En ese contexto, Macri afirmó: " No queremos que nos mientan, no queremos corrupción, no queremos parches a problemas de fondo, no queremos un Estado socio del narcotráfico, que no hizo nada para pararlo". El plan depende de un proyecto de ley presentado por el oficialismo y al que adhirió parte de la oposición.
Estas son algunas de las frases con las que el Presidente “conmovió” al auditorio, en el que estuvieron presentes 300 jueces, mandatarios provinciales, funcionarios de Cambiemos y políticos del PJ. Entre ellos se encontraba el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, los jueces federales Claudio Bonadio, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, y Martínez de Giorgi, entre otros. También estaban los gobernadores Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gerardo Morales (Jujuy), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alberto Weretineck (Río Negro), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba). Desde el Gobierno se hicieron presente parte del gabinete, además de los legisladores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Emilio Monzó.
El plan “Argentina sin narcotráfico” que lanzó Macri contempla las siguientes medidas: designar 94 jueces federales y 85 fiscales en todo el país para atender causas de narcotráfico. Además, el 21 de junio el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el nuevo proyecto del Código Penal, que "prevé un agravamiento de las penas contra el narcotráficoa elevar el proyecto del nuevo Código Penal. Conjuntamente con estas medidas, incluirán radares en las fronteras donde además aumentarán la presencia de las fuerzas de seguridad.
Dentro de estos anuncios hubo un gran ausente: nada menos que el informe sobre cuál es la penetración del narcotráfico en el país y qué organizaciones operan. Los especialistas en el tema le vienen reclamando al Gobierno que presente un informe que dé cuenta si existe una amenaza real por parte de estas organizaciones criminales, que justifique el aumento del presupuesto en equipamiento y despliegue de uniformados por los barrios populares.
No obstante, hasta hoy, el macrismo hace campaña con este tema. La falta de informe le permitió a Macri afirmar ante su auditorio que durante su gestión “hay 40 % más de detenidos y se incautó casi 1000% más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana”.
De los pocos datos difundidos sobre causas ligadas al narcotráfico, se conoce las publicadas por el fiscal federal Federico Delgado, quien viene realizando informes estadísticos de expedientes abiertos en su despacho. Delgado informó que en una quincena de octubre de 2016 se abrieron 301 causas: el 77 % de ellas, unos 231 casos, correspondió a violaciones a la Ley de Drogas. Sin embargo, no se trata de narcotraficantes, sino de consumidores. Asimismo indicó que en 2017 las causas por tenencia simple habían aumentado significativamente. ¿A esto el Gobierno llamará? “golpe al narcotráfico”.
Comando sur
El 19 de enero de 2016 Macri firmó el decreto 228 que declaró la “emergencia de seguridad pública”. Allí se estableció que el narcotráfico es una amenaza para la soberanía y que se deben “adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado Nacional en orden a enfrentar los flagelos señalados”. Este decreto incluye el derribo de aviones bajo el pretexto del avance del narcotráfico y, además, le permitió aumentar el presupuesto para seguridad sin pasar por el Congreso.
Ese mismo año en la primera apertura de sesiones ordinarias del Congreso Macri citó un informe de Naciones Unidas que decía que Argentina es el tercer proveedor mundial de cocaína. Posteriormente la ministra Bullrich dijo que “Argentina es punto de salida para Europa. Estamos en alerta amarilla”. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas del 2016 no incluyó a la Argentina entre los países más complicados en estas problemáticas.
A mediados del año pasado la ministra aseguró que el narcotráfico en el país retrocedió cualitativamente, “las bandas narco ya no son negocio en la Argentina”, dijo. La administración Cambiemos había “logrado”, con poco esfuerzo, sin detener a los capos de la droga, derrotar a las bandas criminales que organizan el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas.
Luego de estos “éxitos”, el Gobierno volvió a usar el pretexto del avance del narcotráfico en el país para aumentar la persecución a la población. Este año los ministros de Seguridad y Defensa firmaban en Miami acuerdos con el Comando Sur de Estados Unidos, para “combatir” las nuevas amenazas, entre ellas el narcotráfico. Bajo este pretexto se esconde la verdadera política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina que busca el control del territorio latinoamericano y sus recursos. Para esto apuntan a una permanente militarización social y política en la región y la construcción de las nuevas amenazas, les sirven a estos objetivos.
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Los recientes acuerdos firmados por los ministros de Seguridad y Defensa, implican mayor injerencia imperialista en el país, que entre otras cosas autoriza a que bases militares se instalan en el país. Raúl Godoy, obrero de Zanon y legislador neuquino, presentó un proyecto de ley para que se prohíba la instalación de una base militar en la cuenca neuquina, autorizada por el gobierno provincial y nacional, muy cerca de Vaca Muerta.
Además, los acuerdos con el Comando Sur, permiten a las fuerzas de seguridad de ambos países realizar ejercicios conjuntos, y, de cara a la Cumbre del G-20, el Comando Sur prestará soporte técnico en asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento. Bajo el pretexto de la importancia de esta cumbre para el país, militarizarán todo el territorio argentino y espiarán a quienes quieran.
Por lo tanto, el anuncio de Macri no es más que el cumplimiento de las exigencias del Comando Sur. Que no significa otra cosa que "militarizar" el país, endurecer el Código Penal, no para perseguir a los narcotraficante, sino para aumentar el control social de la población.
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