En los últimos días las redes sociales han estallado en expresiones de apoyo y solidaridad con la Doctora Fabiana Reina quien sufrió múltiples amenazas y amedrentamientos luego de haberle realizado un aborto no punible a una niña de 11 años en el Hospital Avellaneda de Tucumán.
Tal como lo expresaron sus colegas, organizaciones de mujeres, el colectivo Ni Una Menos, la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir y un tendal de voces expertas, la práctica estuvo encuadrada en un derecho reconocido desde el año 1921 en el artículo 85 del Código Penal y refrendado en el año 2012 por la CSJN en el fallo conocido como fallo F.A.L. Desde entonces, se garantiza la práctica de un aborto seguro sin necesidad de autorización judicial previa, liberando de penas a pacientes y agentes de salud en aquellos casos en que la mujer haya sido víctima de una violación.
Sin embargo, tanto la Dra. Reina como el equipo de profesionales que intervinieron en el caso fueron amenazados por Whatsapp y por redes sociales donde se difundieron fotos y datos personales de la médica y de la niña que había sido abusada.
Tras hacerse pública esta situación, la marea verde que viene recorriendo la provincia volvió a expresarse y convocan a un pañuelazo en las puertas del Hospital Avellaneda para este jueves.
La conciencia objetora del Estado
Las denuncias tampoco tardaron en apuntar a la Justicia, a la Fiscal Adriana Gianonni quien inició un expediente de oficio a la profesional excusándose en una supuesta irregularidad en los tiempos en los que la denuncia de abuso fue formulada. Se trata de un mecanismo persecutorio que deja en evidencia el desprecio hacia los derechos de las mujeres y niñas.
Pero la inmiscusión de los mandatos clericales no se agota en el palacio de tribunales. Ayer mismo, la presencia de Macri y la vicepresidenta Michetti en la provincia fue aprovechada por el Arzobispo Carlos Sanchez para nuevamente presionar a los senadores tucumanos para que voten en contra del proyecto de ley IVE que ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja.
El propio Manzur ha sido y es un ferviente vocero contra los derechos de las mujeres, lo ha manifestado mientras fue Ministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner y actualmente gobierna la única provincia que no ha adherido al programa de Salud Sexual y que en más de 6 años ha impedido la elaboración e implementación de un protocolo ILE.
Los antecedentes
La misma institución que se prestó a difundir los datos personales de médica y la paciente, tiene oscuros antecedentes en su haber. En el año 2014, la guardia del Hospital Avellaneda fue el escenario donde se inició la criminalización de la joven conocida como “Belén”, quien acudió atravesando un aborto espontáneo y terminó más de 2 años presa y condenada de homicidio. En esa ocasión y bajo instrucciones de la guardia policial del hospital se violentó el secreto profesional, se judicializó sin prueba alguna a la joven y se le impidió el más elemental derecho a la defensa en un juicio plagado de irregularidades.
En el año 2016 la Mesa por la Libertad de Belén dio repercusión nacional e internacional al caso, involucrando a miles de mujeres en la pelea por su absolución que finalmente fue conquistada producto de la movilización y el reclamo en las calles.
La perspectiva
En sintonía con la experiencia de los últimos años, las mujeres demuestran que no van a quedarse de brazos cruzados mientras se avasallan sus derechos.
Tal como lo hicieron frente al Consejo Deliberante luego de que el mismo declarase la Capital como “ciudad pro-vida”, las mujeres se preparan para protagonizar un nuevo pañuelazo. Esta vez, la fachada del Hospital Avellaneda va a teñirse de verde, como vimos en las últimas semanas las plazas, las escuelas, las facultades exigiendo la legalización del aborto.
Al respecto Alejandra Arreguez, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda e impulsora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas declaró en un comunicado “No somos ingenuas, ni pensamos que este ataque se trate de un simple desconocimiento del derecho. Sabemos perfectamente que en nuestra provincia la Iglesia cuenta con el aval de todos los bloques políticos que gobiernan, como lo pudimos ver el pasado 13J donde la mayoría de los diputados Tucumanos votó contra nuestro derecho a decidir. Sabemos que a nosotras nunca nos regalaron nada, cada derecho lo conquistamos en la lucha. En esta pelea, exigimos a los Centros de Estudiantes y a los Sindicatos que dejen de darnos la espalda. Somos protagonistas y queremos organizar nuestra fuerza. Lo que pasó en el Avellaneda nos demuestra que debemos ir más allá de la aprobación de un proyecto de Ley. Tenemos que pelear por la inmediata separación de la Iglesia y el Estado, por el fin de su inmiscusión en asuntos públicos y por terminar con los subsidios millonarios que se destinan a jugosos sueldo de la curia, mientras se nos niega el derecho a la información, a la ESI, a la salud y a las más elementales medidas de prevención de la violencia de género”. | 
