En los últimos días, y con el telón de fondo de una nueva corrida del dólar, Marcos Peña les advirtió a los gobernadores provinciales que el pacto fiscal “se va a cumplir”. La advertencia, según distintas fuentes periodísticas, fue porque los gobernadores querrían flexibilizar los términos del pacto, preocupados por la recaudación de las arcas provinciales.
En miras de la votación del presupuesto del 2019, que deberá cumplir con los mandatos del FMI que pide un ajuste brutal, gobierno y jefes provinciales negocian los términos del ajuste para ver quien paga el costo político mientras los trabajadores son los que pagan los platos rotos.
Si bien el único que expresó abiertamente rediscutir los términos generales del pacto firmado en noviembre y prorrogar la baja de Ingresos Brutos fue el chaqueño Domingo Peppo, la exigencia corre entre los demás gobernadores.
Hoy se juntarán en la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en Capital Federal, representantes de los gobernadores provinciales. De la misma participarán los ministros de economía de San Juan y su par de Santa Fe, también participarán representantes del ámbito económico de las provincias.
Se espera que participen diputados del bloque del massismo. La estrategia sería hacer presión en el Congreso, con una posición unificada para exigir, entre otras cosas, la postergación de la reducción de ingresos brutos que contemplaba el acuerdo firmado hace 8 meses.
Otra de las cuestiones que se está discutiendo entre el gobierno nacional y los gobernadores, es quien va a pagar los costos políticos del ajuste. Mientras Macri ve como cada día que pasa baja más su imagen positiva, quiere apurar a los jefes peronistas de las provincias para apliquen con más determinación la reducción de impuestos, pero como afirma una fuente al diario La Nación “no se puede trasladar todo el ajuste a las provincias”.
Los mandatarios, por su parte, mirando el mismo escenario de crisis política de Cambiemos inflan el pecho y se plantan en su pedido de prorrogar el Pacto Fiscal hasta el año que vine. Además cuentan con el as bajo la manga de la discusión por el presupuesto del 2019.
Este presupuesto, en el marco del acuerdo con el FMI, será de ajuste fuerte. El presupuesto deberá contemplar las exigencias del Fondo Monetario de ajuste sobre el PBI que significará la reducción en partidas como educación y salud, la despidos en la administración pública como la reducción salarial entre otros ataques a los trabajadores.
Todos saben el costo político que tendrá votar estas medidas. Macri, sin abandonar completamente la carrera por su segundo mandato apura a los gobernadores. Éstos, quieren asegurarse la reelección en sus provincias a la vez que cuidar su quinta, con las respectivas arcas provinciales.
Pero entre idas y venidas, negociaciones más negociaciones menos, quienes sufrirán las consecuencias del ajuste, los trabajadores y el pueblo pobre, son convidados de piedra de acuerdos que se discuten a puertas cerradas y sobre los que no tienen ninguna voz ni mucho menos un voto. | 
