El agente del 911 se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, quien solicitó la detención por prisión preventiva. Debe esperar la decisión del juez. Los dos agentes involucrados están imputados por homicidio agravado.

En la mañana del martes, el policía Nicolás Montes de Oca se presentó ante la Fiscalía para ser indagado por el crimen de Facundo Ferreira, ocurrido en la madrugada del 8 de marzo a raíz de un disparo policial sobre el niño de 12 años. Según fuentes judiciales, Montes de Oca se abstuvo a declarar ante la fiscala Adriana Giannoni. Desde la Fiscalía formularon un pedido de prisión preventiva tras la imputación a Montes de Oca por el delito de homicidio agravado.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo decisión del juez por lo que el policía continúa aprehendido. Este hecho contrasta con la celeridad con la que el juez Víctor Rougés definió en la noche del lunes que el otro policía involucrado, Mauro Díaz Cáceres, no quedaría bajo prisión preventiva.

Según trascendió, el juez Rougés (quien no entiende en la causa pero estaba de turno) rechazó el pedido de prisión preventiva sobre Díaz Cáceres aduciendo que no hay riesgo procesal en la causa. Desde la querella, a cargo de la organización de derechos humanos Andhes, presentaron escritos para apelar la libertad otorgada a Díaz Cáceres y exigiendo de la prisión preventiva para ambos, imputados por homicidio agravado. Para la querella existe un riesgo real en el entorpecimiento de la investigación en curso por la condición de ambos de pertenecer a la fuerza policial, con múltiples contactos y poder de influencia. También se señalan las múltiples amenazas recibidas por la familia de Facundo Ferreira y el consiguiente hostigamiento policial en el barrio donde vivía el niño de 12 años.

Investigar el encubrimiento

Con el llamado a declarar a los dos agentes se conocieron algunos puntos en torno a la investigación que realiza la Fiscalía. Se trata de determinar si con el accionar policial se buscó encubrimiento. Son varias las irregularidades e incongruencias sobre aquella madrugada.

Entre los hechos más relevantes se encuentra el hecho de que Facundo llegó vivo al hospital Padilla, a pesar de haber sido llevado con horas de atraso y no da aviso al servicio del 107. Otro hecho que llama la atención es haber elegido ese nosocomio y no el Centro de Salud, ubicado a cinco cuadras del lugar de los hechos. También se destaca un acta policial donde se habla de dos armas secuestradas, cuando en los hechos sólo apareció una, una arma donde no había rastros de ADN. Desmintiendo la versión oficial de un enfrentamiento, la prueba de barrido electrónico dio negativo en Facundo, por lo que se descarta que haya disparo arma alguna.

Respaldo político y judicial

Desde un primer momento, los policías recibieron el respaldo político tanto del gobierno provincial como el nacional. Primero fue el turno del ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley, quien apuntó contra la víctima y su familia. Luego la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó a los policías afirmando que se trató de un enfrentamiento donde la policía se había defendido. Una reafirmación de la doctrina Chocobar que había esbozado semanas previas para justificar los fusilamientos policiales.

En la actualidad, el respaldo político por parte del gobierno de Juan Manzur continúa a través del abogado proporcionado por el Ministerio de Seguridad. Otro signo es que los agentes continúan desempeñando en la fuerza. Aunque no puedan patrullar, ambos son respaldado por la jefatura policial y la idea de una sanción es una hipótesis que las mismas autoridades se encargan de despejar.

El rechazo express de la prisión preventiva pedida sobre Díaz Cáceres despertaron suspicacias, ya quien falló fue un juez de turno. Durante toda la jornada del lunes el juez Facundo Maggio, quien entiende en la causa, estuvo pendiente del inusual despliegue policial para que la prensa no logre contacto con los acusados. Maggio, propuesto como juez por Manzur, viene de asumir con impugnaciones de organismos de derechos humanos por su rol de abogado de defensor de acusados por delitos de lesa humanidad.

Denuncian amenazas y exigen cárcel para los policías

En la jornada de ayer, familiares de Facundo Ferreira realizaron una conferencia de prensa frente a Casa de Gobierno rechazando la libertad de Díaz Cáceres. “Tienen bastantes pruebas para que queden presos. ¿Por qué lo han largado? Pido a la fiscal y al juez que ha intervenido que tomen cartas en el asunto. No pueden estar así sueltos en la calle. ¿Qué quieren, que haya otro Facundo más? Yo lo que pido es que se haga justicia por mi nieto”, sostuvo Mercedes del Valle Ferreira.

Por la tarde, la familia se movilizó a Tribunales, acompañada de organizaciones sociales y políticas, para esperar las novedades de la declaración de Montes de Oca. En ambas oportunidades denunciaron las amenazas que recibieron por parte de familiares de los acusados, así también las constantes razzias que se realizan en el barrio Juan XXIII sobre los jóvenes, amigos y familiares de Facundo Ferreira.