En febrero del año 2017, salió a la luz la crisis de la universidad Iberoamericana, luego que el Consejo Nacional de Educación Superior aprobara el cierre de la casa de estudios por estar incapacitada financieramente de cumplir con las obligaciones académicas y administrativas. Este año, la sorpresa fue aún mayor para los y las estudiantes, luego de que los administradores suspendieran el inicio del año académico por los problemas económicos.
Esta situación llevó a que estudiantes, profesores/as y funcionarios/as se movilizaran exigiendo que el Estado se haga cargo, a través de la toma de la Universidad, marchas hacia el Ministerio de Educación e incluso una huelga de hambre de dos estudiantes de enfermería.
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Son un poco más de mil los y las estudiantes que en estos momentos se encuentran a la deriva -incluso estudiantes que ya habían sido reubicados desde la U. del Mar-, donde pese al compromiso del jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, de “solucionar” el impedimento del inicio de clases, las autoridades del MINEDUC han anunciado que no se cumplirá con el plazo autoimpuesto de que las clases comenzaran el 3 de julio, siendo inminente ya, el temor de los más de mil estudiantes: perder el año académico.
Además del no inicio del año académico, dejando que miles de estudiantes lo pierdan, a esto se le suma que cientos de funcionarios/os y profesores/as no reciban sus sueldos por más de seis meses, exponiéndolos a cotizaciones impagas y a una inestabilidad salarial que no les permite vivir dignamente, teniendo que ajustar sus necesidades básicas a la “posibilidad” de obtener un bono.
El caso de la universidad Iberoamericana no es nuevo, recordemos que ya fueron miles de estudiantes, además de cientos de profesores/as y funcionarios/as quienes se vieron afectados por la crisis de la universidad Arcis, o la misma U. Del Mar. Crisis que se arrastra por la educación de mercado que sigue existiendo, donde esta es vista como un bien de consumo y que al ser administradas como universidades empresas los administradores extraen una gran cantidad de activos hacia sus propios bolsillos dejando que estas caigan en deudas y sean insolventes.
Ante la crisis de la Iberoamericana, las y los estudiantes a través de la representación de Paz Gajardo, militante de Revolución Democrática y presidenta de la Federación de Estudiantes, exigen la reubicación en otras universidades para poder terminar con sus carreras, manteniéndose conversaciones por parte de autoridades con la Universidad Santo Tomás -la cual no puede recibir estudiantes por no contar con los suficientes años de acreditación- y con la Universidad de Santiago, con quienes las conversaciones recién se están llevando a cabo. Sin embargo, esta salida no garantiza una solución real al problema de la educación en crisis. Ya sabemos que incluso hay estudiantes que ya fueron reubicados desde la U. del Mar a la Iberoamericana y hoy nuevamente se ven expuestos a una situación con las mismas características. Además que no garantiza la convalidación de años cursados ni un lugar de trabajo para los demás estamentos.
Bien sabemos que el Estado sí puede hacerse cargo de esta crisis y que los recursos sí existen en Chile, ya hemos visto cómo se ha puesto en el debate nacional la discusión con respecto a Soquimich, empresa encargada de la explotación del litio y que solo el año pasado recaudó $272,3 mil millones de pesos, dinero que sin embargo queda para los bolsillos de empresarios y no a beneficio de las necesidades del pueblo pobre y trabajador.
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Para obtener una solución real que enfrente con el problema de la educación de mercado que ha mantenido tanto el gobierno de la Nueva Mayoría y la derecha y con el problema que viven miles de estudiantes que se enfrentan a las crisis de estas universidades empresas, el movimiento estudiantil, junto a profesores/as y funcionarios/as, debe apostar por la estatización de la universidades en crisis o que quiebren, que garanticen que estudiantes puedan terminar sus estudios y que funcionarios/as y profesores/as no pierdan su lugar de trabajo. Además, esta estatización para prever futuras malas administraciones, debe ir acompañada de una nueva lógica de organizar la universidad, bajo un cogobierno triestamental, donde sean todos los participantes de la comunidad universitaria quienes tomen las decisiones, garantizando también el paso a planta de trabajadores y así acabar con la precarización laboral al interior de las universidades.
Mientras el Frente Amplio, que posee una amplia tribuna con 21 parlamentarios, no denuncia a empresarios de la educación ni tampoco exige a los gobiernos neoliberales que realmente se hagan cargo de la crisis educacional, solo piden la reubicación de los estudiantes sin ocupar sus tribunas para impulsar una movilización que solucione el problema de raíz. Donde seamos miles que exijamos que el Estado se haga cargo a través de la estatización del litio bajo control de sus propios trabajadores y la comunidad sin ningún pago a los privados, para así poder financiar una educación que no esté al servicio de empresarios, sino que del pueblo pobre y trabajador. | 
