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El pasado fin de semana tuvieron lugar en Barcelona unas jornadas contra la represión. En las diferentes mesas redondas y talleres estuvo presente una idea clave: la necesidad de articular una respuesta coordinada contra la escalada represiva desatada en los últimos dos años.
Estos ataques contra las libertades y los derechos democráticos se extienden como una mancha de aceite por todo el territorio y diferentes sectores sociales. Las distintas charlas y ponencias de las jornadas daban buena cuenta de todo ello.
Hoy el epicentro sigue estando en Catalunya. Desde el otoño se acumulan más de 1.000 investigados, además de los presos políticos y exiliados catalanes. Pero no hay que olvidar que el terreno privilegiado de la cara más dura de la “democracia” del 78, Euskadi, sigue acumulando casos de escándalo como el de Alsasua o los cerca de 300 presos políticos vascos que siguen en prisión y bajo la política penitenciaria de la dispersión. En el resto del Estado el reguero de casos no se paraliza, desde Alfon en Madrid, los antifascistas de Zaragoza, las recientes detenciones de Oscar Reina del SAT o la entrada en prisión del sindicalista Francisco Molero en Málaga.
Quienes la padecen abarcan desde sindicalistas y luchadores sociales, hasta artistas o twiteros, pasando por políticos y cargos públicos, estudiantes, feministas o inmigrantes, especialemente arabe-musulmanes.
Esta ofensiva liberticida no es otra cosa que la respuesta dada por el Régimen del 78 al aumento de la contestación y movilización social desde el 2011 en adelante. Decimos el régimen y no sólo el gobierno del PP, porque como respuesta -y más allá de la oposición formal del PSOE a la aprobación de algunas leyes como la Ley Mordaza- ha sido aplicada por la Judicatura con el pleno respaldo de todos sus partidos. Valga de ejemplos el bloque monárquico formado contra Catalunya o el respaldo del PSOE al encarcelamiento de Alfon o Andrés Bódalo del SAT.
Para llevarla adelante se han aprobado algunas leyes nuevas, como la citada Mordaza, o endurecido el Código Penal. Sin embargo, para ser justos, el Régimen ya tenía un arsenal muy potente para este giro liberticida. Leyes como la Antiterrorista y unas fuerzas policiales y una Judicatura formada en décadas de lucha contra el terrorismo -que sirvió para justificar el cuerpo legal y las prácticas que hoy se aplica a infinidad de luchadores o sujetos disidentes- daban ya el marco suficiente para la escalada en curso.
Las misma jornadas contra la represión de Barcelona señalaron acertadamente la necesidad de luchar contra la legislación antiterrorista y el Código Penal, además de la Ley Mordaza. Más cuando el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, tomando el ejemplo de las guerras culturales de Zapatero, querrá venderse como el que pone fín a esta ofensiva derogando esta última, o algunos de sus artículos, pero dejando intacto todo lo demás. Solo como botón de muestra cabría decir que la inmensa mayoría de los más de 1.000 investigados en Catalunya tras el 1-O no están siendo perseguidos con esta ley sino con las preexistentes.
La otra gran demanda que debe unificar a todos aquellos que pelean contra el incremento de la represión es la libertad de los presos políticos. Algo que incluye a los catalanes y al conjunto de luchadores en prisión o encausados, pero también debería incorporar a los presos vascos sobre los que el gobierno del PSOE, con su ministro del Interior a la cabeza, se niega en redondo a toda medida de amnistía ni aún cuando ETA ha confirmado su disolución incondicional.
Estas reivindicaciones serían un buen punto de partida para poner en marcha un movimiento estatal contra la represión y por la libertad de los presos políticos. Una necesidad para superar el escenario de múltiples campañas separadas, que tienen su razón de ser, pero que deben articularse para que su impacto pueda ganar en peso político. La reunión convocada por este encuentro en Barcelona para comienzos de septiembre y la jornada de solidaridad con Catalunya en todo el estado el próximo 1-O, son dos buenos pasos en esta dirección.
Desde la CRT somos parte de esta iniciativa y nos sumamos al llamamiento para que se integren en la misma todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales y campañas y plataformas que vienen denunciando la represión. Al mismo tiempo consideramos que la lucha antirepresiva debe desplegar un programa que apunte directamente contra el carácter de clase del actual régimen político.
La “democracia” del 78 es ante todo un régimen de clase, al servicio de la clase capitalista, y que hunde sus raíces en la continuidad de las estructuras estatales de la Dictadura. Esto no es ninguna novedad, en toda su historia ha dado buena cuenta de ello. Los distintos gobiernos, ya fueran de la UCD, el PSOE o el PP -con el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias- han legislado para el IBEX35 y la CEOE, algo que se hacía más evidente en épocas de crisis.
Para ello no han dudado en usar todos los mecanismos de “disciplinamiento” a su alcance para contener o reprimir la protesta social y la disidencia: desde la represión de movilizaciones -como el 15M o las huelgas generales-, la persecución de la libertad de expresión -con delitos como el de injurias a la Corona o el cierre de periódicos como Egin- y hasta el terrorismo de Estado -con los GAL-.
La lucha contra impunidad de los crímenes de la Dictadura y de las violaciones de derechos humanos en la “democracia” -crímenes del GAL, torturas, muertes en comisaría y la frontera...- debe ser parte de una agenda contra la represión. Por la derogación de la Ley de Amnistía y el juicio y castigo de los crímenes del Franquismo. Por la formación de comisiones independientes para la imvestigación, juicio y castigo de todos los crímenes de Estado cometidos durante 40 años de gobiernos constitucionales.
Igualmente acabar con el resto de leyes que blindan la represión y opresión de sectores enteros, como las leyes de extranjería, los CIEs, la vallas y los controles fronterizos que convierten el estrecho en un cementerio marítimo. Por la apertura de fronteras y el acceso a los papeles y plenos derechos políticos y sociales de todas las personas migradas.
Debe incluir también el acabar con todo el aparato represivo heredado de la Dictadura. Por la disolución de los tribunales de excepcción como la Audiencia Nacional, heredera directa del TOP, y por la liquidación de un Poder Judicial al servicio de violadores, corruptos y ricos, debemos pelear por juicios por jurado popular y la elección directa de los jueces por sufragio universal.
Así como la disolución de las diferentes fuerzas policiales, al servicio no de la defensa de los ciudadanos, sino de los intereses y el orden social que beneficia a una minoría de los capitalistas. Por el pase del control del orden público a organismos conformados y controlados por la clase trabajadora y los sectores populares.
Un programa que a la vez que denuncie sin paliativos al carácter de clase y reaccionario de la democracia del IBEX35, sirva para avanzar en la lucha por una verdadera democracia, aquella en el que el poder pase a manos de las amplias mayorías sociales y no una minoría y la casta estatal -política, policial, judicial, mediática- a su servicio. Una democracia en la que el gobierno como gerente de los intereses comunes de los grandes capitalistas, como denunciaba Marx en el Manifiesto Comunista, de paso a un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. | 
