Las empresas adjudicatarias de las obras que comenzarán mediante el régimen mixto "de Participación Público Privada (PPP) en octubre de este año involucrarán millones de dólares y grandes beneficios para las compañías.
Vale recordar que, para este primer proyecto, el Gobierno recibió 32 ofertas en total de 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales. Allí figuraban entre los oferentes grandes socios del gobierno, como Techint, el Grupo Roggio (Metrovías) y las constructoras de Marcelo Mindlin y Eduardo Eurnekian.
Finalmente, las empresas que realizarán las obras por corredor contarán con la presencia estelar de Eurnekian para el corredor E y F (grupo Helport). El listado completo:
• Corredor vial A: Consorcio: Paolini, Vial Agro, INC.
• Corredor vial B: Consorcio: China Construction America, Green SA.
• Corredor vial C: Consorcio: Jose Cartellone Construcciones Civiles SA.
• Corredor vial E: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial F: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial SUR: Consorcio: Rovella Carranza, JCR SA, Mota - Engil.
"La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto", señaló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, luego de conocerse los resultados.
El Gobierno espera inversiones totales por un monto de U$S 26.000 millones para obras en sectores como minería, comunicación, justicia, tecnología y salud.
Una vez otorgada la concesión, los contratistas y Dirección Nacional de Vialidad (en representación del Gobierno argentino), deben firmar un contrato que separa la compensación financiera en la fase de construcción y la de operación y mantenimiento del proyecto.
Los fondos retenidos dentro del Fideicomiso PPP provendrán de dos fuentes principales: los impuestos sobre el gasoil destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el cobro de peaje (o contribuciones por tránsito del contratista).
El régimen de Participación Público Privada (PPP) fue aprobado en el Congreso en noviembre de 2016 y consiste en regular la participación del sector privado en la obra pública y es extensible a otras contrataciones del Estado.
El espíritu de los PPP es priorizar los intereses del inversor privado, minimizando sus riesgos y garantizando la rentabilidad al capital.
Los contratos PPP se establecen a largo plazo entre el Estado (nacional, provincial o municipal) y empresas privadas, para la realización de obras de infraestructura. En la mayoría de los casos se utilizaron para la realización de obras viales, puentes y túneles.
El sector publico y las empresas oferentes se dividen en teoría los riesgos y responsabilidad durante la ejecución del proyecto, por esto es muy importante el detalle de cada contrato.
Entre otros beneficios otorgados por el gobierno de Macri para atraer a las empresas al negocio con la obtención de altas ganancias es la exención de impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
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