Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba un nuevo sistema de gestión mixta para los 5 Centros Deportivos Municipales cuyo contrato de gestión privada vencía en esta legislatura. Dicho sistema contemplaba que una parte menor de las tareas fueran asumidas directamente por el municipio, con personal propio, y la mayor parte se volviera a licitar a las empresas privadas. Este modelo fue rechazado de manera generalizada, entre otros motivos por la inseguridad que generaba a los trabajadores y trabajadoras, al no contemplar la subrogación, y porque no suponía avance sustancial en la gestión de un servicio que está cada vez más deteriorado por el afán de las empresas privadas.
Estas críticas recibidas a un modelo que no contentaba a nadie, y la movilización de las y los trabajadores, hicieron replantear al equipo de gobierno municipal su estrategia a seguir, y ahora anuncian un modelo, que llaman de gestión directa, que no es más que una continuidad pura y dura del modelo privatizador.
¿Qué cambia en este modelo? Que la dirección del Polideportivo estará a cargo de una persona nombrada por el Ayuntamiento de su propia plantilla, pero el resto de las actividades salen de nuevo a licitación para que las gestionen empresas privadas.
El Ayuntamiento de Madrid alega que este modelo es el que tiene mayores garantías jurídicas para la continuidad de los y las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Pero esto es sólo cierto si se compara con la propuesta anterior, en la que se renunciaba a la subrogación, tanto de la parte que se gestionaría de manera directa como la que quedaría en manos de empresas privadas, amparándose en algunos sindicatos que preferían defender intereses corporativos en lugar de otros más generales. Se trata de una comparación tramposa: amenaza con despidos y luego ofrece “quedarme como estoy”, como dice el refrán.
El modelo que se propone significa mantener la precariedad laboral de las plantillas con la que las empresas privadas gestionan los Polideportivos, con bajos salarios, contratos temporales en muchos casos, muy lejos de esas garantías laborales que se anuncian.
Además, este modelo supone no avanzar ni un sólo paso hacia la regularización de muchos de las y los trabajadores interinos con contratos a tiempo parcial e ínfimas condiciones laborales, que por el contrario y con la gestión directa, tendrían expectativas de mejorar y estabilizar sus horarios y salarios, al tener que aumentar unas plantillas deficitarias.
No es cierto que sea imposible legalmente la subrogación por parte de la administración que decide asumir de manera directa la gestión de un servicio; hay muchas sentencias judiciales que obligan a esta subrogación, y hasta la nueva ley de contratos del sector público lo deja planteado con más claridad: Se trata de un mandato legal. ¿No lo ha hecho el propio Ayuntamiento de Madrid en los casos de BiciMad o la Funeraria, que tan buenos resultados están dando? Querer mejorar las condiciones laborales y acabar con la precariedad no es pretender un privilegio (como hay quien pretende dar a entender); simplemente se trata de un DERECHO.
Por supuesto que estamos contra los despidos, y por ello a favor del mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero no en condiciones precarias como las actuales y sin un horizonte claro a largo plazo. Exigimos las mejoras laborales que significaría una subrogación de las y los trabajadores en el sector público municipal, y la mejora de las expectativas del personal interino, y por eso compartimos la posición adoptada por el comité de empresa del Ayuntamiento de Madrid que recientemente ha rechazado la actual propuesta reprivatizadora.
Pero, además, cuando reclamamos la gestión directa municipal del servicio deportivo, queremos que acaben las corruptelas en los contratos, la mala calidad o privaciones de algunos servicios que sufren muchas de las personas usuarias de los mismos y que hemos denunciado en anteriores ocasiones; queremos por ejemplo que un bono sacado en una piscina de titularidad municipal pueda ser usado en cualquier otra piscina de la red municipal.
Y queremos también que se ponga fin al deterioro de las instalaciones poco mantenidas por las empresas privadas, y que el Ayuntamiento, es decir todos los vecinos y vecinas de la ciudad, nos ahorremos gastos superfluos de los contratos, como el beneficio empresarial, el IVA, y un largo etcétera.
Si rechazamos el modelo reprivatizador que se propone no es para colocar en una situación de incertidumbre a quienes ya trabajan allí, sino todo lo contrario, por exigir que se mejoren sus condiciones laborales y tengamos un servicio de mejor calidad y más barato para las arcas municipales.
Y un detalle importante: No llamen remunicipalización ni gestión directa a un modelo en el que el 95% de la actividad y la plantilla pertenece a una empresa privada a la que el Ayuntamiento paga por realizar esos servicios. Un poco de seriedad, por favor.
Madrid, 9 de julio de 2018 | 
