“[En la reunión del 5 de junio] Encontramos una postura de Andrés Manuel López Obrador de que es viable y conveniente el nuevo aeropuerto, que veamos cómo lo podemos financiar”, afirmó este miércoles 6 Juan Pablo Castañón el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Enriquece la visión de un México moderno y con futuro”. Desde el equipo del candidato del Morena no han desmentido estos dichos.
Tras varios roces y escaramuzas –durante las cuales algunos de los principales empresarios de México intentaron coaccionar el voto de sus trabajadores– en la reunión del 5 de junio, parece que las grandes patronales y López Obrador, el favorito en la intención de voto, acercaron posiciones.
El dirigente empresarial afirmó que AMLO considera “viable y conveniente” el proyecto en curso, luego de meses de críticas. La conciliación entre lo más concentrado del capital mexicano y AMLO parece ser la clave del momento, a sólo 24 días de las elecciones presidenciales del 1 de julio.
Así, el nuevo aeropuerto –ya en construcción, con una inversión de 13,300 millones de dólares– que había sido el epicentro de una de las tormentas, hoy es el punto de acercamiento.
Es que el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo) dejó atrás su propuesta alternativa de conservar el aeropuerto actual en operación después de un trabajo de mantenimiento y convertir la base aérea militar de Santa Lucía (50 kilómetros al norte de la Ciudad de México) en el segundo aeropuerto de la capital.
Hace un tiempo, López Obrador había afirmado del proyecto en curso “Es un símbolo de despilfarro y corrupción que no toleraré”, en un cruce con el magnate Carlos Slim, que tiene intereses en la obra como financiador y como constructor. “Si quiere el aeropuerto que lo haga con su dinero”, había señalado el candidato.
Guiño al gran capital
Pero su postura cambió, aun cuando se habían multiplicado las voces críticas contra una obra que es un franco despropósito: desde el saqueo de las tierras de pueblo de San Salvador Atenco hasta el ecocidio del lago de Texcoco, y la edificación del aeropuerto sobre el lecho del lago, un terreno que presentará hundimientos y requiere de un flujo constante de inversión para sostener la infraestructura.
Hace poco tiempo, López Obrador propuso que, una vez construido, el aeropuerto sea explotado por una empresa de titularidad 100% privada y no por una sociedad estatal, como establece el proyecto original del gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI).
Y con esta alternativa, el Estado no lo financiaría, y los empresarios, otra vez, se aseguran ganancias extraordinarias por la explotación del aeropuerto, una infraestructura vital para el transporte aéreo, clave para las exportaciones y el turismo.
En el esquema de financiamiento actual, el 70% del dinero para su construcción es privado –a través de bonos a 10 y 30 años– y el 30% –casi 4.000 millones de dólares– proviene de las finanzas públicos.
Quedan fuera del horizonte las necesidades sociales. Los grandes empresarios como Slim –beneficiados con la imposición de salarios a sus trabajadores que se cuentan entre los más bajos del mundo– se embolsarán miles de millones de dólares. Así tiende la mano López Obrador –quien ha despertado grandes ilusiones en amplios sectores de la población– a los magnates, los mismos que mantienen en la miseria a las mayorías con el apoyo incondicional de los gobiernos de turno.
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Las comunidades que residen cerca del lago de Texcoco fueron despojadas de sus tierras. La flora y la fauna del lugar está en proceso de aniquilamiento.
Sulem Estrada, candidata independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la Ciudad de México, consultada al respecto señaló:
“El terreno donde se está construyendo es el peor que se podía elegir. Es indignante el despojo de tierras , el destrozo de los cerros cercanos para rellenar el lecho del lago de Texcoco. Una obra pública de la magnitud del nuevo aeropuerto, para que en realidad atienda las necesidades sociales, debería haber sido planeada por trabajadores y profesionistas que no estén comprados por los grandes empresarios."
"El financiamiento no puede salir del sector privado ni del endeudamiento del país. Se puede financiar con el cese del pago de la deuda externa (y sus onerosos intereses) y con el establecimiento de impuestos progresivos a las grandes fortunas como las de Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros”.
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