En los últimos días se desplegaron dos comunicados: la convocatoria a Asamblea Docente-Estudiantil por parte de los directores de la Carrera de Derecho y de Ciencias Políticas, y el pronunciamiento del Decano de la Facultad “censurando la usurpación de funciones y competencias, y declarando la nulidad de esta convocatoria”. Ayer, en sesión del Honorable Consejo Universitario (HCU) fue destituido Jaime Grájeda, ex ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), al tener la condición de egresado por casi 3 años, situación prohibida por los estatutos. Se declararon apócrifas las resoluciones de los directores de Derecho y Ciencias Políticas y se los conminó al respeto de la institucionalidad.
Esta pelea interna de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, extendida por varios meses, no amerita otra conclusión: la lucha para sostener su control en los cargos del Concejo Facultativo. ¿Alguno de ellos representa una alternativa para los derechos de los estudiantes?
Podemos afirmar que en 3 años de gestión del Honorable Concejo Facultativo (que lo presiden Tapia, Camacho, Jaime Mamani, Richard Osuna, Jorge Siles, Bueno, y Álvarez) como Facultad no hemos mejorado ni en investigación ni en academia, y en realidad, han sostenido el mismo régimen antidemocrático heredado por Mallea y Ramos. La camarilla docente-estudiantil cambia su color, pero nunca su programa: financian campañas con parrilladas, farras, regalos y favores ¿Cómo el “grupo estudiantil” devuelve el financiamiento? Con impunidad a los docentes autoritarios, arbitrarios, acosadores, misóginos y sexistas ¿Qué academia existe, si los estudiantes deben preocuparse “más” para no ser fichados por estos docentes? No existe alternativa en ninguna de estos grupos “opositores” para los derechos estudiantiles, porque ambos son responsables junto con sus centros de estudiantes de la degeneración institucional.
Llamamos a la comunidad estudiantil a desconfiar de todos estos docentes, desconocemos al Centro de Estudiantes (como es eco de rechazo en las aulas) pero rechazamos la convocatoria a una nueva elección hasta una real fiscalización al Centro por parte de los estudiantes. Denunciamos toda la crisis institucional ocasionada por las camarillas y el Centro de Estudiantes que termina perjudicando a cientos de estudiantes quienes hasta ahora no tienen docentes para pasar clases.
Exigimos la fiscalización y balance sobre su gestión en el Centro de Estudiantes, en la Dirección de Carrera y en el Decanato de Facultad para lo cual debe realizarse una Asamblea General Docente-Estudiantil. |
