De acuerdo con una publicación reciente de la consultora Etellekt, el proceso electoral que inició a principios del septiembre de 2017 y que culminó con la jornada del 1 de julio es el más violento de la era moderna de nuestro país. El saldo de asesinados se cuenta por encima de los 150, las víctimas fueron entre candidatos, precandidatos y funcionarios electorales.
El informe arroja los escalofriantes datos de un total de 774 agresiones contra políticos, 152 de las cuales terminaron en asesinato. 48 de éstos crímenes se cometieron en contra de precandidatos a algún cargo de los más de 3 mil que se eligieron este pasado 1 de julio.
El total de agresiones contabilizadas en este periodo de elecciones abarcaron todos los estados de la república y llega a los 523 casos. 152 eran políticos (28 precandidatos y 20 candidatos), 15 aspiraban a algún cargo municipal, cuatro a diputaciones locales, uno a diputación federal. Los otros 371 eran funcionarios.
En dichos sucesos no estuvieron implicados solamente los candidatos o funcionarios directos, sino que se registraron también ataques dirigidos contra familiares y parientes cercanos a los contendientes y funcionarios.
Ante el clima de violencia, a nivel nacional se registraron distintos operativos en donde los gobiernos y sus fuerzas represivas blindaron las elecciones por medio del despliegue de miles de elementos, en coordinación con autoridades electorales y servicios de inteligencia.
Tan sólo el día de las votaciones, los atentados ascendieron a más de 130 y el saldo de asesinados fue de 7 políticos a lo largo de 26 estados de la república, mostrando así la magnitud de la violencia que se vivió a lo largo de esta fiesta democrática. Estos datos, que sólo alcanzan a cubrir una parte de la realidad vivida entre la compra y coacción del voto, contrastan con la imagen que los medios, las instituciones y el conjunto de los partidos políticos intentaron dar a la opinión pública.
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Estas cifras no tienen comparación con ninguna elección anterior sucedida en el país, al menos en los últimos 100 años, ni tampoco con otros procesos similares en el continente. Es producto de una sociedad cada vez más sumida en la violencia y descomposición del régimen mexicano, en el cual el crimen organizado y demás bandas delictivas tiene una injerencia brutal en la vida política, social y económica del país.
Así lo han demostrado casos paradigmáticos de la relación entre política y crimen organizado, como el asesinato de la periodista Miroslava Breach, que confirmó nexos entre el PAN y el narco en el norte del país.
Es claro que el proceso electoral no terminó con el día de los comicios. El informe de Etellekt ha hecho hincapié en que la seguridad de muchos cargos y puestos de funcionarios quedan profundamente “comprometidos” y por supuesto sujetos al clima de violencia. El nivel municipal es el más comprometido y vulnerable, según la consultora.
Pese a que estas cifras de violencia acompañaron las campañas electorales, tanto autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidatos salieron a decir que habían sido unas elecciones no sólo ejemplares, sino "limpias". Estas declaraciones contrastan no sólo con la numeralia de violencia, sino con las protestas registradas después del 1 de julio en estados que, como en Puebla, acusaban conteos y resultados fraudulentos. | 
