El miércoles 4 de julio, el Gobierno de Lenín Moreno convocó para consultas a su embajador en la ciudad de La Paz y exigió respeto de los mandatarios boliviano y venezolano quienes afirmaron su respaldo al ex presidente Correa y condenaron la persecución política que el ex presidente estaría sufriendo por parte de la justicia ecuatoriana. Ante estas afirmaciones Lenín Moreno exigió el respeto a la división de poderes existente en el Ecuador, y el respeto a la institucionalidad del país, que tanto Morales como Maduro estarían vulnerando al rechazar las órdenes de captura de Correa.
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La fiscalía ecuatoriana emitió instrucciones mediante la Interpol para lograr la comparecencia de Rafael Correa ante la justicia ecuatoriana, para que aclare su participación en el secuestro del ex diputado de oposición Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro en Bogotá en 2012 cuando se encontraba refugiado.
Como se recordará Correa gobernó el Ecuador durante 10 años, y permitió que la sucesión presidencial se lleve adelante a la cabeza de Moreno, sin embargo a los pocos meses de asumir la presidencia, éste inicio un proceso de descorreización, con importantes reformas legales que han beneficiado a grupos empresariales como la eliminación de la ley de plusvalía que impedía la especulación inmobiliaria, fuente de rápidos y jugosos negocios así como el establecimiento de nuevos acuerdos con el banquero de oposición Lasso. El inicio de procesos penales contra Correa es una vuelta de tuerca más de la ya establecida sentencia y cárcel para el ex vicepresidente de Lenín Moreno. |
