Hace semanas que en varios colegios de la región de La Plata, Berisso y Ensenada se reiteran las evacuaciones por falsas amenazas de bomba.
Las fuerzas de “seguridad” gastan varios miles de pesos del Estado cada vez que llevan a cabo el correspondiente operativo y algunos medios masivos se esfuerzan por responsabilizar a las y los estudiantes. ¿Una nueva maniobra para perseguir y demonizar a las pibas y los pibes?
Hace pocos días la Policía porteña se llevó detenido a un estudiante universitario por manifestarse contra el fraude de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
A su vez, de cara a la histórica sesión en Diputados que aprobó la media sanción del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, centenares de estudiantes tomaron sus colegios y realizaron diferentes medidas de lucha, enfrentándose a las constantes maniobras de los medios y las autoridades para demonizarlos.
En La Plata se vienen realizando masivas jornadas, con cortes de calles, para exigir más presupuesto para la educación.
El contexto de las falsas amenazas de bomba en los colegios de la región tiene una importante particularidad: los pibes y las pibas son quienes se vienen organizando y poniéndose a la cabeza de cada pelea. ¿Tendrá algo que ver? Es un detalle no menor a tener en cuenta para analizar la situación.
A eso hay que sumarle el impresionante show que montaron las fuerzas de seguridad, acompañadas por varias empresas periodísticas locales, al realizar un fuerte operativo (que cuesta arriba de los $ 25 mil) para detener a un menor en su casa con la excusa de que en el domicilio vive supuestamente el titular de la línea telefónica desde la que se habría realizado una de las amenazas.
Campaña explosiva
Son varias las hipótesis que circulan respecto a este extraño suceso que por estos días se repite en la ciudad de las diagonales. Pero la que prima, al menos para una porción de la sociedad platense, es la que quieren imprimir quienes gobiernan. La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata Julio Garro tienen un objetivo preciso y por eso arman un discurso bien dirigido.
Así, por un lado acusan a menores de edad de realizar las amenazas con la excusa de evitar rendir un examen y, por el otro, especulan livianamente respecto a la responsabilidad de los padres, cargando a su vez de responsabilidad a las y los docentes y auxiliares de cada colegio.
Y como si todo eso fuera poco se “castiga” a los Centros y agrupaciones estudiantiles de las escuelas, no solo a través de la exclusión del debate sobre este tema que atraviesa a toda la comunidad educativa, sino además privando a las y los estudiantes de realizar diversas iniciativas ya actividades en los lugares donde día a día estudian y militan. Si eso no es persecución ¿qué es?
Una estudiante secundaria del Normal 1 de La Plata y militante de la agrupación No Pasarán (impulsada por el PTS y Pan y Rosas más independientes) dijo a este diario que “es rebolaso lo que dicen desde el Gobierno, culpándonos de las amenazas de bomba. Si somos quienes más se perjudican con esto. Nos cagamos de frío afuera durante las horas del operativo y además nos juega en contra en el estudio”.
La estudiante agregó: “además las autoridades nos corren con que no hagamos amenazas de bomba porque a la Municipalidad le cuesta como 40 lucas y se excusan en eso para ’castigar’ a las listas y Centros de Estudiantes negándoles la realización de todo tipo de actividad”.
Muchas pibas y pibes saben también que las amenazas de bomba implican una intervención de la Policía directamente en sus ámbitos de estudio, lo que es reconocido como una mayor amenaza represiva en sus vidas (además de la que ya sufren en las esquinas de los barrios, en el colectivo y cuando salen al centro de la ciudad a divertirse). Eso también hace dudar de que sea realmente la juventud la interesada en llamar a la escuela y lanzar una falsa alarma.
Juegan con fuego
Estos hechos merecen ser analizados, pero no de manera aislada sino en el marco de una serie de medidas y maniobras por parte del Gobierno, que no solo ataca constantemente a la educación pública, sino que además viene profundizando la criminalización de la juventud que cada vez se organiza más en las escuelas, facultades y en los barrios.
El intento de la baja a la edad de imputabilidad, la aplicación del “protocolo antitomas”, la guía del Ministerio de la Defensa en la Ciudad de Buenos Aires respecto a los posibles ingresos de las fuerzas de seguridad en las escuelas, son solo algunos de los ejemplos que dejan a las claras la persecución a la juventud.
Pero los pibes y las pibas vienen sacando conclusiones, dando sus peleas todos los días. Ya son un claro sujeto político de la realidad y saben hacerse oír. | 
