Este sábado, las calles de Managua en diferentes puntos amanecieron tomadas por paramilitares y policías encapuchados y armados, con el propósito de atemorizar a la población y evitar la movilización bajo la convocatoria de la “Marcha de las flores”, en honor a los niños y adolescentes asesinados por el gobierno de Daniel Ortega desde que iniciaron las protestas el 18 de abril en todo el país.
Lugares como Bello Horizonte, Rubenia, Villa Flor Norte, Villa Flor Sur, mercado Iván Montenegro, Villa Austria, entre otros, la población ha documentado en redes sociales la presencia de los paramilitares con fotografías y vídeos en transmisión directa.
Frente a los ataques, grupos del movimiento estudiantil aprovecharon para hacer un llamado a fortalecer y acordonar la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Según activistas y organizaciones de Derechos Humanos, desde la medianoche, fuerzas de policías, parapolicías y paramilitares ingresaron fuertemente armados en al menos seis barrios del oriente capitalino y en los predios de la UNAN, donde decenas de estudiantes se mantenían atrincherados.
Dos jóvenes murieron en la zona universitaria, 15 jóvenes resultaron heridos y también se reportan secuestrados y desaparecidos, según la información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). También han denunciado que las vías que conducen hacia la UNAN, el paso se encuentra bloqueado para evitar la ayuda a los estudiantes que fueron atacados durante la madrugada.
Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios de Managua, donde se sabe que el niño, Teyler Leonardo Lorillo Navarrete de apenas 15 meses de edad, fue asesinado cuando las fuerzas combinadas entraron a un barrio en el sector este de la capital para desalojar las barricadas y trincheras, según relataron los familiares a la prensa.
"Fue un balazo de parte de la policía. Yo los vi, fueron policías, nadie me lo dijo", declaró la madre del niño, Kenia Navarrete.
Este ataque se da en el marco del informe final ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recientemente anunció el conteo de las 212 personas asesinadas hasta el 19 de junio como producto de la represión del gobierno orteguista y la crisis política actual.
El informe concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”. Sin embargo, tanto la OEA como la presencia de la Unión Europea en Nicaragua para “ayudar a la solución de la crisis” –así como la creación de una “Comisión de Verificación y Seguridad”– tiene como objetivo principal la remoción de los bloqueos carreteros en las diversas ciudades y la contención de la movilización social. Esta salida es una opción válida para el régimen nicaragüense, pero como se señala aquí, “de ninguna manera garantiza las demandas democráticas del pueblo […] pues plantean una suerte de “tregua” para desmovilizar al movimiento de protesta sin mayores concesiones...”
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