Foto Perfil
A fines de abril Gonzalo Cané volvió a ocupar su puesto de Secretario Letrado de la Corte Suprema de la Nación, cargo en el que estaba de licencia desde diciembre de 2015.
Durante esos dos años y medio trasladó su oficina al ámbito del Poder Ejecutivo, ungido por su jefa y amiga Patricia Bullrich con el ostentoso cargo de secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad.
Vale recordar que en tiempos en los que Bullrich era diputada, Cané trabajaba junto a ella desde su secretaría letrada de la Corte, en una especie de asesoría informal. Con los años, se terminó convirtiendo en uno de sus colaboradores fundamentales.
El rol de Cané en el ministerio de Bullrich se hizo muy visible desde que Santiago Maldonado desapareció tras una brutal represión de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen, cuando el joven artesano se manifestaba en solidaridad con esa comunidad mapuche de Chubut.
Durante los dos meses y medio que Maldonado estuvo desaparecido, Cané (con el aval del juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila) se encargó de embarrar al máximo el expediente que se tramitaba en Esquel. De hecho durante semanas se instaló en esa ciudad patagónica para orquestar in situ la estrategia y las coartadas oficiales ante cada novedad que surgiera en la investigación.
Además de pergeñar infinidad de trabas en el expediente (con el objetivo de encubrir a los gendarmes sospechados de desaparición forzada), la actuación de Cané en la causa coincidió con gravísimos hechos ocurridos alrededor de la seguridad de la familia Maldonado y también de las personas y organizaciones de derechos humanos y políticas que se solidarizaron con ella.
A Cané se lo menciona, con una activa participación desde el principio del caso, en instancias que van desde la captación ilegal de conversaciones y mensajes telefónicos de víctimas y testigos hasta el seguimiento con personal de inteligencia de Gendarmería sobre Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico, tanto en manifestaciones públicas como en otras instancias.
Por caso, Cané mintió una y otra vez negando que los gendarmes hubieran borrado pruebas de la represión en Cushamen. Y fue el encargado de coordinar las declaraciones de los uniformados involucrados en los hechos, procurando que nada se escapara del guión armado desde los despachos del Ministerio.
Cané saliendo del Juzgado de Esquel (foto Clarín)
Para seguir embarrando la cancha
Es obvio que las órdenes a Cané provenían de las altas esferas del Poder Ejecutivo. Por eso en el mes de octubre la abogada Myriam Bregman (y actual diputada del PTS-FIT) junto a su compañero del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), el abogado Matías Aufieri, presentaron una denuncia penal contra el Estado en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia, tras sortear algunas maniobras oficiales para que recayera en manos del peligroso juez de Esquel Guido Otranto, finalmente quedó en manos de Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. El objetivo de Bregman y Aufieri, con el acompañamiento de Maldonado y Antico, es que se investigue el espionaje ilegal orquestado y ejecutado desde la guarida de Bullrich y compañía.
Y allí apareció nuevamente Cané, quien apenas asentada la denuncia se presentó espontáneamente en los tribunales para asumir el rol de imputado y así exigir tener acceso a la causa.
Una cuestión fundamental para poder investigar el espionaje ilegal era que los expedientes 8232/2017 y 8233/2017 (habeas corpus y desaparición forzada) tramitados en Esquel fueran enviados a Rafecas por el juez Gustavo Lleral (reemplazante de Otranto en la investigación del caso). En las últimas semanas, luego de meses de dilaciones, Lleral envió parte de esos expedientes a Comodoro Py.
Inmediatamente Cané, preocupado por saber cuáles son las pruebas que figuran en el expediente, entre material escrito, sonoro y audiovisual, solicitó a Rafecas que le hiciera copias de lo enviado por Lleral. Y el juez de Buenos Aires accedió. Lo curioso (o quizás no) es que Cané aún ni siquiera fue citado a declarar, con lo que formalmente para Rafecas no es sospechoso de nada.
El descubrimiento de la verdad en peligro
Este viernes Myriam Bregman y Matías Aufieri, querellantes en la causa 18.637/17, se presentaron ante Rafecas solicitando que anule su decisión de concederle a Gonzalo Cané el acceso a un material sumamente sensible que lo tiene como protagonista.
El pedido se funda en que “el objeto de las presentes actuaciones, consiste en el posible espionaje y actividad de inteligencia por parte de funcionarios que ocupan estamentos del Estado Nacional, mal podría darse completa intervención en las presentes, a uno de los posibles comitentes de las conductas sospechadas, y que ha revestido un rol considerable desde su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que perdería sentido la pesquisa que se desarrolla en la presente causa”.
Bregman y Aufieri agregan que, como Rafecas hasta el momento no citó a brindar declaración indagatoria a Cané, “debe regir lo normado por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación en relación al carácter reservado de las actuaciones”.
Por eso la querella solicita que el juez “revoque” su decisión “y se ordene el secreto de las actuaciones con respecto al señor Cané, en tanto la publicidad del expediente pone en peligro el descubrimiento de la verdad investigada en autos”.
El abogado Aufieri dijo a La Izquierda Diario que, como denunciantes, él y Bregman consideran “una provocación que Cané no solo se haya presentado apenas supo de la existencia de esta denuncia, sino que apenas se incorpora al expediente material remitido por el juez Lleral desde el sur pide acceder instantáneamente a esos archivos”.
“A eso hay que sumar que, junto al resto de los funcionarios del Estado involucrados en este caso, se la pasaron desde el principio embarrando la cancha en la investigación principal por la desaparición y muerte de Santiago. En esa causa tienen acceso ilimitado al expediente, parte del cual es el que se remite a Comodoro Py”, agregó el letrado del CeProDH.
Foto Enfoque Rojo
Conexión con el caso Nahuel
Hay un elemento nada menor en esta causa que se vincula a la del asesinato de Rafael Nahuel. Se trata de la participación en este caso del abogado Fernando Soto quien, a su vez, ocupa el cargo de director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad.
Soto es nada menos que el abogado defensor del cabo primero de la Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, sospechado de ser el asesino de Rafael Nahuel, el joven mapuche que recibió un balazo 9 milímetros por la espalda el 25 de noviembre en Villa Mascardi (cerca de Bariloche) durante una de las represiones ordenadas por el juez Gustavo Villanueva a la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El pasado jueves, Soto acompañó a Pintos a brindar su declaración indagatoria ante el mismo juez Villanueva, quien debe investigar quiénes, cómo y por qué desataron una balacera feroz aquella tarde de noviembre, de la cual terminó mortalmente herido Nahuel.
El mismo abogado es quien representa (oh, casualidad) a Gonzalo Cané en la causa donde Rafecas debe investigarlo por espionaje ilegal. La impunidad con la que obran los funcionarios del gobierno nacional se expresa en este caso mediante una nueva “desprolijidad”: Cané actualmente es funcionario de otro poder, el judicial, pero sin embargo su abogado defensor es el del Ministerio de Seguridad de Bullrich. Todo un canto a la independencia de poderes y al republicanismo.
Nadie puede pensar que el Poder Ejecutivo no ha tenido acceso a los expedientes relacionados con Santiago Maldonado. Menos aún si sus funcionarios, como Cané, saltan periódicamente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El caso de las escuchas obtenidas ilegalmente por orden del juez Otranto y ventiladas en el último mes, en capítulos de folletín, por escribas oficialistas desde grandes empresas periodísticas no hace más que confirmarlo.
Sin embargo los denunciantes entienden que es una cuestión elemental que Cané no acceda a la información que se va incorporando al expediente en el que se lo denuncia. De hecho es habitual que en casos tan sensibles como éste los jueces determinen la reserva de las actuaciones en la causa, negándoles a quienes están imputados directamente en ellas el acceso a toda la información, al menos hasta no haberles tomado siquiera declaración indagatoria.
Ahora tiene la palabra el juez Rafecas, quien debe resolver si revoca su propia decisión y así salvaguarda las eventuales pruebas de los tentáculos manchados de barro de Cané y sus secuaces del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería. | 
