Al Gobierno le fracasó el proceso licitatorio de las empresas que compulsaban para adjudicarse la búsqueda del Ara San Juan, en el Mar argentino, cerca de la zona del talud.
Una empresa española, Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L., era la pre adjudicada, luego de eso hay tres días para que las otras empresas que se presentan o el mismo Gobierno haga objeciones. Aparentemente Igeotest cambió de razón social en medio de la licitación y por eso su pliego se cayó. Lo llamativo es que el Ministerio de Defensa se tomó un mes, a partir de esa pre adjudicación, para dar de baja a la empresa y ver qué hacía.
Recién a principios de mayo –recordemos que la última comunicación con el San Juan fue el 15 de noviembre del año pasado- abrió esa licitación, luego de que el ministro de Defensa Oscar “el Milico” Aguad tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones (que nunca terminó de dar fehacientemente), de la insistencia de los familiares de los tripulantes y finalmente de la crisis con la Armada que se generó a partir de la desaparición.
Tanto ese sector de las Fuerzas Armadas, como el mismo Gobierno, lanzaban mentiras y tergiversaciones a modo de información sobre qué había pasado con el submarino y cómo se estaba llevando adelante la búsqueda (que finalmente se supo que no fue), luego de que las naves y aparatología de las principales potencias extranjeras se volvieran a sus países, sin hallar nada.
Ahora será la Armada la que lleve adelante una contratación directa, mientras los familiares hace ya 12 días que acampan en Plaza de Mayo exigiendo la contratación directa de alguna empresa que cuente con la tecnología y operatividad necesarias para esa tarea.
Este diario dialogó con uno de los familiares de la tripulación y ante la pregunta sobre si hay algún tipo de búsqueda estos meses, la respuesta fue “tienen un barco dando vueltas con un GPS para ver si encuentran rastros del submarino, pero aún si los encuentran, como no puede sumergirse, es la nada misma”.
Ahora Aguad delegó en el vicealmirante José Luis Villán, nombrado en forma interina al frente de la Armada -cuando el Ministro pasó a retiro a Marcelo Srur-, la tarea de ordenar una contratación directa de otra empresa.
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La pregunta aquí sería ¿por qué recién ahora, a prácticamente 8 meses de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri está dispuesto a abrir un proceso de contratación directa? Algunos funcionarios atinan a responder en función de “los problemas jurídicos” que podrían tener.
Esta respuesta parece una tomada de pelo, si se tiene en cuenta tan solo la cantidad de, por ejemplo, DNU (decreto de necesidad y urgencia) que Macri firmó desde que asumió la presidencia: 36 hasta diciembre de 2017, a razón de 1,4 por día. Haciendo uso y abuso de esta prerrogativa presidencialista, salvando las distancias, una contratación directa (figura contemplada en el cuerpo legal de la Administración Pública), dadas las circunstancias no debería representar un problema para el Gobierno. La prueba está en que ahora van hacia ese tipo de contratación.
Lo cierto es que al tratarse de un sector de las Fuerzas Armadas, surgió en el pensamiento del Gobierno cómo aprovechar esta crisis para hacer avanzar su idea de que esas FFAA tengan actuación interna para colaborar en la represión.
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La crisis desatada a partir de la desaparición del submarino ARA San Juan, vino a sumarse a la crisis política y económica que atraviesa el Gobierno de Macri. Los familiares encadenados en la reja de la Plaza de Mayo, postal recogida por todos los medios, incluidos los oficialistas, dan cuenta de ello. | 
