En 2011, un trabajador sufrió un “accidente laboral” mientras operaba una prensa enfardadora de papel. La herida se le infectó, le ocasionó gangrena y finalmente tuvieron que amputarle su pierna izquierda. El hombre reclamó en la justicia civil, para lograr una reparación integral del daño y no solo la indemnización tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La Cámara laboral entendió que las lesiones fueron consecuencia de que la ART no cumplió sus deberes de seguridad y prevención. Además la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aseguró que la ART debe actuar "solidariamente con las empleadoras". Finalmente la indemnización ordenada fue de $745.000 más intereses, por lo que el monto superó los $2.000.000. Sin embargo, explica Ámbito Financiero, la Corte Suprema consideró “que la sentencia era arbitraria porque no dio a la controversia un tratamiento adecuado de acuerdo con la prueba producida y las normas aplicables”.
Para eso la Corte tomó en cuenta el informe de los médicos del centro de salud y la historia clínica que demostraría enfermedades previas, con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En cambio el juez Rosatti votó en disidencia, ya que "descartó la arbitrariedad de la sentencia que impuso responsabilidad a las condenadas en un 50% respecto del 100% de la incapacidad psicofísica padecida por el trabajador, con sustento en las constancias de la causa”.
El fallo fue bien recibido, y promocionado, por el gobierno. Desde el inicio de su gestión inició una cruzada contra la “industria del juicio”, que en realidad encubre una campaña para limitar los fallos favorables a los trabajadores y avanzar con sus operadores en Tribunales en una justicia (aún) más adicta. | 
