Desde inicio de Junio las y los trabajadores del Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso se encuentran en un paro indefinido, a lo cual se ha sumado la comunidad artística porteña y organizaciones de la asamblea auto convocada del parque cultural en una toma indefinida del recinto. Los trabajadores están en paro por el no pago íntegro de sus remuneraciones durante mayo y reclaman dar salida a crisis económica que atraviesa el centro cultural, que tiene una deuda que alcanza los 250 millones de pesos. Además, exigen explicaciones de porque el Centro Cultural se quedó sin plata para funcionar, teniendo 1.100 millones anuales de presupuesto. El déficit económico del parque es una situación que se arrastra del gobierno de Bachelet e incluso del primer gobierno de Piñera con Cruz Coke como ministro.
La intendencia y el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no han dado ninguna respuesta, además han atrasado la conformación del directorio del Parque Cultural que desde el mes de Marzo está pendiente. Conformación del directorio que también está puesto en tela de juicio por las organizaciones artísticas que participan del recinto.
Sus demandas no son solo de carácter económico, sino que también exigen democratización en la gestión del espacio, teniendo mayor representatividad dentro del directorio. Actualmente el directorio se conforma por un presidente nombrado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en este caso Alejandra Pérez, tres directores designados por la intendencia regional de Valparaíso, uno por el Consejo de Rectores de Valparaíso, un integrante designado por la Municipalidad y tres personas elegidas por las organizaciones culturales y sociales de la región. Es decir, dentro de las 9 personas que conforman el directorio, tan solo un tercio es parte de la voz de la comunidad.
La Asociación del Parque Cultural de Valparaíso, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que se financia a través de la ley de presupuesto del sector público del año 2018, en este sentido, los trabajadores exigen el reconocimiento del rol público de la asociación y por tanto el reconocimiento de cada uno de sus trabajadores como funcionarios públicos.
La crisis del Centro Cultural de Valparaíso, es un reflejo de la crisis de los centros culturales que existen en los municipios y regiones de nuestro país. Su gestión y programación no pueden depender de una persona, un municipio o un directorio, o de los intereses de los operadores políticos; los espacios culturales deben ser gestionados por las y los trabajadores de las culturas y las artes, junto a las y los vecinos, quienes puedan decidir el proyecto cultural que quieren levantar.
El gobierno de Bachelet celebró la construcción de infraestructura de centros culturales, sin embargo, son edificios sin presupuesto posterior, sin dinero para mantención. Edificaciones sin dinero para su funcionamiento lo cual finalmente perjudica a los trabajadores de la cultura y las artes, a las comunidades, a lo que se suma que este año se redujo el presupuesto a los centros culturales.
La gestión de estos espacios dependen de los municipios y gobiernos de turno, quienes reciben sueldos que triplican o cuadriplican al de los trabajadores que hacen funcionar estos centros. Por tomar un ejemplo, el sueldo mensual del ex ministro Ottone era de $8.874.657 pesos, y el de Nélida Pozo Kudo, actual directora ejecutiva del Centro Cultural de Valparaíso, de $3.459.558 pesos.
Sobre este punto los trabajadores y trabajadoras del Sindicato del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, han realizado denuncias, el año 2015 dieron a conocer a la luz pública los 10 millones de pesos que recibía de sueldo la ex directora del GAM, Alejandra Wood, quien renunció a su cargo, y los 6 millones y medio que recibe Felipe Mella actual director ejecutivo, que ponen de manifiesto las brechas salariales entre directivos y trabajadores.
Además de denunciar las prácticas antisindicales, parte del legado de la ex Nueva Mayoría
El gobierno muestra su rostro mas precario, con altos sueldos a los directivos de su confianza y una administración corrupta.
El gobierno y la ministra, lejos entregar una solución al problema, “ se tardaron tres meses en nombrar a sus representantes y a fecha de hoy el directorio aún no sesiona, ni se constituye, es decir, no asumieron la responsabilidad estatal que les compete provocando que la institución colapsara” subrayaron los trabajadores.
Una situación similar viven las y los músicos de la Orquesta Clásica del Maule, quienes no han recibido su sueldo, exigen un contrato digno de trabajo y denuncian las precarias situaciones en las cuales trabajan hace más de 9 años. La Orquesta Clásica del Maule es un elenco estable del Teatro Regional del Maule que funciona con financiamiento del Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta profunda crisis, abre el debate de quienes administran en realidad los centros culturales y como la gestión privada solo puede significar precarización para trabajadores y artistas, con resultados culturales y artísticos que no expresan las necesidades de a quienes realmente no pueden acceder a la cultura. A su vez, la atomización de los trabajadores, su bajo nivel de organización y el retroceso en sus derechos tras la reforma laboral hacen urgente levantar la máxima unidad para que los trabajadores del PCDV conquisten sus demandas.
Nacionalizar los centros culturales, sin pago a las corporaciones de derecho privado, que estén bajo gestión de sus trabajadores, artistas y comunidades quienes puedan decidir de forma realmente democrática la programación, su relación con las comunidades y la gestión económica, que acabe con los sueldos millonarios, los operadores políticos y la precarización son el primer camino para crear una cultura diferente, para crear un desarrollo cultural que no sea en base a la propiedad privada. | 
