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A casi dos meses del asesinato de nuestro compañero Jonathan Quispe, vemos cómo el Gobierno nuevamente busca sellar un hecho represivo con impunidad, sin dar cuenta de todos los responsables tanto políticos como materiales de este nuevo crimen contra sectores populares movilizados. Y pese a este hecho que ha indignado a las bases universitarias y a algunos sectores sociales que se solidarizaron con esta lucha, tampoco ha sido resuelta la demanda presupuestaria requerida por el sector, apostando el Gobierno y toda su red de complicidad enquistada en las organizaciones sindicales y estudiantiles, al desgaste y aislamiento de la UPEA.
Desde la Corriente Estudiantil Revolucionaria Octubre (LORCI e independientes), quienes integramos junto a universitarios y universitarias independientes, comités de carrera y más organizaciones estudiantiles, el Comité de Movilización de bases de la UMSA, hemos venido dando nuestro apoyo militante a la lucha de la UPEA por justicia para el compañero Jonathan y por mayor presupuesto para educación. Reiteramos este apoyo activo a las bases que han luchado arduamente durante más de un mes, día a día, afrontando el peso de los golpes, gasificaciones y arrestos del aparato represivo del Estado.
En esta nueva etapa del conflicto, que encuentra al estudiantado pasando clases en las calles para concluir el semestre académico pero sin haberse cerrado aún la lucha universitaria que se prevé se reactivará ya que el gobierno no ha dado una solución real a sus demanda, consideramos importante extraer algunas primeras reflexiones sobre la experiencia vivida por el movimiento estudiantil alteño, que ha tomado en sus manos una doble lucha: frente al gobierno pero también frente a las camarillas universitarias.
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No estamos todos, nos falta Jonathan ¡Aún peleamos por justicia!
El asesinato de nuestro compañero no ha sido esclarecido, pese a que el Gobierno pretenda tapar el sol con un dedo mostrando a un único responsable material, el subteniente Cristian Casanova, a quién sacaron a la luz solamente por la presión que ejerció una fortalecida movilización por este crimen y las difamaciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, contra los propios estudiantes, camino con el que buscaron contener la emergencia de un gran fenómeno democrático.
Jonathan no fue asesinado solo por un “error” de la policía, así como tampoco las muertes de campesinos no alineados al MAS y las múltiples represiones contra trabajadores, trabajadoras y los pueblos indígenas, son hechos aislados. Reiteramos que no podemos depositar un mínimo de confianza en este Gobierno ni en el conjunto de las instituciones del Estado como su justicia, y que solamente una Comisión de Investigación Independiente puede dar con todos los responsables.
Desde la Corriente Estudiantil Octubre hemos planteado que para esclarecer hasta el final los hechos sucedidos y exigir juicio y castigo a todos los culpables, debíamos imponer esta Comisión reconocida como plenipotenciaria, para que familiares de Jonathan, peritos particulares y especialistas, veedores de Derechos Humanos nacionales e internacionales, estudiantes de la UPEA, entre otros, sean investidos de plenos poderes y facultades para investigar desde el Presidente hasta el último policía que participó en la represión. Solamente así podremos velar por una verdadera justicia ¡La investigación de la propia policía y fiscalía no representan ninguna garantía!
La pérdida de nuestro compañero nos dotó de fuerza y enseñó una vez más que frente a la policía no podemos dar tregua y permitir que su crimen quede impune. Su ausencia potencia nuestra rabia y también nos conduce a la necesidad imperante de luchar por una verdadera solución al problema por el que atraviesa la educación pública en su conjunto.
Mayor presupuesto para educación y no para las camarrillas
Las y los estudiantes de la UPEA, vienen culminando su gestión año tras año, con subvenciones extraordinarias que consiguen solo movilizados y movilizadas. La modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria se ha venido postergando en la agenda de lucha en pasadas gestiones, porque se parchaban las necesidades inmediatas de esta casa de estudios de manera momentánea. Con la muerte de Jonathan, los y las estudiantes entendieron que el sacrificio de su compañero no puede ser en vano y no pueden permitirse un paso atrás, un año más.
El gobierno, que al inicio quiso desprestigiar la movilización, no ha podido hacerlo: la vieja derecha oportunista no ha podido capitalizar nada de este conflicto y han coreado juntos, opositores y oficialistas, desde el parlamento contra el incremento de presupuesto necesario para la educación pública. A ninguno de estos dos bandos le conviene hablar de la repartición del Presupuesto General del Estado, del cual un porcentaje importante va destinado al aparato represivo policial y militar, a la administración de la burocracia estatal y ningún político de turno se ha atrevido a decir que la Ley 767 entregó como “incentivo para la exploración” el 12% de los Recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) a las transnacionales, recortando el presupuesto de las Universidades y Entidades Territoriales Autónomas.
El país no carece de recursos económicos; estos son manejados por el Gobierno a favor de la clase dominante, a su conveniente distribución, y con importantes beneficios para los empresarios blindados de dinero y poder político, tanto desde el MAS como dentro de los partidos de oposición. Sabemos que el presupuesto para la UPEA así como para todas las universidades del país, puede y debe salir de estas arcas: por más educación y cero represión, por recursos para salud y educación y no para las empresas transnacionales.
El Gobierno ha argumentado, para negar este presupuesto, que hay en el interior de la UPEA grupos que no transparentan el manejo económico. Lo que el Gobierno omite en ese discurso, es que durante años estos grupos han sido controlados por el propio MAS, y esto ocurre en El Alto así como en todas las universidades públicas del país. Los y las estudiantes sabemos que estos grupos existen y la lucha de la UPEA ha cuestionado, además, internamente este importante problema. Las bases fueron quienes presionaron para radicalizar, en Asambleas Generales y de Carrera, las medidas de presión así como determinaron día a día sus movilizaciones y acciones para pelear por sus necesidades básicas. Las camarillas docente-estudiantiles fueron puestas contra la pared, sin embargo este cuestionamiento debe ser profundizado y llevado hasta el final porque ellas mismas encarnan la política tanto del MAS como los demás partidos demás partidos representantes de la burguesía al interior de nuestras universidades.
La lucha de la UPEA ha puesto en el tapete la necesidad de recuperar nuestras instancias de cogobierno, de preservar y profundizar la Autonomía Universitaria, de exigir mayor presupuesto y todo eso para lograr calidad académica y una universidad al servicio de las y los trabajadores y el pueblo, y no así al servicio de los intereses de burocracias privilegiadas. Este conflicto trajo consigo un primer paso para esto, para recuperar además la Asamblea como máxima autoridad y retomar en otras universidades la lucha por una democracia basada en la igualdad entre estudiantes, trabajadores administrativos y docentes, terminando con el voto “calificado” que existe actualmente en el resto de las casas de estudio del sistema.
Defendemos estas conquistas para las bases y rechazamos, por tanto, las amenazas de intervención y supuesta “refundación” del Gobierno a esta universidad, ya sea de la mano del Ministerio de Educación, de la CONALCAM o de las propias camarillas del MAS manteniendo el control de la UPEA desde adentro. Es necesario impulsar una lucha nacional por el voto universal igualitario en todo el sistema universitario, acompañado por la recuperación de nuestras máximas instancias de decisión así como la discusión del control de las bases estudiantiles, docentes y administrativas de nuestro presupuesto manejado por la DAF (Dirección Administrativa Financiera). Todas las universidades necesitamos mayor presupuesto, pero para ponerlo al servicio de las necesidades estudiantiles y no de las camarrillas.
El gobierno y las camarillas del sistema universitario apostaron al desgaste y asilamiento
No fueron y son solo las camarillas de la propia UPEA, vestidas de azul, blanco y negro por años, contra quienes pelearon las bases estudiantiles alteñas; se enfrentaron además al aislamiento que puso sobre ellas el sistema universitario en su conjunto, con autoridades y dirigentes que se limitaron a sacar tibios repudios por la muerte de Jonathan, pero que en los hechos hicieron oídos sordos y sabotearon con sus declaraciones posteriores, la lucha por justicia y presupuesto. Recordemos además que la UPEA sufre de una repudiable discriminación y relegamiento de estas instancias, solo por no renunciar a conquistas como el voto igualitario.
Desde Max Mendoza, eterno estudiante que es ficha política del MAS en las universidades, hasta la CUB y CEUB de conjunto, se han estrellado contra la UPEA, siendo cómplices del gobierno y su política represiva y anti popular, que relega la salud y educación a último plano. Así mismo la UMSA de manera institucional, con el rector Waldo Albarracín, que en un primer momento se solidarizó por la muerte de Jonathan Quispe, sostuvo en posteriores declaraciones que está en contra de la modificación de la Ley 195. Peor aún, Jaime Grajeda, dirigente recientemente sustituido de la FUL-UMSA, se ha plantado en una huelga por peleas inter burocráticas, bajo argumentos que chocan de manera frontal contra la movilización y buscan desprestigiarla. Por su lado, grupos como el MST y la JS presentes en la Carrera de Comunicación Social, han entrado en este juego pese a haberse sumado a la lucha a través del Comité de Movilización de Bases de la UMSA, solicitando “aclaraciones” a la UPEA respecto a que su demanda no restará presupuesto a la UMSA, cuando ya en reiteradas ocasiones esto había quedado claro y solo las camarillas empleaban este argumento para dividir al movimiento estudiantil; ello expresó nada más que su adaptación a la política del rector Waldo Albarracín, a quien además no han planteado una sola crítica pública por su rol desmovilizador en esta lucha estudiantil.
Desde OCTUBRE creemos que es momento de sacar las primeras lecciones de este conflicto que aún no ha terminado y augura mayor lucha por una ausencia de solución. La necesidad de sostener una política independiente del Gobierno, de la oposición patronal así como de las camarillas universitarias, es fundamental para que las y los estudiantes, los docentes y los administrativos comprometidos con una universidad de calidad y al servicio de las grandes mayorías nacionales (trabajadores, campesinos, indígenas) podamos pelear con las manos libres para transformar de raíz la universidad liberal heredada de los últimos 30 años y maquillada por el actual Gobierno.
No vamos a resignarnos a dejar de pelear por verdadera justicia para Jonathan, por más presupuesto para la UPEA pero además, por una mejor y mayor educación pública en general, avanzar en la defensa de las conquistas de la UPEA para las bases, por la ampliación de la lucha por el voto igualitario al resto de las universidades, la defensa de la Autonomía Universitaria y de nuestras instancias de cogobierno y democracia estudiantil, por sacar a las fuerzas represivas de la Universidad, por la unidad del movimiento universitario a nivel nacional así como su alianza con sectores populares que rompan la cooptación del MAS y su control burocrático. Creemos que la lucha de la UPEA es un primer paso para avanzar y organizarnos por todo ello.
Corriente Estudiantil Revolucionaria OCTUBRE*
* Integrada por militantes de la Liga Obrera Revolucionaria LOR-CI y estudiantes independientes |
