El proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados el último 13 de julio será debatido y tratado en Senadores. De salir a favor la interrupción voluntaria del embarazo dejará de ser un delito. Algunos de los puntos principales de éste proyecto son:
- Garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo pedido de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional.
- En casos de violación, riesgo para la salud o vida de la persona gestante, o fuera menor de edad, no rige el límite de 14 semanas. Asimismo frente a diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
- Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización del aborto sin ninguna autorización judicial previa y no pueden imponer requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso.
- El Estado nacional, las provincias y municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la promoción de la salud sexual y reproductiva de la población.
- Todos las organizaciones que brinden servicios médicos deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo, y queda incluida en el PMO, como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Por otro lado, tres senadores presentaron proyectos de ley contrapuestos.
Federico Pinedo, del PRO, presentó dos proyectos “complementarios”, acompañado por Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino):
Mantener el aborto como delito penal, bajo el art. 88 del Código Penal, con la “reforma” de un párrafo donde indica que será posible reducir la pena según las condiciones que rodeen la circunstancia, hayan llevado a la decisión de abortar, etc.
Esto sería complementado por un programa “El Estado se Hace Cargo y Te Acompaña” desde el cual se propone adecuar la legislación de adopción para “facilitar” que mujeres que llevan adelante embarazos no deseados puedan decidir darlo en adopción y una asistencia estatal durante el proceso.
Establece ítems como la posibilidad de que el padre reconozca al niño y la madre no sólo se inscriba su filiación, que se puedan elegir las “características” de los adoptantes. Además “previene” la situación de que no haya quién quiera adoptar, frente a lo cual el Estado se haría cargo de su cuidado. Todo esto cubierto por el Presupuesto Nacional –el mismo que están buscando por dónde recortar-.
La segunda propuesta, a manos de Guillermo Pereyra del MPN neuquino también trata un proyecto “ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” que incluye la creación del “Programa Nacional de Asistencia Médica y Psicológica”. Con sutiles diferencias en cuanto a cómo organizar la asistencia y forma de adopción respecto el otro proyecto, en esencia es la misma contrapropuesta.
Básicamente los proyectos que frente a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo contraponen asistencia a embarazadas y procesos más sencillos para dar en adopción, llevan a mantener la misma política del Estado de criminalizar y perseguir a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo, y que en definitiva se perpetúen las consecuencias de la clandestinidad de esas prácticas. El costo: la vida de las mujeres.
Buscan recubrirlo de una política de asistencia social para embarazadas y niños en adopción, política que ya debería existir y que no se contrapone en la despenalización del aborto, sino que esta contraposición tiene el objetivo de detener la posible sanción de una ley que conquiste derechos reproductivos a las mujeres y termine con la muerte de miles por el aborto clandestino.
Los dichos de la Vicepresidenta Michetti no son sólo para las cámaras de televisión, sino que ponen en marcha el discurso principal con el que en Senadores se opondrán a la despenalización del aborto, y tiene forma concreta en proyectos con esa misma línea.
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Sin embargo, también hay otras posturas en el sector opositor al proyecto salido de diputados, que estarían sólo por la despenalización de la interrupción del embarazo, pero no así su legalización.
Entre los senadores que se manifestaron a favor del proyecto, algunos proponen modificaciones, lo mismo que pueden hacer los que siguen “indecisos”. Los principales puntos se relacionan con la oposición a asignar partida presupuestaria, disminuir las semanas límite del período gestacional cuando sería legal, la habilitación a la objeción de conciencia institucional y el establecimiento de un período de cinco días luego de la manifestación de la voluntad de interrupción, algo así como “reflexión obligada”, previo a la práctica.
En caso de que la mayoría de los votos del Senado sean al proyecto de legalización pero con modificaciones, éste volvería a la Cámara de Diputados.
Mientras tanto habrá expositores y debate en las comisiones y el 1 de Agosto se determinará el dictamen con el cual se dará tratamiento a los proyectos y modificaciones que se propongan el 8 de Agosto.
Desde ahora y hasta ese día será necesario volver a ganar las calles y multiplicar la organización del movimiento de mujeres para poder sortear las fuerzas que batallan por tirar abajo el proyecto así como bajarle el precio al contenido.
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