida por él y varios testigos.
Sergio contó a La Izquierda Diario que le manifestó a los jueces que están recibiendo amenazas. “Todavía no voy a dar detalles hasta que hagamos la denuncia correspondiente pero sí, estamos recibiendo amenazas y le aclaré al juez que vamos a responsabilizar a la Justicia en el caso de que a mí, a algún familiar mío o a algún allegado o amigo que nos acompaña le llegue a pasar algo, por mínimo que sea”, aseguró el hermano de Santiago.
Responsabilizar al Poder Judicial es una consecuencia lógica, “porque estamos en este punto por culpa de la Justicia. Si hubieran actuado bien el año pasado, si no hubiesen prejuzgado (que por eso logramos que desplazaran a Otranto, por haber dicho que Santiago se había ahogado), si no se hubiesen cometido todas las irregularidades que se cometieron, todo sería distinto”, dijo Sergio.
Maldonado está convencido de que, de haber hecho lo que tenían que hacer jueces y fiscales, no se hubiera generado la rabiosa campaña política y mediática contra quienes quieren saber la verdad y alcanzar la justicia por Santiago. “No hubiéramos llegado al ataque que se fue generando contra nosotros, particularmente contra mí y mi familia, desde trolls hasta campañas de desprestigio en los diarios. Es culpa de la Justicia no haber cuidado nada de eso”, aseguró.
Un grupo de amigos y allegados acompañaron a Maldonado y Heredia a Comodoro Rivadavia - Foto sitio Crónica
Desconfianza
Al igual que su abogada Heredia y su compañera Andrea Antico, Sergio desde el principio decidió no confiar en ningún funcionario político ni judicial. “Es que todo lo que se va dando nos hace pensar así. ¿Cómo vamos a confiar en el juez Otranto, en la fiscal Ávila y en su secretaria, que en vez de buscar a Santiago eran los que nos espiaban a nosotros? ¿Cómo vamos a confiar en un médico que termina filtrando desde la morgue las fotos de Santiago? ¿Cómo vamos a confiar en otro juez que, en lugar de recusar y sancionar a Otranto por todo lo mal que hizo, sólo lo terminó apartando por el prejuzgamiento expresado en un diario? Todos son responsables”.
Y esa desconfianza tiene más nombres y apellidos. Incluso algunos se entremezclan en una trama que no deja pensar en otra cosa que en la impunidad. Por caso, el juez Leal de Ibarra es quien dirige, junto a su colega Martín Irurzun, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, el órgano de la Corte Suprema encargado precisamente de las escuchas telefónicas.
“El mismo Leal de Ibarra preside la Cámara de Comodoro Rivadavia, es decir quien tiene que resolver qué hacer con las escuchas”, reafirma Sergio.
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Justicia machista
Además de denunciar las amenazas y de exigir que se avance por verdad y justicia para Santiago, Sergio Maldonado acusó al Poder Judicial por su carácter machista. Vale mencionar que tanto él como su abogada Heredia se presentaron en los tribunales con sendos pañuelos verdes al cuello, acompañando así la campaña nacional por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se está por votar en el Congreso.
“Les dije a los jueces que en las tres cámaras son todos hombres y eso demuestra que en la pirámide judicial las mujeres están abajo y eso es muy machista”, dice Sergio. Y les puso como ejemplo que la Justicia está representada por una mujer (la conocida figura de la diosa griega Themis instituida desde el año 452) pero en los hechos son los varones los que hegemonizan al Poder Judicial.
“Les dije eso y que podrían empezar a aportar un granito todos los días para equiparar esa balanza que está para el poder y no para los más desprotegidos”, afirmó.
Tras esas definiciones, el hermano de Santiago decidió no hablar mucho más. “No fuera a ser cosa que la Cámara vuelva a prejuzgar, me declare loco y me mande a un psiquiátrico. Porque para ellos la justicia se basa en prejuzgar. Terminé diciéndoles que cambien de Bioquímico para ver si en el próximo chequeo les encuentran sangre en las venas”, ironizó Maldonado.
Nuevo pedido en la causa de espionaje
Mientras en Comodoro Rivadavia Sergio, su abogada y el representante del CELS hablaban con los jueces de la Cámara de Apelaciones, en Buenos Aires el juez federal Daniel Rafecas enviaba un nuevo pedido al juez Gustavo Lleral para que remita los expedientes de las causas de habeas corpus y desaparición forzada de Maldonado para poder investigar la causa por espionaje ilegal iniciada por los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Rafecas reiteró el pedido “atento el tiempo transcurrido” sin novedades al respecto desde la primera solicitud, realizada el pasado 27 de marzo.
En el escrito enviado al Juzgado Federal de Rawson, donde Lleral es titular, el juez de Comodoro Py vuelve a pedir que se “remita copia certificada de los expedientes n° 8232/17 y n° 8233/17, como así también copia de todo el material obrante de carácter audiovisual, ya sea fotográfico, fílmico, audios o archivos digitales o de cualquier otro formato, extraídos de computadoras y/o teléfonos celulares y/o cualquier otro dispositivo”.
Como viene informando este diario, Lleral se niega sistemáticamente a enviar esos expedientes. Es que sabe muy bien que muchas de las “pruebas” que allí fueron volcadas pueden comprometer tanto a la Gendarmería como al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich respecto a tareas de seguimiento, espionaje ilegal y hostigamiento a querellantes, testigos y organismos de derechos humanos.
No por nada en esa causa, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, un alfil de Bullrich y de la propia Corte Suprema, Gonzalo Cané, se presentó como “autoimputado” para lograr tener acceso directo al expediente, tal como ya lo tienen en la causa tramitada en los tribunales patagónicos a partir de haber “autoimputado” al entonces subalferez (ahora ascendido a alferez) Emmanuel Echazú. | 
